En México hay una frase popular para referirse a un año de gobierno plagado de corrupción. Cuando es evidente la voracidad de los funcionarios sobre los dineros públicos y los privados, a los que les meten mano a cambio de concesiones, contratos o licitaciones. Se le llama “El año de Hidalgo”, y va acompañado de la frase que ofende con la progenitora de por medio, “… al que deje algo”.
Pero los políticos mexicanos no tienen llene cuando se trata de corrupción, abuso del erario, provecho del gobierno. Muchos han hecho fortuna desde un cargo público, hay incluso nuevos ricos y millonarios en cualquiera de los tres niveles de gobierno en México, ex presidentes que ya no vuelven a trabajar, ex secretarios de Estado cuyos hijos y los hijos de sus hijos, podrían no trabajar y jamás pasarían penurias.
El ámbito local no es la excepción. Políticos que llegaron a funcionarios o gobernantes y rápido mostraron la bonanza económica construyéndose mansiones, manejando autos de lujo, viendo la hora en carísimos relojes, enjoyando a sus mujeres, viajando, abriendo negocios, sociedad con empresarios y, lo más inmediato, portando zapatos o ropa de diseñador de miles de dólares por prenda.
Por eso, en un momento dado, a los políticos mexicanos “El año de Hidalgo” ya no les fue suficiente. La corrupción no para y requirieron otro año. Así, popularmente, llegó “El año de Carranza… porque el de Hidalgo no alcanza”.
La popular frase la tomaron de otra frase no menos afortunada, del apellido de Venustiano Carranza, poco después de la consumación de la Revolución Mexicana y luego de su asesinato. Pese a haber sido un hombre honesto, el apellido del caudillo de la Revolución fue utilizado para rimar con transa: “El año de Carranza, el que no transa no avanza”.
En Baja California, en el Gobierno del Estado y en los ayuntamientos, estamos viviendo “El año de Carranza… porque el de Hidalgo no alcanza”. Tanto en el Congreso del Estado como en la administración que maneja Francisco Vega de Lamadrid en BC o Juan Manuel Gastélum en Tijuana, están aprovechando estos últimos meses de gestión (los próximos diputados toman posesión el 1 de septiembre, los alcaldes el 1 de octubre y el gobernador el 1 de noviembre), para sacar provecho de los presupuestos que aún manejan, concesionar lo que se pueda, aprobar obras inconclusas o refinanciar la tremenda deuda que mantiene al Estado en la bancarrota.
Primero Jaime Bonilla Valdez, incluso siendo candidato en la elección que ganó para convertirse en el próximo gobernador del Estado, lanzó la declaración: se dará para atrás en todas las licitaciones de Asociaciones Público Privadas que realizó el gobernador Francisco Vega para endeudar más al Estado con obras que, de haber tenido finanzas sanas, pudo haber iniciado. También dijo que cancelarían contratos que hubiesen sido firmados en detrimento del erario bajacaliforniano. Para atrás todo lo que con base a la corrupción, el moche o la comisión, haya sido aprobado.
Entre la determinación de Bonilla sobre la no necesidad de un refinanciamiento, y las pésimas condiciones de las finanzas del Estado, los bancos no acudieron a la licitación que fue aprobada por los diputados que responden a las exigencias de Francisco Vega para el refinanciamiento de la deuda. Aun sin tomar posesión, Bonilla ya dio marcha atrás a una determinación de Vega, mientras sus ánimos de investigarlo, confiscarle bienes y meterlo a la cárcel, no cesan.
En Tijuana, Arturo González Cruz ha adelantado que revisará con lupa todos los contratos, documentos, licitaciones, convenios y acuerdos firmados por el Ayuntamiento que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Minuciosamente para destapar la corrupción y castigarla. No solo de los funcionarios, también de los proveedores.
En una de las recientes declaraciones de quien será el primer alcalde de Tijuana emanado de Movimiento Regeneración Nacional, González Cruz hizo un llamado a proveedores a no firmar convenios de último momento con el Ayuntamiento que preside el autonombrado “Patas”, porque ha tenido conocimiento de que las concesiones, por ejemplo la de grúas, los actuales funcionarios andan que se les queman las habas por firmarlas de una vez. Millonarias transacciones donde presume el de Morena que hay moche, comisión o transa.
De hecho comentó que el mensaje desde su primer día de gobierno será que no habrá más solicitudes de moches ni de comisiones a empresarios o empresas que pacten convenios con el Ayuntamiento para la prestación de servicios o la compra de productos. Dirá que si algún funcionario de la administración que él encabezará pide una comisión o un moche, deberá ser reportado para investigarlo y cesarlo. Será su manera de combatir la corrupción que tanto ha dañado las finanzas públicas y las privadas en beneficio de servidores públicos deshonestos.
Arturo González Cruz, a quien por cierto no le han proporcionado ni elementos ni tiempo para iniciar los trabajos de transición, revisará con lujo de detalle toda la administración que ha sido de Gastélum en los últimos tres años, particularmente los convenios, contratos, compras y licitaciones que se hayan realizado en los cinco meses previos a la toma de posesión a partir del resultado de la elección que ganó el 2 de junio de 2019.
No irá solo tras funcionarios corruptos, los hijos que triangulen recursos para beneficio propio, las dependencias que hayan sido utilizadas para transar con el dinero público, también se enfocará en aquellos proveedores que en el contexto de la corrupción, hayan manejado sobreprecios de productos adquiridos por el Ayuntamiento o en servicios prestados. Si a la revisión del manejo de los recursos en la actual administración se encuentran este tipo de abusos, ha dicho que también investigará a los proveedores que hayan sido cómplices del desfalco a las arcas municipales, o simplemente los evidenciará como tales, al tiempo que no serán considerados para convenios futuros.
Así que ojo, proveedores del Ayuntamiento de Tijuana: ni moches, ni comisiones, ni sobreprecios, porque habrá auditorías, regulación de las compras y se pondrán candados contra la corrupción. Y a los que firmen acuerdos en los cinco meses de Hidalgo, revisión especial.
Ahora sí que advertidos están.
