Que los diputados en el Congreso de Baja California pongan por encima de las necesidades del Estado y sus ciudadanos, los intereses de sus partidos y los propios, ha sido un común denominador, particularmente cuando se trata de decisiones que corresponden a nombramientos de funcionarios importantes.
Los integrantes de la XXII Legislatura bajacaliforniana no han sido los únicos en abusar del poder en este sentido, pero ciertamente han sido los más desfachatados. De hecho, para intentar contrarrestar esas acciones abusivas que rayan en la corrupción tanto en el Estado como en la Federación se reformaron legislaciones y algunos de los formatos para selección de titulares de organismos.
Incluso, en algunos casos de funcionarios nuevos en el organigrama de la función pública, sumaron la figura de comités ciudadanos que participarían en el análisis de perfiles de los aspirantes a importantes puestos.
Aun así, los actuales diputados, en la designación de tres de los cuatro magistrados que tuvieron pendientes en su administración, emitieron resoluciones que fueron controvertidas legalmente por otros participantes y ante la opinión pública, porque a pesar de existir formatos para medir la capacidad de los concursantes, ellos dieron siempre su voto a los de menor puntuación. De hecho llegaron a permitir que se bajaran los estándares para hacer posible la inclusión de gente que reprobaba los exámenes, pero iban recomendados.
Luego, a punto de concluir su gestión, el 9 de mayo de 2019 designaron como magistrado Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, a Iván José Curiel Villaseñor. Acto seguido, los integrantes ciudadanos de la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California reclamaron que se eligiera al aspirante peor calificado por el comité, y el 16 de mayo, a través de una carta formal solicitaron su remoción o destitución “por falsedad de declaraciones, posible tráfico de influencias y conflicto de intereses”, ya que aseguran, mintió al no acreditar la residencia requerida y tener estrecha relación con dos diputados priistas, Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.
Así llegaron a la nacionalmente famosa sesión del 8 de julio de 2019, cuando en la negociación del voto para ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, se nombró a Carlos Montejo como auditor superior y se designó a Lucía Ariana Miranda, Jesús Alberto Sandoval, Denise Gómez y José Rodolfo Muñoz (suplente) como comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública (ITAIP), por cierto, nuevamente sin darle prioridad a aquellos que obtuvieron mejores calificaciones en las entrevistas.
De nuevo la participación del comité evaluador, de los grupos organizados y ciudadanos, que por Ley participan en la integración de lo que será el SEA fue ignorada y burlada por los legisladores, pero otra vez no se quedaron callados y advirtieron a los diputados que recurrirían a amparos. Primero, porque conscientemente decidieron ignorar el requerimiento legal de que cuatro ciudadanos participaran en las entrevistas y selección; y segundo, porque el designado auditor no es ni apartidista, ni independiente, tiene filias panistas, al igual que algunos de comisionados designados al ITAIP.
Total que pese a las reformas y requerimientos legales para transparentar y darle calidad a la selección de los funcionarios del SEA, los diputados de la XXII Legislatura de Baja California han decidido usar a los ciudadanos como “damas de compañía”, como ha acusado Francisco Fiorentini, uno de los consejeros.
Lo más grave es que estos funcionarios, al igual que los diputados, deberían “guardar y hacer guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen”, pero en complicidad, deciden violentar las legislaciones relacionadas con su selección, incluso antes de ganar, antes de ser designados, y en esas condiciones resulta imposible que garanticen certeza y legalidad en el funcionamiento del SEA.
Mientras en Juzgados se define hasta dónde pueden llegar los consejeros ciudadanos en su búsqueda por revertir los nombramientos a modo del Congreso, el futuro de la transparencia en Baja California no es halagüeño.
Además, en esta lucha cuesta arriba contra la corrupción legislativa del Congreso que está a punto de concluir, al comité ciudadano del SEA y a los bajacalifornianos aún les falta conocer cuál será la forma de trabajo de la XXIII Legislatura de mayoría morenista, quienes tomarán posesión el 1 de agosto.
A quienes tendrán la posibilidad de litigar la ilegalidad de los nombramientos antes mencionados, también les corresponderá destrabar la legislación de la Fiscalía General, bloqueada por un amparo obtenido por la legisladora por Movimiento Regeneración Nacional y ex panista Victoria Bentley, además de elegir al fiscal general, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a un magistrado.
Y no será difícil conocer sus posturas y cualidades, porque los trámites alrededor de la ampliación de la gubernatura de su candidato de dos a cinco años, serán su primera prueba. Cuestión de esperar seis días.
