12 millones de pesos en Fortamun, 10 millones
de la compra del terreno del Panteón Perlas del
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Paraíso, simulación de actos jurídicos y fraude
con ocho pozos de agua, figuran entre las
denuncias presentadas contra el ex alcalde de
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La Paz
Nueve meses después de iniciada la administración del XVI Ayuntamiento de La Paz, y con el nombramiento de Azucena Meza en Contraloría Municipal, se dio el debido seguimiento a las posibles violaciones por parte de ex servidores públicos que acompañaron al ex alcalde Armando Martínez Vega.
Las primeras dos denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la actual contralora municipal; el delito principal es peculado en agravio de las arcas municipales en programas como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) por 12 millones de pesos; 10 millones en la compra del terreno del Panteón Perlas del Paraíso y poco más en adquisición de equipos de cómputo y software.
“Acudimos a la sede de la FGR en esta ciudad Capital, con la intención de interponer formal denuncia y/o querella en su caso, contra ex servidores públicos del Decimoquinto Ayuntamiento, la anterior administración, toda vez que fueron dos denuncias de momento, que tienen que ver con recursos federales: Fortamun 2017 y parte de recursos del Fortamun 2018”, declaró Azucena Meza.
En una de las denuncias, se menciona la compra de un predio por más de cuatro veces su valor catastral, además de que no hubo estudios justificativos en la adquisición, una tercera parte en donación y dos más en compraventa.
Meza detalló a ZETA el primero de los casos: “Es por Perlas del Paraíso, del panteón. Tenemos una compra del predio, hay un daño patrimonial por 10 millones de pesos recursos federales, no obstante, el objeto de la compraventa fue por 13 millones (recursos de Fortamun 2017 por 8 millones 600 mil pesos; por Fortamun 2018, por el orden de los 2 millones 400 mil pesos). El avalúo catastral fue de 3 millones 214 mil 567 pesos, por lo que pagaron en exceso el inmueble: 10 millones de pesos”.
Entre las irregularidades detectadas en la adquisición de ese terreno, destacan la falta de estudios de factibilidad de suelo y de avalúos comerciales necesarios, además de un deslinde del predio, ya que se ubica en el paso del cauce del Arroyo El Piojillo y/o El Cajoncito.
Otra de las denuncias fue la simulación de actos jurídicos, principalmente en la compra de equipo de cómputo y la adquisición de software por 2 millones 060 mil pesos, “cuyo objetivo era la armonización contable, capacitar a servidores públicos del área de Tesorería; no obstante, derivado de los cambios administrativos, de los actos de entrega-recepción, no se encontró nada, así fueron los requerimientos de Contraloría a la Oficialía Mayor, no hay registros”, expuso la funcionaria.
Se espera la resolución de las denuncias para que, quienes resulten responsables, paguen por los delitos cometidos, pues parte de lo que ha pregonado Rubén Muñoz Álvarez, alcalde de La Paz es hacer las cosas bien, que pague quien tenga que pagar por su proceder.
“Estamos hablando de la posible constitución del delito de peculado y colusión de servidores públicos, será la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, quien determinará lo conducente. Nosotros como Ayuntamiento, la instancia de la Contraloría para este caso, será coadyuvante en cada uno de estos momentos de la investigación”, lanzó la contralora municipal.
Por la compra inflada del predio, están vinculados directamente el ex alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega; el ex secretario general Juan Carlos Bareño y la ex sindica municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez. Y en el caso del equipo de cómputo, las áreas involucradas son Tesorería General, Oficialía Mayor y Adquisiciones.
EL FRAUDE CON EL AGUA
Nueve denuncias se interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego que Eduardo Peña Gallardo, director técnico del Organismo operador Municipal del Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz, solicitara a Contraloría Interna la revisión de las fuentes de abastecimiento de agua de la administración pasada, donde se detectó daño patrimonial por un monto superior a 6 millones de pesos y anomalías en ocho pozos de abastecimiento:
- Pozo El Panteón y/o Las Vinoramas por 833 mil 571 pesos y 16 centavos
- Pozo Vista Hermosa y/o Villas de Guadalupe; un millón 683 mil 829 pesos y 09 centavos
- Pozo Granjas de Libramiento y/o Buena Mujer 2; 435 mil 195 pesos
- Pozo Arroyo El Cajoncito y/o Buena Mujer 4, en pleno Arroyo El Cajoncito y/o Piojillo; un millón 063 mil 825 pesos y 78 centavos
- Pozo Calafia y/o Santa Eliza, dentro de predio particular; 536 mil 580 pesos y 67 centavos
- Noria Calafia dentro de un predio particular; 254 mil 949 pesos y 81 centavos
- Pozo Los Barriles en zona federal Arroyo Buenos Aires; 389 mil 254 pesos y 43 centavos
- Noria Las Pocitas; 926 mil 122 pesos y 32 centavos.
En total, 6 millones 123 mil 327 pesos y 26 centavos en agravio al erario público en el OOMSAPAS.
“Estamos denunciando en ejercicio ilícito público, abandono de servicio público, abuso de autoridad por simulación, administración fraudulenta y uso ilícito de atribuciones y facultades contempladas en el Código Penal del Estado de Baja California Sur”, subrayó Golfredo Meza, apoderado Legal del OOMSAPAS La Paz.
Lo más grave es que desde inicio sabían que no era factible continuar con la construcción de los pozos. La empresa encargada de ello fue Exploración, Perforación y Estudios del Subsuelo, SA de CV (EPYESA), con el título “Dictamen Geohidrológico para la Ubicación de un Pozo de Extracción de Agua Subterránea o Noria en la Colonia Vista Hermosa, Municipio de La Paz en el Estado de Baja California Sur”.
El estudio se hizo en febrero de 2017, mientras que la inauguración del pozo se realizó a unas semanas antes de culminar la anterior administración.
El estudio de factibilidad arrojó lo siguiente:
“El área donde se realizó el Sondeo eléctrico Vertical, dentro de la colonia Vista Hermosa, NO presenta condiciones para el almacenamiento y extracción de agua subterránea; por lo tanto NO es factible la construcción de una noria o realizar la perforación exploratoria para un pozo”.
“Varias de estas obras, se hicieron aun contando en algunos de los casos, se hizo el estudio, pero el mismo estudio arrojó que no era factible la construcción de estas obras, prácticamente el estudio indicaba que en ese lugar, por esos lugares no había agua y que no era factible realizar ninguna inversión en esa zona. Aun así, con el conocimiento previo de los servidores públicos, se ejecutaron las obras, ocasionando con ello un daño patrimonial al organismo”, reveló el apoderado legal del Organismo.
ZETA tuvo conocimiento de que incluso en algunos casos “se llenaron los pozos con pipas para que tuvieran agua a la hora de la inauguración por parte del ex alcalde”, pero lo que es peor, según Golfredo Meza, la construcción de pozos no era factible, por lo que están sin funcionar a la fecha.
“Ninguno de estos pozos sirvió, prácticamente la inversión fue en vano, con anticipación ya se sabía que estos pozos no iban a funcionar y aun así, se daña el patrimonio del Organismo ejecutándolas (obras)”, dijo.
Además, la construcción se dio en predios irregulares, con una sola empresa beneficiada económicamente con los contratos. El nombre de la compañía no fue compartido por cuestiones de investigación.
Incluso las obras no estaban inscritas ante el Organismo, como tampoco los ocho pozos cuentan con registro ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“No existe evidencia documental que referidas obras se hayan encontrado dentro de un programa anual de obras autorizado por la Junta de Gobierno; dichas obras fueron realizadas en predios irregulares, domicilios particulares, acceso de torres de alta tensión, arroyos, sin presupuesto autorizado, sin permisos por parte de autoridades de la materia, en este caso Conagua, equipadas sin tener pruebas de calidad del agua. En algunos casos, pese a tener algún dictamen de estudio geológicos y llegar a la conclusión que el pozo no presentaba las condiciones para el almacenamiento y extracción de agua, por tanto no era factible la construcción de obras”, argumentó Adrián Meza, contralor interno del OOMSAPAS La Paz.
De los ocho pozos, seis se localizan en La Paz, uno en Los Pocitas y otro en Los Barriles.
EX DIRECTOR RECHAZA ACUSACIONES
En un acto desesperado, Héctor García González, ex director del OOMSAPAS La Paz, declaró que las ocho denuncias son falsas y trató de justificar que los pozos funcionaron, al contar con agua para abastecer la ciudad.
Mientras los servidores públicos de la actual administración aseguraron que guardarán sigilo en la investigación, García González salió inmediatamente a desmentir, aduciendo se trata de “una farsa, un engaño total”.
“Se nos señala por parte de la contralora precisamente, que además del agravio, es un engaño total. Tuvimos oportunidad de abrir cajas y respaldos que tenemos, información, pues, tenemos ya evidencia de poder descartar este señalamiento”, expuso, para agregar -sin darse cuenta- que posee documentos de oficina en su poder, cuando ni siquiera los representantes legales del Organismo disponen de ese tipo de información. O por lo menos la documentación que encontraron es ínfima.
Según Héctor García González, están dando a conocer que faltó evidencia sobre las obras, antes que una supuesta investigación.
“Se me hace un poco vergonzoso que una autoridad municipal hable con tanta severidad sobre un engaño; con tanta seguridad sobre que nunca operaron; con tanta soberbia, cuando finalmente ni siquiera se molestaron en preguntarle a la gente que hoy trabaja en SAPA (Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento), que hoy todavía opera y participó en esas obras”, opinó el ex funcionario.
Su reclamo es que no es la manera correcta de actuar por parte de la administración municipal, ya que en su perspectiva, debieron seguirse otros procesos.
El pozo que más defendió García fue el de Villas de Guadalupe y/o Vista Hermosa, el mismo que EPYESA declaró en el estudio de factibilidad como “NO factible para la construcción de una noria o realizar la perforación exploratoria para un pozo”.
“Cuando llega una nueva administración, se debe de llegar primero a entender cómo está funcionando y después hacer los correctivos, cambios o como quieran ajustarse. Aquí primero corrieron gente y luego quisieron averiguar, y ese el tema, es el común denominador, pero el día de hoy es igual; primero me dieron una demanda, después declararon que no hay agua en Villas de Guadalupe y que la colonia no tiene agua porque el pozo fue fallido, iba a resultar todo lo contrario. Es lamentable que ese sea el nivel de autoridad que tenemos en este momento”, refutó Héctor García González.
