Los vecinos de la calle Jesús Clark Flores, en la Octava sección del fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, piden a la Dirección de Administración Urbana (DAU) del actual Ayuntamiento clausure unos departamentos construidos irregularmente en un predio catalogado como de riesgo.
Fue en marzo de 2008 que los vecinos acudieron ante la DAU a cargo del ingeniero Miguel Ángel Zavala, del entonces XIX Ayuntamiento de Tijuana, para denunciar la construcción de unos departamentos en un terreno donde anteriormente se derrumbó una casa, por presuntamente encontrarse sobre una falla geológica.
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Desde entonces a la obra se le han puesto los sellos de clausura en más de una ocasión, fue cerrada oficialmente en abril de 2008 y quedó como obra negra por un par de años, hasta que en 2010 los vecinos pidieron se demoliera la construcción para que los dueños no pudieran concluirla, sin embargo ya no obtuvieron una respuesta por parte de las autoridades. La continuidad de la obra fue denunciada por los vecinos en los años 2012 y 2013.
La zona, de acuerdo al testimonio de los vecinos, es de uso exclusivo para viviendas unifamiliares, es decir, viviendas individuales. La construcción aparentemente también incurre en la irregularidad de pretender ser una vivienda multifamiliar debido a que son tres departamentos que a principios del presente año se les colocó una lona anunciando su disponibilidad para rentarse.
Simultáneamente, desde el 2013 los vecinos acudieron a la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos (actualmente Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH) organismo que se encuentra integrando el expediente de queja CEDHBC/TIJ/Q/458/13/3VG.
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Recientemente la CEDH solicitó un informe justificado a la DAU del actual Ayuntamiento, ahora bajo el mando de la arquitecta Magdalena García Tafoya, sin embargo, los detalles se reservan hasta que se concluya el expediente de queja para no afectar el debido proceso.
Lo que sí compartió la CEDH, es que en el presente año ya se cuenta con ocho expedientes de queja contra la DAU, por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, a la vivienda, a la propiedad o posesión y al derecho de petición.
Se cuenta como hechos violatorios acciones y omisiones que vulneran el derecho a una vivienda digna, segura, decorosa y con acceso a servicios e infraestructura vitales, prestar indebidamente el servicio público, dilación en el procedimiento administrativo y ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada.
Sin respuesta
Este Semanario solicitó el pasado 27 de mayo una entrevista a la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuyo titular es el ingeniero Everardo Lona López, después se pasó la solicitud a la arquitecta Magdalena García Tafoya quien se encuentra a cargo de la Dirección de Administración Urbana, pero hasta el momento no ha otorgado una fecha para brindar la información ni tampoco se ha encontrado disponible cuando se acudió en varias ocasiones a buscarla en su oficina.
