En un claro conflicto de intereses, bomberos de Tijuana, incluyendo jefes de secciones de esa corporación e incluso el propio director, José Luis Jiménez, se auto promueven para otorgar los servicios de consultores y capacitadores privados en las empresas a las que verifican por el cumplimiento de la normatividad, como funcionarios públicos. ”Se convierten en juez y parte, generando un conflicto de intereses, y el conflicto de intereses es corrupción”, reclaman los denunciantes
“Aprovechaban su calidad de bombero, su uniforme para ofrecer sus servicios al cliente -como agentes privados- y decir que, por ser ellos -la autoridad-, pueden garantizar la aprobación de los programas internos de protección civil con mayor facilidad”, señaló Antonio Rosquillas, director de Protección Civil de Baja California.
Un grupo de bomberos que se pronunció en contra de lo que consideraron “una práctica desleal de lo que debe ser el espíritu de servicio del H. Cuerpo de Bomberos”, acusó que los mandos de esa institución emplean en sus empresas de consultoría y capacitación privadas a sus compañeros, a quienes envían a realizar el adiestramiento particulares incluso cuando éstos se encuentran en turno de trabajo.
Foto: Tomada de Internet Página de Facebook
Peor aún, el negocio de consultoría MJ Formación de Brigadas, relacionado con el director de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez, realiza la práctica de las capacitaciones que cobra como empresa privada, en las instalaciones y con equipo de la Dirección de Bomberos, lo que pudo corroborarse en la promoción que hace esta empresa en redes sociales.
Por ello, el 8 de marzo de 2019, se incluyó en la reforma al Reglamento de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California el Artículo 89, para que todo el personal que tengan que ver con procedimientos de emergencia para temas de protección civil, no puedan ser agentes consultores en esa materia, expuso Rosquillas.
La reforma y su guía se publicaron el 14 de junio, otorgando un plazo de 90 días para entrar en vigor, por lo que será aplicable a mediados de septiembre.
Ante ello, el 18 de julio una veintena de bomberos promovió el amparo 525/2019-III ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, para no verse afectado por cualquier acto de autoridad derivado de la reforma al Reglamento de Protección Civil.
Respecto al tema, la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde, reportó que en la Dirección de Investigación y Determinación, área “encargada de iniciar las quejas/investigaciones”, no hay ninguna investigación abierta referente a Bomberos.
JUEZ Y PARTE
Bomberos de carrera, quienes solicitaron a ZETA omitir sus nombres por temor a represalias, acusaron que desde hace 14 años se incurre en la práctica desleal de vender capacitación a particulares, promoción que realizan bomberos en activo cuando acuden a realizar las inspecciones a las empresas.
Foto: Tomada de Internet Página de Facebook.- Adiestramiento particular en instalaciones de Bomberos.
A la par de la reforma antes mencionada, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California prohíbe esa práctica, pero como ninguna autoridad ha actuado al respecto, con los años y el paso de los cinco últimos directores del H. Cuerpo de Bomberos de Tijuana, tal irregularidad se fue afianzando.
VENDEN EL SERVICIO Y GARANTIZAN APROBACIÓN
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL DESDE 2004
El adiestramiento como particulares promovido por personal de Bomberos en activo inició con José Manuel Machain Cázarez, cuando en 2004, durante el gobierno de Jorge Hank Rhon, ocupó por un año la Dirección de Bomberos, “tiempo suficiente para que empezara a descomponer todo el sistema”, acusan.
La irregular actividad continuó promoviéndose por los directores que le antecedieron: Rafael Carrillo, Carlos Martínez, Carlos Gopar Uribe y José Luis Jiménez, actual titular de la institución, “todos han sido capacitadores privados, aun siendo directores en función”.
Actualmente algunos de ellos se han deslindado del padrón, poniendo el negocio a nombre de terceras personas, pero trabajan directamente con los bomberos que se han certificado como capacitadores, en cursos promovidos por la Dirección de Bomberos y que le da un plus a su currículo que luego promueven con sus clientes. “aunque algunos pagan con su recurso el entrenamiento, la mayoría se capacita a costa del erario”, subrayaron.
Incluso, “si alguien va a Bomberos a realizar un trámite prácticamente le dicen con quién lo tiene que hacer, va de la mano con el Plan Interno de Protección Civil, ellos venden lo que necesita cada empresa para conformar su propio plan y cumplir con la normatividad”.
Y afirman, “el Plan Interno ya se volvió un gran negocio, se enfoca hoy en día a la industria, las escuelas -particulares- y el comercio, cuando también se tendría que aplicar en las zonas habitacionales, pero donde está el dinero es en esos sectores y ahí se enfocan a promoverlo”.
Elaborar un Plan Interno conlleva una serie de requisitos como capacitación, equipamiento y análisis estructural del establecimiento; su costo depende de la dimensión de cada empresa y número de personal con que cuenta; la tarifa mínima es de 35 mil pesos.
Bomberos amparados
Néstor Nicolás Alarcón Morales
Rafael Carrillo Venegas
José Cruz Covarrubias
Carlos Ismael Navarro Camacho
Luis Alfredo Castillo Osuna
David Cerón López
José Enrique Pérez Valdez
Jorge Luis Villegas Guerra
Clemente René García González
Hugo Enrique Pérez Ibarra
Pedro Perfecto Lugo
Adrián René Ríos Solís
Jorge Espejel Camacho
Sergio Armando Pérez Ibarra
Felipe Alfredo Ríos Solís
Jorge Alberto Perfecto Lugo
Bernardo Villegas Ramírez
Adolfo Alejandro Ibaceta Maureira
Francisco Abel Ojeda Estrada
Víctor Noé Cruz Covarrubias
Si la empresa no lo tiene no es multada, se le da prórroga y se les ofrece la capacitación, “se convierten en juez y parte, generando un conflicto de intereses, y el conflicto de intereses es corrupción”, manifestaron.
BUSCAN EVITAR CONFLICTO DE INTERESES
Consultores privados se quejaron ante la Dirección de Protección Civil del Estado de Baja California, al argumentar que “bomberos en activo les habían quitaban a sus clientes, se presentaban en las empresas uniformados y decían ser inspectores de Bomberos y al solicitar el programa interno de Protección Civil y no tenerlo -la empresa-, entonces les decían que lo podían conseguir a través de ellos”, compartió a ZETA Antonio Rosquillas.
Con esa finalidad, continuó el director estatal de Protección Civil, se estableció el Artículo 89 en el Reglamento de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California, para extenderlo y prohibir a todo el personal del servicio público participar “en la revisión, aprobación y/o supervisión de las medidas de seguridad y procedimientos de emergencia o planes de contingencia de cualquier tipo de establecimiento público o privado”, no pueda obtener su registro como agente consultor y capacitador en esta materia.
La prohibición se extendió a “quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendiente, descendiente y colateral, así como por afinidad en relación a las personas señaladas en los incisos anteriores. Los que tengan como socios, copropietarios y/o accionistas a las personas en cualquiera de los incisos anteriores”.
Rosquillas remató: “Se sabe que ciertos directores o jefes tienen sus empresas con mucho personal y han hecho un buen negocio”.
Incumplen Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos
En su Artículo 46, inciso X, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California establece que los funcionarios o empleados de gobierno deben “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por Ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Mientras que el Artículo 47 subraya: “Los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones siguientes: I.- Hacer uso de sus atribuciones para efecto de lucrar”.
COMPETENCIA DESLEAL
Consultores particulares entrevistados por ZETA manifestaron su desaprobación de la actividad que como capacitadores promueven bomberos en activo, al representarles una competencia desleal.
Algunos, principalmente aquellos que han conformado asociaciones civiles para promoverse como consultores capacitadores, reconocieron la práctica irregular que se promueve en esa institución, pero se mostraron renuentes a hablar sobre el tema por temor a que les retiren el apoyo que como organismos reciben del gobierno.
Sin embargo, otros consultores, pidiendo no publicar sus nombres, acusaron abiertamente que “esa competencia desleal en materia de Protección Civil se presenta desde hace muchos años y, como no se arregla nada, los afectados seguimos con nuestras actividades tratando de no inmiscuirnos con las personas que trabajan para el gobierno y ofrecen sus servicios como prestadores particulares”.
“Las empresas por el temor o facilidades que le puedan otorgar, terminan contratándolos”, expuso un consultor con 30 años de experiencia.
Independientemente de que la reforma al Reglamento de Protección Civil que prohíbe esa práctica es reciente, “quien conoce de legislación sabe que un servidor público o empleado de gobierno no debe ejercer la función en el servicio privado, genera un conflicto de intereses porque se convierte en juez y parte”. Como ejemplo citó la Ley de Servidores Públicos del Estado de Baja California, que de antemano ya lo impedía, pero ninguna autoridad ha aplicado.
DIRECTOR DE BOMBEROS NIEGA CONFLICTO DE INTERESES
“¿Quién mejor para capacitar a las brigadas de una empresa o de una escuela que las personas que están dentro de lo que son las emergencias y conocen las emergencias de la ciudad?”, fue la respuesta de José Luis Jiménez, titular de Bomberos Tijuana.
— ¿Esto no genera conflicto de intereses al momento de realizar las inspecciones en las empresas?, se le cuestionó.
“No, porque son personas que no están en el área administrativa, son del área operativa, no tienen nada que ver en la cuestión administrativa y a eso se dedican, a dar las capacitaciones. No lo hacen ni en horario laboral ni con recursos de Bomberos, son externos totalmente”.
Jiménez dijo no tener relación con la empresa MJ Formación de Brigadas desde que asumió el cargo de director en Bomberos y sostuvo que no se promueve desde el interior de esa institución como se le señala; no obstante que en la página de Facebook de esa firma, aparece su número de teléfono celular para brindar atención directa a los clientes.
Las imágenes del adiestramiento de MJ Formación de Brigadas otorgado a empresas, muestra que la capacitación se realiza en el Parque Temático de la Dirección de Bomberos de Tijuana, lo que para Jiménez no significa un mal uso de recursos públicos para beneficio de una empresa privada, sino que la facilitación de las instalaciones se hace a particulares, “qué mejor que el adiestramiento se haga en un lugar seguro”, considera.
Sobre el hecho de que Bomberos en activo se promuevan como capacitadores privados, indicó: “Los bomberos tienen dos días de descanso donde buscan hacerse de cierta manera… de obtener más recurso para tener mejor calidad de vida para ellos y sus familias; yo no le veo mayor problema”.
