Bancomer, Santander, BBVA y HSBC expresan dudas sobre las implicaciones del recurso de inconstitucionalidad al Decreto 335. De inicio, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez echará atrás las APP de la desalinizadora de Rosarito y del Segundo Piso por falta de transparencia
La cancelación del refinanciamiento de la deuda del Gobierno del Estado de Baja California por 8 mil 433 millones de pesos, dificulta la intención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid de resolver el cierre de su gestión, y compromete la viabilidad del arranque de la próxima administración estatal.
Y es que, a partir del 1 de noviembre de 2019, “muy seguramente” el gobierno entrante tendrá que contratar créditos de corto plazo por alrededor de 3 mil 300 millones de pesos, equivalentes al 6 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición del Gobierno -conforme a la Ley de Disciplina Financiera- para “resolver los problemas que se van a presentar a finales de año”, previó Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero en funciones.
En entrevista con ZETA, el funcionario dijo que con el refinanciamiento se esperaba mejorar los perfiles financieros de los créditos (tasa sugerida TIIE+0.60) y reducir la baja de calificación para evitar el pago de penalizaciones por no haber mantenido los niveles de calificación como estaban contractualmente establecidos, ya que en septiembre de 2018 y de manera más reciente, las agencias calificadoras redujeron sus notas, lo que en automático ajustó al alza el pago del servicio a la deuda.
“Desafortunadamente no concluyó el proceso como se había planeado y hay desventajas importantes por esta situación”, expuso López Arroyo, quien afirmó que el gobierno de “Kiko” Vega logrará liquidar los créditos de corto plazo.
Pero reconoció que “eso ha implicado que se acentúen más los problemas” originados por los déficit en educación, pues BC destina más del 50% de su presupuesto a ese rubro y en el sistema de pensiones, cuyo monto ascenderá a 3 mil 400 millones de pesos en 2019, cifra superior en 600 millones a la del año anterior.
“Afortunadamente ya resolvimos el déficit presupuestal, entonces contuvimos de manera importante la caída de calificaciones; sin embargo, prevalece y, mientras no se resuelva por parte del Gobierno Federal el tema de educación y pensiones, vamos a seguir teniendo problemas con las calificadoras y muy probablemente cambien de perspectiva”, y así costará más al servicio de la deuda.
En 2019, el Gobierno del Estado pagará mil 800 millones de pesos por el costo de la deuda conforme al Presupuesto de Egresos y los diez créditos que se pretendían refinanciar concentran 32.68% de las participaciones, apuntó López Arroyo, quien agregó que el refinanciamiento habría permitido reducir ese porcentaje y liberar mil millones de pesos en el periodo 2019-2027.
BANSI, ÚNICA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE PRESENTA PROPUESTA
El martes 25 de junio, Miguel Ángel López Arroyo externó a ZETA que la licitación pública REF/001/2019 con la que se pretendía el refinanciamiento de 8 mil 433 millones 257 mil 599.91 pesos fue declarada desierta, luego que Banamex, HSBC, Banco del Bajío, BBVA, Banorte y Banobras, se dispensaran de participar en el proceso competitivo.
En tanto que el banco Bansi, SA presentó una propuesta por mil millones de pesos. Al no haber otra con que pudiera comparársele, se declaró desierto el proceso competitivo, y la administración de Vega de Lamadrid tuvo que cancelar el refinanciamiento, toda vez que no hay “tiempo suficiente” para volver a emitir una convocatoria, ya que el Decreto 335 establece que al 31 de julio del año en curso se deberá tener un fallo o un contrato de apertura de crédito y disposición de esos recursos.
Cuestionado sobre las razones de las instituciones financieras, el funcionario argumentó que la decisión fue sorpresiva. “Financieramente, la verdad no la entendemos, porque en este proceso competitivo desde que se publicó la convocatoria el 24 de mayo hasta el viernes pasado, los principales bancos nos habían comunicado su interés por participar en el proceso, en hacer ofertas muy competitivas”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- “Kiko” Vega.
En cuanto a las declaraciones hechas un día antes por el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, sobre la falta de transparencia en la licitación y su llamado a los bancos para que no participaran so pena de ser vetados, López Arroyo evitó emitir un pronunciamiento.
En cambio, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, opinó que “sería muy lamentable” que hubiera inhibición por parte de las instituciones bancarias derivado de una expresión que ha hecho el gobernador electo. “Los bancos no pueden ser vetados por nadie, ellos tienen la libertad de participar en este proceso”, complementó.
A continuación, los créditos que se pretendía refinanciar:
BANCOS, RETICENTES A FORMALIZAR REFINANCIAMIENTO POR RECURSO ANTE SCJN
A decir de López Arroyo lo “único” que los bancos manifestaban era cierto riesgo ante el recurso de inconstitucionalidad que en mayo promovieron diez diputados locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el Decreto 335 -aprobado el 28 de marzo por la mayoría panista en el Congreso local-, pero que según el entrevistado “los mismos bancos decían ‘vamos’”.
No obstante, en el Acta de Junta de Aclaraciones de la sesión del 31 de mayo en Mexicali, es latente el recelo de las instituciones financieras sobre las implicaciones que tendría la resolución que en aproximadamente ocho meses emitirá la SCJN, así como la reticencia de algunas para formalizar los contratos que obtuvieran, tras el análisis de sus propuestas según lo establecido por el gobierno.
En una de los puntos indicados por BBVA, el banco pidió aclarar la acción de inconstitucionalidad y expuso que en caso de resultar ganador, las firmas de los contratos respectivos no se formalizarían hasta en tanto el pleno de la SCJN resolviera la acción de inconstitucionalidad 51/2019, en sentido favorable de Baja California y a satisfacción del banco.
Santander también solicitó que las ofertas se realizaran posterior a la decisión de la Corte, ya que en las bases de la licitación se señala que la propuesta sería firme por 60 días naturales y la celebración del contrato posterior a la resolución de la Corte.
En el mismo sentido, Banamex pidió incluir en las bases de licitación una disposición para establecer que en caso de que el máximo tribunal confirmara la constitucionalidad del Decreto 335 (y dicha resolución no admitiera recurso alguno), las instituciones financieras no estarían obligadas a firmar el contrato de crédito si las condiciones del mercado, a entera discreción de cada una, no fuesen las convenientes.
Por su lado, HSBC cuestionó cómo el secretario daría cumplimiento a la entrega de un certificado que emitiría el Estado, señalando que a la fecha no existía una acción de inconstitucionalidad en curso. A todo ello, el gobierno manifestó: “No hay razón, ni riesgo que jurídicamente impida la firma del contrato, pues en razón al principio de irretroactividad de esta clase de decisiones, los actos realizados al amparo del Decreto 335 impugnado no resultarán afectados cualquiera que sea la decisión de la SCJN, lo anterior con apoyo a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución”.
En otras de las más de 120 preguntas y peticiones de las instituciones financieras, la administración de Francisco Vega de Lamadrid negó la inclusión de una cláusula de vigilancia -propuesta por Santander– para que el banco hubiera tenido “en todo momento” el derecho de vigilar que el importe del crédito se destinara a los fines señalados en el contrato y pudiera designar a una persona que cuidara “el exacto cumplimiento de las obligaciones de la acreditada” (gobierno). Petición similar hizo Banamex, obteniendo la misma negativa.
TRANSPARENCIA A CORTAPISAS
De acuerdo con la modificación de las bases, emitida el 14 de junio, la Secretaría de Planeación y Finanzas que encabeza Bladimiro Hernández Díaz, aclaró a los bancos que el pago de gastos y costos asociados a la contratación de los financiamientos sería de hasta 1.10% del monto contratado por cada financiamiento, incluyendo la contratación de asesorías y servicios externos que se requieran para el diseño e instrumentación financiera y/o jurídicas, entre otros.
Foto: Archivo.- Adolfo Solís. / Foto: Cortesía.- Miguel Ángel López Arroyo.
Dicha cantidad representaba 90 millones de pesos, y aun cuando se había disminuido, al bajar el porcentaje de 2.5 a 1.10% para ese rubro, los 90 millones seguían contemplando un sobreprecio superior a 50 millones para procedimientos de este tipo, según fuentes consultadas por ZETA.
A propósito, Hernández Díaz comentó que para poder establecer a los ganadores de la licitación, una vez que los bancos presentaran sus propuestas se haría un análisis “a través de un despacho asesor”, que usaría un programa informático para comparar las tasas de interés, montos, y plazos, entre otros. Después, este se reuniría con los técnicos de finanzas para explicarles cuáles serían las mejores ofertas, dijo el funcionario, sin proporcionar los datos del despacho, arguyendo no contar con estos a la mano.
Al cuestionársele a López Arroyo, en principio dijo que “eso no se ponía en las bases, si me das un correo electrónico con gusto te hago una nota y te la mando”. Tras darle la dirección de e-mail, el funcionario no proporcionó la información y más tarde, en entrevista, negó que hubiera un despacho para ese propósito.
Días antes trascendió que el despacho Sánchez Aguilar Esquer y Compañía (SAE&Cia) habría sido el que gestionó con otros dos de la Ciudad de México la tasa de intermediación de 1.1%.
Este Semanario buscó una entrevista con el ex secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar Bojórquez, socio de dicho despacho, sin que esta fuera concedida.
EMPRESARIOS NO DESISTIRÁN DE AMPARO
Aunque se canceló el refinanciamiento de la deuda y el gobierno ya no tiene contemplado un nuevo empréstito por 2 mil 600 millones de pesos que afectaría los recursos que el Estado recibirá del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) en los próximos 20 años, también autorizado en el Decreto 335, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no desistirá en su intención de suspender el decreto.
Así lo manifestó el presidente del CCE Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, quien recordó que el documento legal además autoriza las Asociaciones Público Privadas (APP) de la desalinizadora de Rosarito y del Segundo Piso Zapata-Aeropuerto.
En su oportunidad, Adolfo Solís Farías, el abogado fiscalista que interpuso el amparo y la queja del CCE, consideró que “un gobierno sensato, honesto, transparente debería retirar esos proyectos para evitar responsabilidades futuras”.
Se pronunció a favor de que la administración de “Kiko” Vega llegue a un acuerdo con las empresas que obtuvieron esas licitaciones, “a fin de que ellas no vayan a demandar al gobierno y vaya a quedar un hueco financiero más grande del que se espera”, frene los proyectos y permita que la nueva administración revalide su viabilidad y reevalúe su conveniencia.
“Que se vuelvan a analizar los montos que hemos cuestionado”, pues la mayor preocupación está en la falta de transparencia, la mala redacción de este decreto y los errores del Legislativo, ya que el proyecto del Segundo Piso “trae un error de 10 mil 134 millones de pesos”.
Afirmó que las mesas técnicas en torno a ambos proyectos, que ha mantenido el CCE de Baja California con el gobierno, “están estancadas” y, aunque se ha tratado de resolver la disyuntiva sobre aforos, costos, tarifas, contratos y su clausulado, “no hay aún un consenso, y me parece que no va a haberlo”, de ahí que el CCE pida invalidar el decreto.
BONILLA REFINANCIARÍA DEUDA EN SU ADMINISTRACIÓN
Tras el encuentro que sostuvo con Vega de Lamadrid como parte del inicio formal de los trabajos de transición, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez aseguró que el Estado sale fortalecido con la cancelación del refinanciamiento. Adelantó que en al inicio de su gestión buscará hacerlo bajo otras condiciones y circunstancias.
“Vamos a analizar las cosas desde el punto de vista de las necesidades del próximo gobierno, las reestructuraciones no son malas siempre”, afirmó el morenista, para agregar que su inconformidad se debió a que el gobierno saliente “no tiene toda la película de lo que nosotros queremos hacer, entonces se explicó eso, el gobernador está completamente de acuerdo con que se haga, va a apoyar las gestiones para que podamos hacerla nosotros una vez entrando”.
Cabe recordar que en la edición número 2355 de ZETA (17 al 23 de mayo de 2019), Bonilla Valdez prometió dejar de adquirir deuda y echar atrás las APP “que no son transparentes”, pero no lo reiteró después de la reunión del miércoles.
Además, se comprometió a adelgazar el gobierno y recortar el gasto corriente para que el Gobierno Federal haga un rescate financiero de Baja California. No obstante, aún existe la duda de si hay espacio en las arcas de Hacienda para ello, ante la desaceleración económica del país.
