Columna invitada
Los Organismos Autónomos son como una piedra angular del Estado Democrático de Derecho y juegan un papel de incidencia cada vez mayor, porque se constituyen como una respuesta a demandas sociales y a los nuevos desafíos y retos en materia de Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Justicia y Rendición de Cuentas.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, los más de 10 órganos constitucionales autónomos del país, enfrentan la disyuntiva de consolidarse como contrapeso al poder del Ejecutivo o doblegársele. De ocurrir lo primero, habría un fortalecimiento del Estado mexicano y, de ser lo segundo, cada vez más, AMLO, lograría controlar todo el estado.
Andrés Manuel López Obrador, que se autocalifica como un presidente que busca gobernar en beneficio del pueblo y le está dando especial énfasis a ambiciosos y costosos programas sociales, resulta que uno de estos Órganos Autónomos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que se ha ganado enorme prestigio en más de diez años, está siendo acogotado financieramente.
Es difícil entender la campaña de nuestro presidente contra los organismos autónomos, pareciera más una venganza política, no sé por qué, pero fueron estos organismos los que facilitaron, de alguna manera, la llegada a la Presidencia de López Obrador.
Los gobiernos anteriores cayeron en el descrédito, en buena medida por controversias de organismos como el CONEVAL y la CNDH. Estos organismos, han tenido un papel crítico para limitar a diferentes poderes, por cierto, el Instituto Nacional Electoral, INE, hizo posible que López Obrador ganara las elecciones del año pasado.
La sociedad mexicana ha ganado con la creación de estos órganos porque ahora dispone de datos acerca de la pobreza, de la inflación, de cuánto dinero circulante hay, de los derechos humanos, incluso, se ha ciudadanizado el conteo de los votos cuando hay elecciones. Es más que relevante que la autonomía de estas entidades prevalezca por encima de cualquier decisión política, pues son esenciales para la existencia del Estado, en cierto sentido, son similares a un poder público.
Cada órgano autónomo tiene su propio tratamiento presupuestal; algunos, como el Banco de México, no dependen de lo que le asigne la Secretaría de Hacienda, sino de los recursos autogenerados, mientras que otros, como el INE, destinan parte de su presupuesto a los partidos políticos para su financiamiento. Por todo ello, un recorte podría interpretarse como una acción política del ejecutivo en contra de la institución autónoma.
Quitarle presupuesto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el encargado de medir la eficacia de los programas sociales, significará, quitar a la sociedad la capacidad para medir los costos y beneficios de estos programas. El CONEVAL es un organismo chico, relativamente barato, y que ha hecho ya varios ajustes importantes a su presupuesto. Dichos recortes han afectado los ingresos no sólo de los altos funcionarios sino de trabajadores con sueldos de un poco más de 10 mil pesos mensuales. Ahora se le están exigiendo no utilizar el 49 % del presupuesto ya aprobado, para contratar estudios y evaluaciones, que son la razón principal del CONEVAL. En otro Órgano afectado, el INEGI, sus recortes han llevado a la cancelación de estudios muy importantes, como el censo agropecuario. Por otro lado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue simplemente desaparecido y sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio con integrantes yo creo morenos. El INE también fue castigado.
Por ningún motivo, se justifican los recortes a un organismo constitucionalmente autónomo como el CONEVAL que ha mostrado, a través de los años, la radiografía del desarrollo de la pobreza en el país y el fracaso de la política social en tiempos del neoliberalismo. Seguramente a López Obrador le molestará saber dentro de dos años, cuando el CONEVAL dé a conocer los resultados del desarrollo de la pobreza en el país, la eficacia y eficiencia de sus programas para mejorar el “bienestar” de los más pobres de México.
Bajo el pretexto de la austeridad republicana, pareciera que don Andrés Manuel, busca deshacerse de una institución que le resulta incomoda. La política de “bienestar” de la actual administración se lleva a cabo sin sustento científico, no evidente y explícito. La medición de la pobreza llegó de la mano para ponerle fin al autoritarismo. Ojalá su inminente desarticulación no sea presagio de tiempos azarosos para la transparencia y rendición de cuentas.
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Correo: andale941@gmail.com
