Tras la aprobación en el Senado de
una aportación del 30% de los
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excedentes anuales a los municipios
con puerto, el coordinador general
de Puertos y Marina Mercante
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consideró la medida como “una forma
poco adecuada de establecer la relación
ciudad-puerto”; API de Ensenada
tampoco paga Impuesto Predial
Para el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, el dictamen aprobado el 4 de abril en el Senado de la República, que establece que las administraciones portuarias integrales deben entregar a los municipios donde se asientan el 30 por ciento de los excedentes anuales generados, es “una forma poco adecuada de establecer la relación ciudad-puerto”.
Aunque no existe una cifra precisa de la equivalencia del 30% de dichos excedentes, en el estado financiero 2016-2017 de la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada, disponible en el sitio de “datos abiertos” del gobierno mexicano, se da cuenta de ingresos propios netos por 211 millones 925 mil 557 pesos, con una utilidad neta de 3 millones 203 mil 124 pesos. El activo total al finalizar el año 2017 fue 545 millones 323 mil 575 pesos.
Por las carreteras y calles de Ensenada también transitan camiones con carga hacia el puerto, sin que la API aporte a la infraestructura, y bajo el argumento de que el recinto portuario no es propiedad privada, sino un bien de la Federación, se le exenta del pago de Impuesto Predial, aproximado a 20 millones de pesos.
Durante la pasada administración, teniendo al frente de la API a Héctor Bautista Mejía, un grupo de empresarios le planteó de manera informal la posibilidad de aportar al Municipio una cantidad por cada contenedor que arribara a Ensenada.
Según datos de la API, en 2018 se movilizaron 272 mil 587 Unidades Equivalentes a Veinte Pies (TEU, por sus siglas en inglés) en el puerto. De enero a mayo de 2019, el movimiento alcanzó 119 mil 66 TEU.
La idea de los empresarios era que el importe por contenedor se aplicara en infraestructura de la ciudad, como en el puerto de Long Beach, California, que destina a la ciudad 50 dólares por contenedor. Los empresarios también consideraron importante que una parte de lo recaudado por la Aduana se quede en la ciudad y puerto.
Sobre la posible aportación por contenedor, López Gutiérrez dijo a ZETA que es una cuestión que no depende tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sostuvo que gran parte de los ingresos obtenidos en las aduanas se han aplicado en la modernización y mejora de los procedimientos de revisión. Dio a conocer un borrador de convenio con la Secretaría de Hacienda, para que la actividad aduanal sea eficiente, evite congestionamientos a la salida de las aduanas.
30% PARA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
El Senado de la República aprobó un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos que reforma la Ley de Puertos, remitido a la Cámara de Diputados el 11 de abril, en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura, misma que aún no se dictamina.
Dicho dictamen, con carácter de decreto, señala que el incremento económico en las API no coincide con el incremento en las ciudades, además de generar un desgaste en la infraestructura, derivado de los camiones de carga pesada.
El 30% de los excedentes -precisa el dictamen- deberá destinarse al mantenimiento de infraestructura urbana, las vías de acceso y mejora de los servicios públicos municipales.
También se establece que lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como con actividades conexas, estará sujeto a la competencia de los poderes federales, sin perjuicio de las obligaciones fiscales estatales o municipales de las demarcaciones territoriales donde operen.
Otro de los puntos especifica que en el plan maestro de desarrollo portuario se debe reconocer la relación ciudad-puerto y obligar al gobierno de la entidad a constituir una comisión consultiva.
El dictamen contempla una multa de 10 mil a 50 mil pesos, diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), hasta la revocación de la concesión en caso de incumplimiento de obligaciones.
El viernes 28 de junio, el coordinador de Puertos y Marina Mercante ofreció una rueda de prensa en las instalaciones de la API Ensenada, donde se pronunció de acuerdo con el principio del dictamen, no así con la forma.
Agregó que debido al periodo de los gobiernos municipales, no necesariamente se puede garantizar que la aplicación de esos recursos mejore la relación ciudad-puerto.
Cuestionó por qué determinar un 30% de los excedentes y no un 20 o 10%, ante lo que insistió en calificar como “una forma poco adecuada de establecer la relación ciudad-puerto”.
Desde su óptica, esta iniciativa condenaría a los puertos que más necesitan el recurso y que tienen una API pobre y, salvo Veracruz, las ciudades no tienen buena relación con sus puertos.
Luz Alicia Iturbe, directora de la API Ensenada, explicó que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, hay tres tipos de contribuciones a los gobiernos: impuestos, productos y aprovechamientos; mientras que los derechos se rigen por la Ley Federal de Derechos.
El Impuesto Predial se paga sobre la propiedad privada, en tanto que el Recinto Portuario es un bien del dominio público de la Federación, por lo tanto, está exento del pago porque un bien del dominio público de la Federación es inalienable e imprescriptible y no puede estar sujeto a un gravamen municipal.
La Federación aporta al Municipio otro tipo de contribuciones, pero no Predial porque solo aplica para propiedad privada.
Iturbe recordó que en 2014 la API defendió este asunto y obtuvo la razón, por lo que ante el requerimiento hecho por el gobierno municipal, se reiterará la resolución, además, no toda el área de API es Recinto Portuario, hay zonas denominadas como Desarrollo Portuario que tienen escrituras, lo cual les da la característica de propiedad privada, donde sí aplica el cobro, como el caso del restaurante Carl’s Junior entre el Bulevar Costero y Calle de la Marina.
PRETENDEN ACTIVAR CABOTAJE
Mediante un programa denominado Carreteras Marinas, el Gobierno Federal pretende activar el cabotaje en el país, teniendo como punto fuerte la posibilidad de mover mayor volumen de mercancías a menor costo.
Héctor López Gutiérrez comentó que el puerto de Ensenada ocuparía una posición ventajosa para vincularlo con los mercados del centro del país.
Ejemplificó que grandes empresas como Femsa, Bimbo y las cerveceras, recorren 2 mil 500 kilómetros de Guadalajara a Tijuana, enfrentando deterioros, gasto de combustible, riesgo de accidente y robos, además de deterioro a la carretera.
En cambio, de Guadalajara al puerto de Manzanillo son 300 kilómetros; la carga se embarca rumbo a Ensenada y de ahí por carretera a Tijuana otros 100 kilómetros. “Al final se recorren 400 kilómetros por carretera contra 2 mil 500”, abundó el coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
De igual forma, el cabotaje permitiría una actividad extraordinaria de la industria naval asentada, por lo cual López deseó que los grandes transportistas entiendan que el cabotaje no es competencia para ellos, sino complemento que permita reducir costos y hacerlos más eficientes.
Héctor López Gutiérrez. Coordinador de Puertos y Marina Mercante.
Añadió que se analiza iniciar la ruta Manzanillo-Lázaro Cárdenas-Guaymas en el Océano Pacífico, con posibilidades de mover el servicio a países de Centroamérica; y en el Golfo de México las rutas de Altamira, Tampico y Veracruz para transportar carga a Puerto Progreso, donde la mayor parte llega por medio de autotransporte.
ANUNCIAN OBRAS PORTUARIAS
Luz Alicia Iturbe, de API Ensenada, anunció obras a realizar en el puerto, como la construcción del deflector, la segunda etapa de la escollera, muelle para pesca ribereña y comercial, la fase del malecón turístico, dragado, una represa de gaviones en la desembocadura del arroyo, entre otras.
En el deflector se invertirán 162 millones de pesos, mientras que en la escollera van 389 millones de pesos y, en una segunda etapa de aproximadamente 40 metros, se tendrá una inversión similar.
En El Sauzal se estarán terminando obras de mantenimiento con una inversión de 72 millones de pesos, de los cuales hasta el momento se han ejercido 54 millones. También se pretende construir un muelle más para la pesca ribereña, con 4 millones de pesos en inversión privada y, con la ampliación del rompeolas, se reubicarían las embarcaciones de pesca comercial del Muelle 240 a El Sauzal.
Por último, la titular de Api Ensenada afirmó que se pretende construir una segunda etapa del malecón turístico, donde ya se han invertido 85 millones de pesos; rehabilitar la vialidad interna del Recinto Portuario y una represa de gaviones en la desembocadura del Arroyo Ensenada para evitar que la basura llegue al puerto; para ello se han destinado 9.5 millones de pesos de inversión.
