De confirmarse o de publicarse la reforma que aprobaron en el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años, sigue siendo inconstitucional, observó el doctor en Derecho y ex Ministro de la Corte, Diego Valadés Ríos, quien espera que “prevalezca la sensatez y que ni esta ni la siguiente (Legislatura) incurran en ese error constitucional porque de todas maneras si se discute el tema y se lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución evidente será en el sentido contrario”
“Se trata de un acto de un órgano legislativo y desde mi punto de vista infringe lo que determina la Constitución en el Artículo 41, a la Constitución de la República, me refiero, porque en el Artículo 41 señala que las elecciones serán auténticas, libres y periódicas, pero lo importante para este caso es que sean auténticas. ¿Qué quiere decir auténticas? Que sean ciertas y verdaderas, de manera que si el elector fue y votó en el sentido de que el periodo para el cual elegía al gobernador era de N años -dos en este caso-, el legislador no puede modificar el sentido de la elección que ya pasó porque infringiría el principio de autenticidad electoral que establece el Artículo 41 de la Federación, de manera que desde mi punto de vista, si se llegara a confirmar o que se publicara la reforma constitucional, sería inconstitucional”.
Son las reflexiones de inicio del doctor en Derecho, Diego Valadés Ríos, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien también fungió como procurador general de la República y director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
Informado de la aprobación de la reforma en tres de cinco municipios de Baja California, Valadés Ríos asegura: “En este momento no hay ningún acto jurídico impugnable”, y como no ha entrado en vigor la Ley, mientras no sea publicada, no será un acto jurídico.
En entrevista con ZETA, reiteró que “el caso es claramente inconstitucional” y llegará a la SCJN, donde se abordará con “criterios muy objetivos de valoración de la Constitución”.
— De acuerdo a los tiempos, el tema lo trata nuevamente el Congreso el día 18 para validarlo y enviarlo al Ejecutivo para su publicación, y el Ejecutivo tiene quince días a partir de que el Congreso se lo envié para publicarlo; caso contrario, el Legislativo bajacaliforniano admite una resolución y lo publican ellos. Si en este periodo toma posesión Jaime Bonilla ¿se puede revertir?
“Sí, no pasa nada, si es inconstitucional, es inconstitucional”.
— No importa que haya tomado posesión…
“Así es, pero espero que prevalezca la sensatez. Lo que veo es que fue un acto de una Legislatura en la que Morena ni siquiera tiene participación mayoritaria”.
Jaime Bonilla.
— Tiene tres diputados de 25.
“Entonces pues no le es imputable a Morena como acto político, ya como acto jurídico se le imputará al Congreso, si el Congreso lo promulga, pero como acto político, me parece que es un acto político imputable a otros partidos y no sé si alguno de los gobernadores, el electo o el constitucional tengan participación, pero tampoco podría afirmarse”.
— El partido que tiene mayoría con 13 votos en el Congreso, es Acción Nacional, al cual pertenece el gobernador; de esos 13 diputados, nueve votaron a favor de la ampliación del periodo.
“Para ellos podría haber incluso responsabilidad política. Todas las acciones que proceden son de carácter constitucional en cuanto a acción de inconstitucionalidad o de responsabilidad política conforme al juicio político”.
— Pero el juicio político nunca resulta, hasta ahora no ha habido sancionados por juicios políticos…
“Hasta ahora prácticamente ha sido letra muerta, lo cual afecta la percepción que se tiene de la Constitución porque desde la reforma que se hizo en esta materia en 1982 y entró en vigor de 1983 a la fecha, parece que vivimos en un país angélico, nadie ha sido sujeto al juicio político”.
“El caso (de Baja California) ha llamado mucho la atención, yo espero que prevalezca la sensatez, el sentido común y que se advierta que todo lo que se podrá generar con esto, no pasará de un debate local y también nacional muy desgastante para todos, sobre todo para los partidos políticos que van a quedar exhibidos; finalmente la resolución será la de declarar inconstitucional semejante reforma”.
— Cuando dice que espera que impere la sensatez, ¿se refiere a la Suprema Corte, que es donde finamente el tema se va a resolver?
“Yo espero que los propios actores políticos recapaciten”.
— ¿Qué tendrían que hacer si deciden recapacitar, legislar para refutar lo que acaban de aprobar?
“Simplemente no publicarla sería suficiente”.
— Midiendo los tiempos, cuando se llegue el tiempo de la publicación por parte del Congreso, correspondería a la nueva Legislatura que toma posesión el 1 de agosto y Movimiento Regeneración Nacional tiene 17 votos, que en BC son la mayoría absoluta.
“Sí, podrían publicarla en esta Legislatura o la siguiente, por eso espero que prevalezca la sensatez y que ni esta ni la siguiente incurran en ese error constitucional, porque de todas maneras si se discute el tema y se lleva a la Suprema Corte de Justicia la resolución, evidente será en el sentido contrario, faltaría ver que hubiera una impugnación por parte de una persona con legitimación para recurrir a la Corte, porque no cualquiera puede presentar una acción de inconstitucionalidad”.
Explica el doctor Valadés: “Sí se le da un carácter electoral a la reforma, por lo que los partidos políticos están legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad, y en cambio por ser materia electoral, no lo están las comisiones de Derechos Humanos”.
— ¿Y los ciudadanos?
“No, los ciudadanos tampoco estamos legitimados, es una lucha que hemos dado muchos constitucionalistas desde hace tiempo, en el sentido de que los ciudadanos estemos legitimados para ejercer acciones de inconstitucionalidad, pero tampoco lo estamos. El gobernador actual podría presentar una controversia constitucional en contra de lo actuado por el Congreso del Estado, o sea, cuando el gobernador dice que no va a publicar, simplemente transfiere al Congreso local la posibilidad de que el Congreso publique o no publique, pero desde el punto de vista jurídico, el gobernador sí podría promover no una acción, sino una controversia constitucional, aduciendo que los actos llevados a cabo por el Congreso local y por los ayuntamientos son inconstitucionales”.
— Pero tiene que publicarla primero…
“Sí, claro, tiene que haber un acto impugnable, el gobernador no la publicaría,
Equipo jurídico del gobernador evaluará presentar controversia
Francisco Rueda Gómez, secretario general del Gobierno del Estado, explicó que la postura de Francisco Vega de Lamadrid de no publicar la reforma una vez que sea validada por el Congreso y se la hagan llegar para su publicación, se mantiene firme y obedece a no legitimar una acción que consideran inconstitucional.
Sin embargo, los partidos políticos no podrán presentar los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto la Ley no cause estado, lo cual sucede cuando esta es publicada en el Periódico Oficial del Estado y entra en vigor. Aun así, Rueda insiste en que no la publicarán.
Cuando se le refiere la capacidad del Gobierno del Estado para presentar una controversia constitucional, tampoco dice si es una acción que hará, pero afirma, será valorado por el Departamento Jurídico del Gobierno del Estado para determinar si actúan en ese sentido.
En la opinión de Rueda, los ayuntamientos que ya han sido notificados por el Congreso sobre la reforma y que han votado aprobarla o no, han sido Rosarito, Tecate y Ensenada a favor; y en contra, Mexicali y Tijuana. Ya podrían presentar una controversia constitucional porque no fueron ni notificados ni consultados para la reforma constitucional.
Por último, el secretario de Gobierno insistió que no publicarán la Ley que les sea enviada por el Congreso del Estado, ya que planean validarla el 18 de julio y, a partir de esa fecha, tendrán de diez días para hacerla llegar al Ejecutivo y este a su vez gozará de quince días para publicarla.
sino que al no publicarla y publicándola el Congreso, el gobernador podría a partir de ese momento promover una controversia constitucional”.
— ¿Y si se está en el periodo de transición, si el gobernador actual presenta la controversia dos días antes de terminar su administración y cuando entre el nuevo mandatario, este la puede retirar?
“Sí, claro, puede decidirse. Es un asunto muy, muy complicado. Por eso vuelvo a mis palabras iniciales en cuanto a la esperanza que tengo que simplemente se advierta que se va a plantear un debate que debe ser prescindible, un debate innecesario en una democracia. La prórroga del mandato es una decisión que no cabe en ningún sistema democrático, independientemente de su constitucionalidad o no constitucionalidad y, en tanto que es así, que es una decisión política, creo que después de lo que se está viendo y de la reacción que se está produciendo de crítica, lo sensato será que alguien, quien quiera que sea, que tenga la autoridad suficiente para influir, exprese que es una mala decisión la que se tomó por parte del Congreso del Estado”.
— En una de sus expresiones, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decía que los bajacalifornianos incluso podrían exigir la desaparición del Congreso local por sus acciones…
“No está previsto, esa figura de la desaparición de un Congreso no está prevista; está prevista la desaparición de poderes, pero no como una declaración de un órgano, sino como un fenómeno o un proceso que se produce por la vía de los hechos y de la cual toma nota el Senado de la República, entonces procede a designar a quien deba sustituir al gobernador que a su vez convoca a las elecciones que proceden si es el caso, de manera que no, desde el punto de vista jurídico.
“Leí el texto del ingiero Cárdenas y desde el punto político tiene razón, pero desde el punto de vista jurídico no hay ningún fundamento. Es más complicado de lo que parece. A primera vista parecería una cosa muy sencilla desde el punto de vista jurídico”.
