La reforma constitucional al Artículo Octavo Transitorio no es el único tema que volcó la opinión pública contra el Congreso del Estado. La presión social, empresarial y política golpeó en reiteradas ocasiones a la Cámara qu, durante estos casi tres años, le aprobó hasta los proyectos más cuestionables al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, entre estos las APP, la Ley del Agua -que el propio mandatario mandó abrogar-, la reestructuración de la deuda y el último episodio con la “Ley Bonilla”. También sufrieron rezagos en temas trascendentales como las políticas con perspectiva de género, no hubo impulso empresarial ni transparencia. El 30 de julio es su último día, mientras la última sesión la tuvieron el día 23 a puerta cerrada y con hombres armados
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La Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) consideró muy enriquecedora a la XXII Legislatura por una cuestión: se exhibió todo lo que se puede mejorar en aras de la rendición de cuentas en el Estado.
A manera de broma, pero con un reflejo de realidad, Luis Irineo aseguró que gracias a ello se impulsaron políticas públicas para mejorar el combate a la corrupción. En otras palabras, su mal ejemplo rindió frutos.
Este Congreso -de mayoría panista- podría considerarse el más plural de la historia, pues además de representar a ocho fuerzas políticas, contaba con nueve mujeres -la cifra más alta registrada en una Cámara local-, con candidatos ciudadanos arropados por partidos y diputados con y sin experiencia política.
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Para la diputada Eva María Vázquez, el logro es la legislación y avance del SEA, pero la política en el Congreso se enfocó en pocas áreas y se empantanó en reiteradas ocasiones, impidiendo sacar adelante temas trascendentales, sobre todo nombramientos que dejaron inconclusos:
* La presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
* El fiscal general.
* El fiscal Anticorrupción.
* Un magistrado.
* La convocatoria para magistrados supernumerarios.
* Titulares de dos órganos internos de control.
Tanto para Luis Irineo como para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, el hoy presidente del Comité Coordinador del SEA, Francisco Fiorentini, e incluso Eva María Vázquez, diputada local, quedó en evidencia un gran rezago legislativo y el último tramo dejó un precedente muy negativo.
Foto: Cristian Torres.- Los diputados fueron la burla 3 años
Para la directora de Gente Diversa, Rebeca Maltos, esta Legislatura no solo no tuvo avance en materia de género, sino que sufrió algunos retrocesos, pese a que era la primera vez que se tenía una representación de nueve mujeres. “No hubo un solo avance en la agenda de género”, denunció molesta, pues la encargada de esta Comisión era la diputada Patricia Ríos, con quien solo tuvieron una reunión de trabajo en 2017 y no volvieron a saber de ella.
GUBERNATURA DE DOS A CINCO AÑOS
Pese a que el Congreso estuvo plagado de temas polémicos, la ampliación de la gubernatura lo volvió un foco nacional e internacional. Medios de diversas partes del mundo fueron atraídos por el fantasma de la reelección que rodea al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y señalaron que este era un mal mensaje del partido hegemónico en el Estado.
La noche del 8 de julio de 2019, 21 diputados -de mayoría panista- aprobaron una reforma que beneficiaría al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, emanado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de varias semanas de negociaciones.
Algunos hablan de millones entregados a cambio del voto, otros de impunidad para ellos y sus allegados. Lo único que se mantiene en la ecuación es la sospecha de corrupción, y el cambio en la Constitución local para que gobierne cinco años y no dos, para los que fue votado en el cargo el 2 de junio de 2019.
En medio de una sesión atropellada, ese día también se aprobó el nombramiento del auditor superior y los de tres comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), hechos reclamados por diversos sectores panistas, que consideraron una traición por parte de sus correligionarios.
Tras ser aprobada la reforma constitucional por tres de los cinco ayuntamientos, el tema fue devuelto al Poder Legislativo, donde los diputados, en una sede externa en Rosarito -el recinto oficial está tomado por manifestantes-, emitieron la declaratoria que da validez al tema; ahora el Poder Ejecutivo tiene quince días para publicarla y, de no hacerlo, el presidente de la mesa directiva lo hará.
El acto de los diputados que dejarán de serlo el 30 de julio, fue escarnio político nacional. A los diputados bajacalifornianos les llegó el descrédito con la ampliación del periodo de gobierno. Fueron tema en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde donde se envió un exhorto, y también en el Senado de la República. Incluso los coordinadores delas fracciones de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, criticaron el actuar de los legisladores locales.
En columnas, en redes sociales, cartas públicas, posicionamientos de líderes de opinión, sociales y políticos, los legisladores de Baja California fueron tachados de corruptos, convenencieros, antidemocráticos, entre otros calificativos que los llevaron a esconderse y llevar a cabo su última sesión el 23 de julio, siete días antes de concluir la Legislatura, a puerta cerrada y custodiados por policías y hombres armados.
EL CONGRESO, LAS APP Y LA REESTRUCTURACIÓN
La XXII Legislatura se confirmó por una abrumadora mayoría panista con 13 escaños, además, logró alianzas desde el primer momento en el Congreso del Estado. Esto sugería que el último trienio del gobernador Francisco Vega de Lamadrid pasaría tranquilamente, sin oposición y con todo a su favor. Casi tres años después, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se redujo a tres posiciones, sin aliados y con un descrédito total.
Sin embargo, esto no fue una caída frenética o inesperada. Poco a poco, los diputados cometieron actos que les causaron gran descrédito.
Foto: Cristian Torres.- Rechazo social.
El primer “incendio” ocurrió el 19 de diciembre de 2016 -tres meses de haber ocupado el cargo-, cuando sin estudio previo ni mayor información al respecto, diputados aprobaron el Dictamen 48 y el Decreto 57, que formalizaban la creación de la “Ley de Agua” en Baja California y la aprobación de once proyectos de Asociación Público Privada (APP), donde destacaban las plantas desaladoras de Rosarito y San Quintín, además del C5i.
En una sesión a escondidas y con la presencia de “grupos de choque” impulsados por el PAN, se aprobó por 15 diputados a favor y 10 en contra, la Ley de Agua que contemplaba concesionar el servicio del vital líquido a particulares, además de aumentar la tarifa un 20 por ciento, con la posibilidad de incrementar su valor cada año.
Ese mismo día se respaldaron los proyectos de APP, vinculados a funcionarios, ex funcionarios y familiares de quien ostenta el Poder Ejecutivo, o bien, a empresas con un negativo historial a nivel nacional, señaladas por posibles actos de corrupción.
No pasó ni un mes y las protestas multitudinarias -principalmente en Mexicali- a las que acudieron alrededor de 60 mil personas, provocaron que el gobernador ordenara la abrogación de la Ley del Agua, pero mantuvo los proyectos de APP. En ese entonces, la ciudadanía mostraba su repudio a las reformas y al “gasolinazo” emprendido por el Gobierno Federal.
A raíz de este incidente, el Ayuntamiento, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo permanecieron tomados por colectivos ciudadanos y políticos durante aproximadamente un mes, hasta que burócratas y policías reventaron el bloqueo.
Los meses siguientes fueron un verdadero caos en el Congreso del Estado, pues diputados sostuvieron varios enfrentamientos con manifestantes del recién creado grupo Mexicali Resiste, el cual se atomizó en otros colectivos. Manifestantes acosaron a legisladores en sus casas, en restaurantes y en cualquier sitio público, impidiéndoles la tranquilidad.
Otro de los episodios de crisis ocurrió por el mismo tema. El Decreto 57 estaba próximo a expirar, pues casi un año después de su planteamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no había emprendido, y los dictámenes 94 y 95 requerían una actualización autorizada por el pleno. Fue entonces que el diputado Raúl Castañeda Pomposo asumió la presidencia de la mesa directiva la madrugada del primero de diciembre de 2017 y ocho horas después citó a una sesión extraordinaria.
Con mayoría panista -y respaldado por sus aliados PRD y MC, además de algunos legisladores del PRI-, aprobaron los ajustes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que evitó el ingreso de manifestantes.
Los pocos inconformes que lograron entrar, arrojaron monedas y botellas a diputados. Esta acción causó la molestia de representantes populares que días después mandaron instalar un muro de protección; luego de intensas críticas, lo retiraron.
En aquel momento, diputados de las diversas fuerzas políticas, encabezados por Alejandro Arregui, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se manifestaron en contra del ajuste, pues consideraban que la sesión se llevó a cabo de manera ilegal, por lo que interpusieron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar marcha atrás al tema. Sin embargo, este fue desechado tres meses después.
El presidente de Coparmex Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, señaló que estos proyectos no podían comprenderse sin la sospecha de corrupción, por lo que aseguró, sería uno de los principales abusos cometidos por la Legislatura. En el mismo sentido consideró la aprobación del contrato plurianual del C5i, que originalmente inició como una APP.
“Ellos fueron quienes aprobaron el C5i de parte del Poder Ejecutivo ampliamente criticado porque es un proceso de compra de cámaras viciado, se ve que hubo tintes claros de corrupción y sobreprecio”, señaló el empresario, además de considerar que las APP son caras y sobredimensionadas, además de registrar malos manejos.
El secretario ejecutivo del Comité de Participación Ciudadana, Luis Irineo, dijo estar de acuerdo con el proyecto de las APP, aunque aseguró que estas deben ser con toda la transparencia posible. Particularmente las aprobadas por el Congreso, representan un gran riesgo para el Estado, mientras que el inversionista no sufre ninguno, lo que resulta extraño.
Sobre estos temas, la diputada Eva María Vázquez aseveró que faltó socialización para evitar este tipo de conflictos, y agregó que la Legislatura presentó resultados negativos de hacerse un balance general.
En mayo de este año, el Congreso del Estado volvió a quedar en ridículo, cuando aprobó la reestructuración de la deuda a corto plazo, a solicitud del Poder Ejecutivo, que representa alrededor de 2 mil millones de pesos que se trasladarían a los 12 mil millones de pesos que se adeudan. Con intereses y ajustes, se pagaría una cifra superior a 35 mil millones.
El Congreso en números
La XXII Legislatura de Baja California fue más corta de lo habitual, pues terminará su periodo en julio y no en septiembre, como ocurría en otros congresos.
Durante este periodo, el Congreso realizó:
* 62 sesiones ordinarias de pleno.
* 24 extraordinarias.
* 9 de instalación.
* 2 solemnes -olvidaron una del Día del Constituyente-
También se elaboraron 636 dictámenes en las diversas comisiones, de las cuales 301 fueron iniciativas de reforma, 23 iniciativas de Ley, 13 iniciativas de decreto, un proyecto de decreto, 97 exhortos, un mensaje, 21 declaratorias -de reforma constitucional-, una iniciativa de abrogación –Ley del Agua-, cuatro convocatorias vigentes, ocho informes y tres posturas.
Comisiones dictaminadoras
*La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, de Andrés de la Rosa, dictaminó 79 iniciativas, de las cuales solo dos no fueron aprobadas en el pleno. Tres de estas fueron en Comisiones Unidas con Reforma de Estado, de Bernardo Padilla.
* La Comisión de Hacienda, de Iraís Vázquez, tuvo 185 dictámenes aprobados en el pleno, casi todos con el respaldo de por lo menos dos terceras partes del Congreso.
* La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, inicialmente encabezada por Eva María Vázquez, pero posteriormente ocupada por Raúl Castañeda Pomposo, desarrolló 220 dictámenes, todos aprobados por mayoría ante el pleno. Sin embargo, poco menos de 100 estaban pendientes para presentarse a pleno.
* La Comisión de Justicia, encabezada la mayor parte del tiempo por Victoria Bentley Duarte, culminó 51 dictámenes, todos aprobados en el pleno. Destaca la ampliación de la penalidad de feminicidio y homicidio, robo, entre otros crímenes.
Comisiones no dictaminadoras
* La Comisión de Igualdad entre Hombres y Mujeres y Juventud, de Patricia Ríos, emitió nueve dictámenes, todos aprobados. No obstante se trataba -en su mayoría- de temas meramente simbólicos.
* La Comisión de Fortalecimiento Municipal, titulada por Raúl Castañeda Pomposo, emitió 14 dictámenes, todos aprobados.
* La Comisión de Medio Ambiente, de Benjamín Gómez Macías, emitió 15 dictámenes, la mayoría reformas a la Ley de Protección al Ambiente.
* La Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, de Jorge Núñez Lozano, llevó a cabo nueve dictámenes. Sobresale uno relacionado al impulso de bebidas de graduación alcohólica.
* La Comisión de Desarrollo Metropolitano, de Luis Moreno y José Antonio Casas, desarrolló siete iniciativas aprobadas por el pleno.
* La Comisión de Energía, de Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, dictaminó dos iniciativas.
* La Comisión de Educación, de Catalino Zavala, concluyó el proceso legislativo con 20 iniciativas.
* La Comisión de Seguridad Pública, de Job Montoya, emitió 10 iniciativas, la mayoría leídas por otros integrantes de la Comisión.
* La Comisión de Salud, de Miguel Osuna Millán, presentó 15 iniciativas que culminaron en aprobación en pleno.
Las comisiones que no concretaron una sola iniciativa en pleno fueron: Desarrollo Social y Deporte (Alejandro Arregui); Asuntos Fronterizos (Víctor Morán); Agricultura (Sergio Tolento Hernández); Administración (José Félix Arango); Desarrollo Urbano (Ignacio García Dworak); Relaciones Públicas (Mónica Hernández); Trabajo (Claudia Agatón); Turismo (Rocío López Gorosave); Derechos Humanos (Triny Vaca); Participación Ciudadana (Carlos Torres Torres) y Grupos Vulnerables (Alfa Peñaloza).
En una sesión de pleno, también realizada de manera nocturna, nuevamente el diputado Raúl Castañeda Pomposo se encargó de leer el proyecto Decreto 335, donde se reestructuraba una millonaria deuda, para lo cual tendría que instaurar una serie de impuestos a la salud, entre otros rubros.
En aquella sesión de mayo, la situación resultó increíble. La lectura del proyecto ni siquiera fue leída en su totalidad, además de que en varios momentos resultó inaudible para los presentes; la intención era sacar el tema lo más pronto posible, junto con el llamado Segundo Piso de Tijuana, lo cual lograron en una sesión exprés. Esto también fue severamente criticado por organismos empresariales y ciudadanos.
Meses después, esta iniciativa se vino abajo, debido a las presiones del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez y a la incertidumbre que generó al sector bancario.
SEA Y LOS NOMBRAMIENTOS PENDIENTES
La actual Legislatura dejó todo para último momento. Durante el último año y medio, el Congreso del Estado tuvo grandes problemas para emitir los nombramientos urgentes, y en algunos, lograron cumplirse con “mañas”, más que con política.
En este periodo tuvieron la tarea de nombrar al comité que se encargaría de emitir los nombramientos del SEA, a cuatro magistrados, un magistrado Anticorrupción, el fiscal general, el fiscal Anticorrupción, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), los consejeros del ITAIP y un auditor superior.
De estos, logró sacar adelante toda la legislación relacionada al SEA, y a quienes elegirían a sus integrantes; nombraron tres de los cuatro magistrados pendientes –Columba Amador Guillén, Isaac Fragoso y Gustavo Medina-, dejando pendiente el escaño de Emilio Castellanos Luján –actualmente cubierto por un supernumerario, a raíz de un amparo interpuesto por dos aspirantes-. Eligieron al magistrado Anticorrupción, Omar Curiel Villaseñor, el peor evaluado por el comité ciudadano y señalado por integrantes del comité de evaluación, como una cuota del PRI.
En la sesión del 8 de julio se nombró a Carlos Montejo como auditor superior, lo que generó graves señalamientos por parte de integrantes del comité evaluador, entre ellos Jorge Topete, Francisco Fiorentini y Edgardo Silva, quienes interpondrán un amparo contra la designación, pues la legislación afirma que se requiere a cuatro ciudadanos para llevar a cabo entrevistas y selección.
Pese a ello, la diputada Eva María Vázquez, Fiorentini y Elorduy, consideran que el gran logro de la Legislatura fue abrir la puerta a los grupos organizados y ciudadanos para legislar el SEA e impulsar los nombramientos que en una primera instancia, fueron apartidistas, pero conforme se acercó el periodo de conclusión, comenzaron a ser botines políticos.
Aunque reconocen la labor de Andrés de la Rosa Anaya, la realidad es que ni ese gran proyecto pudo concluirse en esta Legislatura, pues todavía falta la reforma que crea la Fiscalía –detenida por un amparo de Victoria Bentley-, el nombramiento del fiscal general, el fiscal Anticorrupción –que solo puede nombrarse después de definir un fiscal general- y la toma de protesta de los integrantes del ITAIP, los cuales fueron electos y parte de una negociación entre PRI, PAN y Morena.
Desde la Coparmex Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller asegura que estos nombramientos debieron quedar desde hace mucho tiempo, pero los propios retrasos de la Legislatura los orillaron hasta este momento, generando gran sospecha. Y es que la primera iniciativa para la Fiscalía General se emitió en 2017 por el gobernador del Estado. Sin embargo, fue dos años después -y con una elección encima- cuando intentó sacarse adelante.
En el mismo escenario se encuentra la designación del titular de la CEDHBC, acéfala desde el 30 de mayo, cuando Melba Adriana Olvera culminó su gestión. Andrés de la Rosa Anaya tenía que emitir la convocatoria seis meses antes, pero lo hizo escasas semanas previas a la fecha fatal. Al final el tema quedó “congelado” y Baja California cumplirá un mes sin titularidad en ese cargo.
Curiosamente, entre los cuatro entes que pueden tramitar una acción de inconstitucionalidad para dar reversa a la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años, se encuentra la CEDHBC, lo cual difícilmente hará si no cuenta con una persona que responda por ello.
Además de esta, el Congreso del Estado dejó pendientes dos convocatorias para los órganos internos de control de la CEDHBC y la Secretaría de Educación y Bienestar Social.
LOS NOMBRAMIENTOS DEL ITAIP
Con menos reflectores pero la misma importancia, el 8 de julio se designó a los comisionados del ITAIP: Lucía Ariana Miranda, Jesús Alberto Sandoval y Denise Gómez, además de otorgar la suplencia a José Rodolfo Muñoz. Los primeros tres fueron identificados como cuotas de Morena, PAN y PRI, respectivamente.
Sus nombramientos formaron parte de la cuota de la ampliación del mandato y para la aspirante a ocupar el cargo de comisionada, Patricia Casián, Silva, el proceso estuvo viciado desde el principio. En una carta que entregó a ZETA, la ex candidata aseguró que en los nombramientos, el Congreso tampoco respetó la evaluación realizada por la ciudadanía.
Aseguró que solo nueve de los 24 aspirantes eran elegibles y denunció ante esta casa editorial que hubo tráfico de influencias en las designaciones, lo que resulta preocupante porque se está nombrando a personas no aptas para llevar a cabo esa labor.
“Al no establecer claridad en el procedimiento de selección por parte de los diputados, se tiende a pensar en una orquestación, en que el nombramiento de los comisionados de Transparencia fue pactado, por lo tanto, en un claro acto de corrupción, en su modalidad de tráfico de influencias”, señaló la quejosa, quien dudó que los diputados revisaran los expedientes de los interesados en ocupar el cargo, por lo que -a su juicio- pudieron ser orquestados.
“El derecho de acceso a la información puede llegar a ser violentado, porque si existe el tráfico de influencias, existe un compromiso, y si existe un compromiso, se puede llegar a la ocultación deliberada de la información por proteger a los que les otorgaron el puesto”, sentenció.
RECOMENDACIONES IGNORADAS
Luis Irineo asegura que el Congreso tiene un problema antes de culminar la Legislatura. Y es que semanas atrás, el Comité de Participación Ciudadana del SEA emitió una serie de recomendaciones vinculantes, las cuales se encuentran obligados a responder y cumplir, y que no contestaron.
El 24 de julio se cumplió el plazo de 15 días que otorga la Ley para responder al SEA sobre las medidas interpuestas, donde destaca la obligatoriedad de llevar a cabo una entrega-recepción de todos los diputados de la Legislatura, además de realizar un conteo peso por peso de lo que se gastó en trabajos de comisión, gasto social y otros beneficios. De haber comprado algún objeto con dinero público, este sería propiedad del Congreso y no del legislador.
El secretario técnico del SEA aseguró que al no responder, los actuales diputados serán acreedores a sanciones, las cuales podrían agravarse, pues la siguiente Legislatura está obligada a investigar el destino de cada peso invertido.
Recordó que toda recomendación emitida por el Comité de Participación Ciudadana es de carácter obligatorio, según la Ley, por lo que se interpondrían sanciones en caso de no realizar una entrega por parte de cada diputado.
MÁS DEUDAS: MUJERES Y SECTOR EMPRESARIAL
Entre todos los males hubo una deuda que nadie consideró. La Legislatura conformada por nueve mujeres -la más alta registrada- no hizo una sola política pública en beneficio de las féminas. De hecho, ni siquiera la diputada Patricia Ríos, encargada de la Comisión de Equidad de Género, se apoderó de la agenda de género.
Una sola reunión sostuvo con representantes de colectivos y asociaciones que ven por la equidad de género. Rebeca Maltos, directora de Gente Diversa, declaró que le parece increíble que en un Poder Legislativo con tantas mujeres, nadie haya dado continuidad a los trabajos realizados por los anteriores congresos que crearon el concepto de feminicidio, lo ampliaron para su reconocimiento y definieron la violencia política de género, considerados avances importantes.
De hecho -aseguró- hubo algunos retrocesos, como cuando la mayoría del Congreso del Estado emitió un exhorto a su homólogo federal, para tratar de impedir la legislación relativa a la despenalización del aborto.
Maltos opina que la agenda de género estuvo muerta desde el primer año, por lo que decidieron definir una postura indiferente hacia el Legislativo.
Otro ejemplo es el nulo interés que se tuvo por parte del Congreso en torno a la alerta de género y la construcción del Centro de Justicia para Mujeres de Baja California, paralizado desde 2017 y por el que nadie ha pedido cuentas, pese a que es una obligación estatal.
De igual forma, la activista aseguró que se dejó una gran deuda en torno a la equidad de género.
Por su parte, Ernesto Elorduy Blackaller indicó que no hubo una sola iniciativa de reforma o Ley que pretendiera potencializar la economía de la entidad. Reconoció que el SEA es una herramienta que debería otorgar seguridad a los inversionistas, pero nada más, por lo que considera que la agenda legislativa en ese sector fue nula.
Para concluir, comentó que la principal consideración de inversionistas es que se respete el Estado de Derecho, lo cual no ha sido respetado por los diputados, y para muestra está la polémica reforma constitucional.
