Alfredo Beltrán Guzmán encabeza el “autogobierno” en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, aseguran versiones de familiares de internos y custodios. Dos videos anónimos amenazan al sobrino del “Chapo” Guzmán porque presuntamente tortura a los presos y les efectúa cobros a través de dos supervisores penitenciarios. También amenazan a los custodios “Cuatro” y “Cinco” junto con la directora “Paty” por tolerar los abusos denunciados
El mayor peso social de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán “El Mochomito” o “Alfredillo”, cuando estaba libre, eran sus apellidos. Hijo de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, líder encarcelado de la organización criminal conocida como Pacífico Sur y sobrino incómodo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, aseguran que tenía el ego inflado, pero era un equis. Hoy le llaman “Señor” en uno de los penales de Puente Grande, Jalisco, pero con todo y ese reconocimiento, fue amenazado de muerte.
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El joven que no rebasa los 30 años de edad se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Metropolitano, uno de los centros penitenciarios más nuevos del sistema en la zona conurbada de Guadalajara y con características de máxima seguridad, que a la fecha cuenta con menos de 400 internos.
De aquel muchacho flacucho que se veía en las fotografías que sobre él existen, aseguran quienes lo frecuentan en prisión, nada queda. Ahora es un hombre robusto que se dejó la barba al estilo de su padre. Desde hace año y medio se convirtió en un recluso muy respetado por haberse apoderado del control y funcionamiento del establecimiento carcelario.
La versión que se escuchaba entre pasillos, versiones de familiares de presos y elementos de seguridad, fue corroborada por un par de videos que comenzaron a circular por redes sociales de mensajería e internet la última semana de junio. En ambos productos audiovisuales que llegaron a los propios trabajadores de los penales estatales, se advierte al “Mochomito” y a algunos funcionarios que “dejen de torturar a internos”.
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En el primer video dirigido a Jesús Alfredo Beltrán, se le menciona como la persona que tiene bajo sus órdenes a dos supervisores carcelarios identificados como Ricardo y Filemón “N”, con las claves operativas “Cuatro” y “Cinco”. Presuntamente “El Mochomito” manda torturar y exigir cuota a los reclusos. En el mensaje le advierten que le baje de tono a las agresiones y gire instrucciones a los supervisores para que cesen los abusos. Al parecer el video fue grabado por órdenes de gente del Cártel de Sinaloa que se encuentra en territorio jalisciense.
En el segundo video, similar al primero y grabado en la penumbra por el mismo hombre que viste camisa a cuadros rojos y blancos, cubierto por un chaleco antibalas y que tiene el rostro tapado con un paliacate con cara de calavera y lentes oscuros, una pistola fajada a la cintura y portando un arma larga, se advierte a custodios y a la directora del reclusorio que paren sus ataques a los presos.
A Ricardo “N” “Cuatro”, Filemón “N” “Cinco” y “Patty N” (identificada como la directora) les reclaman que “se están pasando mucho de v… con todos los internos. No tienen piedad de ellos. Los torturan, abusan psicológicamente de ellos”. Al “Cuatro” le amenazan con que lo van a “alinear” por órdenes de “bien arriba”. El mensaje remata señalándoles a los funcionarios que por cada interno golpeado, se van a cobrar con un familiar de ellos.
REPITEN CONDENA
Actualmente “El Mochomito” cuenta con una sentencia de nueve años de prisión que le fue confirmada en abril, luego que había ganado un juicio de amparo directo y se anuló su condena inicial de 10 años de cárcel. El sinaloense, soltero, que dijo ser agricultor y ganadero, con ingresos semanales de 5 mil pesos, es penalmente responsable en la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. También le impusieron una multa por 14 mil 96 pesos con 72 centavos.
Beltrán Guzmán fue detenido -con dos acompañantes- al mediodía del 9 de diciembre de 2016 cuando viajaba de copiloto en un automóvil Volkswagen Golf en convoy con otra unidad Volkswagen Jetta sobre calles del fraccionamiento Ciudad Granja en Zapopan. Policías federales los interceptaron y al “Mochomito” le aseguraron fajada a la cintura una pistola escuadra calibre 9 milímetros con sistema de ráfaga, así como cien billetes de 500 pesos; dentro del mismo carro se localizó un kilo 802 gramos de cocaína distribuidos en dos paquetes y una báscula gramera.
En el otro automotor, dos ocupantes portaban al cinto dos armas de fuego calibre 38 Súper cada uno, y en el interior de la unidad había un fusil AR-15 calibre .223, una subametralladora calibre 5.7, así como municiones y una granada de fragmentación. En cuanto a droga, se hallaron dos kilos 75 gramos de cocaína en dos paquetes y una bolsa tipo Ziploc con diez dosis del mismo alcaloide.
Los colaboradores de Beltrán eran jóvenes como él que no rebasaban los 25 años. Uno era estudiante de criminología y criminalística, dedicado al comercio de ropa; otro, se dijo estudiante con conocimientos técnicos de piloto aviador; uno más, con licenciatura trunca de ingeniero agrónomo, dedicado a la compraventa de autos; y el último, con licenciatura incompleta en Derecho, pero trabajaba de agricultor.
Todos fueron internados en el Reclusorio Metropolitano, adonde se envía a los internos más peligrosos que no tienen cabida en alguno de los penales federales, ni en el Reclusorio Preventivo (Comisaría de Prisión Preventiva) o en el Centro de Reinserción Social (Comisaría de Sentenciados) de Puente Grande, donde se asegura que Jesús Alfredo Beltrán encabeza una especie de autogobierno, porta radios y tiene el control del penal.
Los mensajes han sembrado miedo entre el personal penitenciario, pues es conocido que la mayoría de la población encarcelada es militante del Cártel Jalisco Nueva Generación y temen una posible confrontación, por lo que esperan que el reo sea trasladado a otra institución que reúna las condiciones para albergar a personas de alta capacidad criminal.
