La reforma hecha al artículo 19 de la Constitución Política Mexicana (el pasado mes de abril) en la que se estableció que las personas detenidas por posesión de arma de fuego recibirían prisión preventiva, y con la que se esperaba disminuyeran los homicidios dolosos en Tijuana, no ha surtido efecto por parte de los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.
De abril a mediados de agosto, la Policía Municipal ha detenido a 317 personas en posesión de armas de fuego, de las cuales el 80 por ciento ha quedado en libertad, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.
“Hicimos un análisis: del total de detenidos que hemos presentado, que traen armas de uso exclusivo del ejército, armas de fuego e incluso exclusivas de las fuerzas armadas, el 80 por ciento están en libertad. Es decir, que la reforma al artículo 19 no sirvió de mucho”, indicó Sotomayor Amezcua.
Atribuye esta situación a los jueces de control, quienes en su mayoría tienen la opinión de que no se debería dar prisión preventiva oficiosa para quienes son detenidos por este delito.
En este punto coincidió el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Juan Manuel Hernández Niebla, quien expuso que -de los cuatro jueces que existen- solo Benito Edgardo Hernández Luna, coordinador de la sala, tiene la idea de que los detenidos deben recibir prisión preventiva; pero por su condición de coordinador casi no lleva audiencias.
Los otros tres jueces (Fausto Rolando González, Alejandro Baltazar Chávez y Magdalena Victoria Olivas) se han escudado en que la modificación al artículo no se ha subido al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que queda a juicio de estos jueces aplicar o no la prisión preventiva.
“Los jueces son totalmente garantistas y no les importa la inseguridad que vivimos aquí en la ciudad y en el estado; eso ha sido algo que ha prevalecido constantemente y que sigue sucediendo. Los jueces realmente no le están entrando a la obligación social que esto implica”, subrayó Hernández Niebla.
Agregó que es una cuestión que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tuvo que haber hechos desde tiempo atrás, por lo que la próxima semana Coparmex (a nivel nacional) va a emitir un pronunciamiento para que dicha reforma sea armonizada y publicada.
Por parte del director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, opinó que la problemática se tiene que trabajar primeramente con el gobierno de Estados Unidos para evitar que continúe el tráfico hacia México, en donde se ha contabilizado que hay un ingreso de más de 230 mil armas por año.
Mencionó que de igual manera se tendrán que comenzar a hacer más exámenes de control de confianza para quienes trabajen en la aduana y las carreteras, ya que el brindar prisión preventiva podría derivar en que se dé el acto de sembrar armas por parte de las autoridades en contra de ciudadanos, como se dio en años anteriores.
