El recurso disponible para gasto social y funcionamiento de comisiones de diputados y regidores de los cinco municipios, se encuentra en la mira del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y es que, según comentó Luis Irineo, secretario técnico del SEA, no existen “candados” que eviten que dichos representantes populares cometan abusos con el recurso asignado, por lo que pretenden obligarlos a llevar a cabo una entrega-recepción. Tras presentar el proyecto y emitir las recomendaciones vinculantes, Congreso, ayuntamientos y Estado tienen 15 días para responder y proceder con las exigencias
De concretarse, la próxima entrega-recepción del Poder Ejecutivo estatal, los ayuntamientos y el Congreso podrían tener otro elemento para hacer historia. No solo el cambio de gobierno de una etapa panista de 30 años, sino porque podría convertirse en la más transparente de todas.
El lunes 24 de junio, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) concretó y definió una serie de recomendaciones -de carácter obligatorio- que pretenden dar certeza a la próxima entrega-recepción del gobierno, cuyos objetivos van desde transmitir en vivo las reuniones, que la entrega sea realizada directamente por el gobernador, hasta que diputados y regidores entreguen cuentas de cada peso gastado a su predecesor.
Además de ello, se aprobó un exhorto para adecuar los reglamentos de los órganos de control en diversas dependencias, organismos ciudadanos, paramunicipales y paraestatales, lo cual fue respaldado en la sesión del SEA celebrada el viernes 28 de junio en las instalaciones de CETYS Universidad.
Con las medidas aprobadas que afectan la conclusión de los procesos legislativos y del Cabildo, la intención es clara: evitar que regidores y diputados se apoderen de cualquier objeto adquirido con dinero del erario, además de obligarlos a explicar en qué gastaron cada peso durante su gestión, y, en caso de no estar justificado, sancionar al respectivo servidor público.
El secretario técnico del CPC, Luis Irineo, aseveró que precisamente diputados y regidores son los sectores menos transparentes, aunque existen otros rubros poco definidos dentro de las administraciones estatales y municipales.
En un plazo de 15 días, todos los organismos mencionados deben responder a los señalamientos o de lo contrario podrían hacerse acreedores a las sanciones correspondientes. Mientras tanto, diputados, regidores y el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, afirman que no han sido notificados de alguna modificación.
Foto: Cristian Torres
GASTOS, TRABAJO LEGISLATIVO Y MÁS
A diferencia de las recomendaciones que emiten otros organismos ciudadanos, todo lo que respecta al SEA es de carácter obligatorio, lo que significa que sus recomendaciones deben ser consideradas y materializadas por las instituciones señaladas.
En el primer “manotazo” que da el CPC del SEA, el secretario técnico Luis Irineo dio a conocer los resultados de trabajos del comité, luego de varias semanas de análisis, poniendo especial énfasis en la labor de regidores y diputados, además de áreas como las de Comunicación Social y su gasto a discreción de los recursos públicos y los procesos de entrega-recepción.
Los documentos en poder de ZETA establecen una serie de modificaciones a cumplir para el próximo cambio de Legislatura, que los obliga a rendir cuentas a una Comisión de Enlace entrante, donde se debe presentar un Plan de Desarrollo Legislativo, a aprobar por el pleno del Congreso del Estado y a publicarse en el Diario Oficial.
Ahí debe plantearse la agenda legislativa básica, los resultados alcanzados por la misma, un informe detallado del titular de la Mesa Directiva que comprenda todas las iniciativas señaladas, cuantas aprobadas, rechazadas y las que se encuentran en proceso, además de justificar cada punto. Cada presidente de Comisión se encargará de aportar los detalles referidos.
Los diputados también tendrán que entregar una relación descriptiva de cada aparato, utensilio, ornamento, mueble, inmueble, licencias, computadoras, aparatos, laptops o cualquier bien adquirido con recurso público, ya sea destinado para su oficina o su módulo, o cualquier otro desempeño del cargo, así como la ubicación física que se encuentre, incluso los de apoyo social.
Todo esto debe entregarse en carpetas digitalizadas por el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, con su respectivo soporte documental, además de indicar el recurso presupuestado y el ejercido en las partidas de honorarios asimilables a salario, compensaciones, servicios de comunicación social y publicidad, gastos de representación y ayudas sociales.
También tendrán que entregar una relación de las aprobaciones de las Asociaciones Público Privadas, donde se involucre el financiamiento, el decreto de la aprobación, acompañado de las modificaciones que se hayan realizado, así como el análisis de la viabilidad financiera, la deuda que generará, las obligaciones de cumplimiento y la fuente o garantía de pago. Esto debe venir incluido con la opinión del auditor superior del Estado.
De igual manera, deben precisar cuántos viajes realizaron con cargo al erario y cuáles fueron los resultados de sus reuniones de trabajo.
Los referidos criterios deben aplicarse también para los regidores del Cabildo de Mexicali, ya que también adquieren responsabilidades y recursos de este tipo.
Foto: Cristian Torres.- Kiko Vega transición.
Además de ello, el CPC solicitó a los órganos internos de control, que reparen salvedades en sus reglamentos internos de entrega-recepción sobre todo en el Congreso del Estado y las paramunicipales de los ayuntamientos, toda vez que existen instituciones que no cuentan con criterios específicos.
Ejemplo de ello es que en el Poder Ejecutivo, la entrega-recepción se da por funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, pero esto no se precisa en los Ayuntamientos y el Congreso, donde se cuenta con directores de área que no encuadran en ningún criterio, pese a que tienen personal y recurso a su cargo, por lo que no llevan a cabo ningún ejercicio de transparencia a la hora de entregar el cargo.
También solicitaron que se lleve a cabo una entrega parcial del trabajo legislativo cuando el diputado se separe de su cargo de manera definitiva, lo que le impida concluir su periodo constitucional.
Para Luis Irineo, el sector con más defectos es precisamente el Poder Legislativo y los cabildos, donde existe una gran libertad para erogar recursos y sus justificaciones o criterios son mínimos, según su análisis.
Por su parte, el auditor Carlos Padilla Villavicencio, comentó que un recurso para gasto discrecional no es el término correcto para precisar las erogaciones realizadas por diputados y regidores, pero afirmó que hay ciertos lineamientos que podrían ajustarse para mejorar y transparentar los gastos de los mismos.
Algunas instituciones tienen urgencia de definir órganos internos de control –a través de creación de departamentos o de sistemas establecidos-, los cuales ayudarían a mejorar el manejo de recursos en diversas áreas. Dicha entrevista se efectuó minutos después de que el auditor solicitara aprobar diez cuentas públicas revisadas, de las 109 que pretende entregar, entre estas la del Poder Legislativo correspondiente a 2017.
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS NO HAN SIDO NOTIFICADOS
La inesperada propuesta emitida por el CPC es desconocida por regidores, diputados y el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, quienes indicaron que no han sido notificados de dicha recomendación, pero estarán al pendiente.
Al respecto, el diputado Andrés de la Rosa Anaya –uno de los más activos en torno a la estructura jurídica que respalda al SEA- comentó que no tiene la mínima información del tema, pero señaló que por los tiempos en el Congreso y que la Legislatura culmina en menos de un mes, difícilmente podría llevarse a cabo una modificación de tal magnitud.
Cuestionado sobre la entrega de recursos y gastos, afirmó que todos los gastos son declarados ante los órganos internos del propio Poder Legislativo. Lo relacionado a la transparencia es bienvenido, pero -aclaró- tendrían que analizar a detalle la propuesta para emitir una opinión a fondo.
Por su parte, la regidora Alejandra Ang, de Movimiento Regeneración Nacional, desconoció el tema, pero afirmó que el Ayuntamiento de Mexicali definió un manual de entrega-recepción donde establece una serie de medidas a tomar y procesos internos para hacer el cambio más ágil y transparente.
En entrevista, la edil se declaró despreocupada porque todos sus compañeros cuentan con información de sus actividades divididas por trimestre, las cuales están disponibles para su consulta en la página de internet del gobierno municipal.
Referente a los pendientes de la administración, aseveró que hay muchos, como la creación del Instituto de la Mujer, el Consejo de Atención a Personas con Discapacidad, la obra pública, entre otros temas que deben ser parte de los documentos que se entreguen a la próxima administración morenista.
EJECUTIVO Y PRESIDENTES MUNICIPALES TAMBIÉN DEBEN AJUSTARSE
El martes 2 de julio, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, comentó que el proceso de entrega recepción durará 60 días y comenzará en el mes de agosto, donde habrá testigos sociales y ciudadanos serán invitados a ver y participar en las reuniones.
Agregó que todas las obras que inicien en próximos días están financieramente solventadas, ya sea porque dicha están cubiertas o se dejó dinero en las arcas para que la siguiente administración finiquite.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si transmitiría en vivo las reuniones para consulta abierta a la ciudadanía, afirmó que lo analizaría. Esta es una medida que ordena tácitamente el SEA para la próxima entrega-recepción.
Entre las novedades que se contemplan aparece el habilitar un sitio digital destinado exclusivamente para el proceso de entrega-recepción, donde debe identificarse a la comisión enlace, las actas y minutas celebradas, los costos sufragados y las actas de entrega-recepción detalladas con respectivos puntos e intervenciones.
Transmitir en vivo las sesiones y guardar los videos para consulta en un portal de internet, además de permitir el ingreso de ciudadanos en la medida de las posibilidades que otorgue el recinto, son otros lineamientos establecidos que partirán de los de máxima publicidad, salvo por las restricciones establecidas en la Ley de Transparencia, como el resguardo de datos personales y de seguridad estatal, que serían de los pocos argumentos a utilizar para restringir cierta información.
Fuera de ello, todo lo concerniente a obras pendientes, ejecutadas y por ejecutar, además de los estados financieros detallados y deudas, las cuales deben ser establecidas claramente y ser de acceso público. Las Asociaciones Público Privadas se incluyen en ese apartado.
De igual manera, el SEA exige que la oficina del titular del Poder Ejecutivo se encargue de llevar a cabo la entrega-recepción y que áreas como Comunicación Social definan claramente cómo gastan el recurso, lo justifiquen y presenten resultados sobre los objetivos alcanzados con determinada campaña.
En un lapso de 15 días hábiles, ayuntamientos, Congreso y Poder Ejecutivo, deben responder a la exigencia del CPC, de lo contrario se harían acreedores a sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades.
