La exigencia fundamental consistente en que la elección del gobernador y de los diputados, “debe llevarse a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que la ciudadanía ejerce su derecho al sufragio.
“Así como, que el elector tenga la oportunidad de conocer para qué cargos y qué periodo elegirá a la persona que decida, y la oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección, entre las alternativas que existan”. Así lo determinaron once magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su análisis de la acción de inconstitucionalidad 13/2015, en la que un partido pretendía revocar que el Congreso de Veracruz empató elecciones aprobando un período de dos años, en una “reforma que tenía como objeto adecuar el contenido de la Constitución local al orden constitucional federal”.
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Este y otros documentos similares han sido remitidos a ZETA por abogados, a partir de que el ingeniero Jaime Bonilla Valdez inició los trámites para ampliar el periodo de gobernador.
Ministros de la SCJN han expuesto juicios similares en múltiples acciones de inconstitucionalidad en las que han subrayado la irretroactividad de la Ley, y que las ampliaciones de períodos de gobierno solo pueden aplicarse constitucionalmente en “previsiones a futuro”.
Precisamente bajo esos criterios constitucionales, el 2 de junio de 2019, los votantes de Baja California salieron a elegir un gobernador por dos años. Pero el electo de Movimiento Regeneración Nacional y su equipo de abogados, siguen insatisfechos con el período, ya que, aunque el ingeniero y casi gobernador se empeña en declarar que anda en otras cosas y no le importa el resultado de los múltiples recursos que ha presentado en los meses recientes con la intención de mantenerse en el poder por cinco o seis años, los hechos muestran que su equipo legal y él están dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo.
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Así, después que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó dos resoluciones del tribunal electoral local, con las que intentaban permitirle ampliar el periodo y desechó un recurso presentado por diputados locales para los mismos efectos, como lo anunciaron, llevaron el caso al Congreso local para que modificara el transitorio de los dos años y lo ampliara a cinco.
Es evidente que cosas muy malas debieron pasar para que los diputados que se habían negado previamente, cambiaran de opinión, incluso quienes antes acusaron que los morenistas les habían ofrecido millones, y en dólares, para votar a favor de ampliar los tiempos de la gubernatura.
En ese contexto, los votos que violentaron la voluntad popular expresada el 2 de junio se multiplicaron a favor: Claudia Josefina Agatón Muñiz, del PT; Rocío López Gorosave, del PRD; Job Montoya Gaxiola, de Movimiento Ciudadano; y José Antonio Casas del Real, de Transformemos. Los cinco del PRI: Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz y Blanca Patricia Ríos López. Los dos de Morena: Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez, más la ex panista recién adoptada por Morena, Victoria Bentley Duarte.
Y mientras les gritaban “Sinvergüenzas, traidores”, “Regresen a la Facultad de Derecho”, otros nueve del PAN se sumaron: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón y Alfa Peñalosa Valdez.
El resto no votó en contra: Miguel Antonio Osuna Millán anuló su voto, mientras Eva María Vázquez, Andrés de la Rosa Anaya y Jorge Eugenio Núñez Lozano, solo decidieron no presentarse en el pleno.
Así fue como uno de los peores congresos en la historia bajacaliforniana, caracterizado por apoyar al gobernador Francisco Vega de Lamadrid en la autorización de endeudamientos y múltiples contratos leoninos con Asociaciones Público Privadas que tanto ha criticado Bonilla, se puso la camisa de Morena.
Cuando se pensaba que no podían caer más bajo, en una expresión de vulgaridad, ausencia de convicciones y abuso del poder, diputados y algunos integrantes de tres de cinco ayuntamientos bajacalifornianos optaron por escarbar para hundirse en el fango. Después de tres años, diputados y algunos integrantes de tres de cinco cabildos decidieron aplicar por primera vez el principio de autonomía que tanto se les reclamó en el pasado, y fue para corromperlo, para intentar violar la voluntad del electorado.
En ese tema, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, amigo personal y quien decidió que Bonilla fuese candidato a gobernador de Baja California por Morena, no resultó mejor político ni servidor público, al insultar la inteligencia de los gobernados al decidir “intervenir no interviniendo”.
En estas condiciones la decisión llegará a la SCJN, que en el pasado se ha decantado por proteger la voluntad y el voto ciudadano con sus implicaciones. Es cuestión de esperar para saber si el peso de Morena y los tres ministros que tienen proclividad hacia la voluntad del presidente, Juan Luis González Alcántara Carranca, Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, impactará y modificará la interpretación que hasta ahora el máximo tribunal le ha dado a la Constitución en temas similares.
Ahora, independientemente de si la gubernatura es por dos o cinco años, la tenacidad del gobernador electo, que llega al punto de ignorar la voluntad ciudadana, de reinterpretar la Ley para que le favorezca desde antes de llegar al cargo, abre una puerta a la impunidad que resulta preocupante.
Por lo que no queda más que esperar y desear que de verdad Jaime Bonilla Valdez tenga la intención de hacer lo mejor por el Estado y sus habitantes, para que su gobierno no termine convertido en otro ejemplo bajacaliforniano que nos recuerde que “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
