COLABORADOR INVITADO EN REFORMA/ Adela Navarro Bello
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cargado con el estigma de la reelección. En diversas ocasiones aclaró que no es su intención, incluso firmó un documento donde expresa que no se reelegirá, sellando su compromiso con la frase: “no soy un ambicioso vulgar, tengo palabra”.
Es claro que los compromisos del Presidente y sus ideales no son compartidos enteramente por todos sus colaboradores y amigos.
Así ocurre en Baja California. Jaime Bonilla Valdez, a quien López Obrador hizo fundador de Morena, senador de la República, súper delegado y candidato a gobernador, resultó triunfador en la elección del 2 de junio de 2019, aún no toma posesión, y ya actúa jurídicamente para ampliar su mandato.
Mientras en el ámbito nacional la revocación de mandato o la permanencia es tema polémico y aún no resuelto, en Baja California el líder de Morena y ahora Gobernador electo, busca en los tribunales alargar por tres años su periodo.
El proceso electoral donde fue electo partió de una convocatoria para elegir gobernador para un periodo de dos años, atendiendo una reforma constitucional del Congreso en 2014 para alinear las elecciones locales con las federales de 2021. Durante cinco años y hasta la emisión de la convocatoria en diciembre de 2018, ningún partido político o persona se inconformó con la reforma.
El escenario cambió cuando el Presidente decidió que Bonilla fuese el candidato de Morena. Entonces se iniciaron estrategias legales para ampliar el periodo de dos a cinco años (en un momento intentaron ampliarlo a seis) confiados no solo en que ganarían la elección arrastrados por la popularidad del Presidente y Morena entre el electorado, sino por el cálculo de ser acompañados por los tribunales en su intentona. Pero no fue así. En tres ocasiones, en marzo, mayo y junio de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió -con distintos razonamientos, entre ellos la extemporaneidad- que no es legal modificar la Constitución Estatal para ampliar el periodo como lo pretende el Gobernador electo. En dos casos revocó resoluciones del Tribunal Electoral de B.C. y en otra desechó un recurso de inconstitucionalidad impulsado por diputados locales pro-morenistas.
El 2 de junio de 2019 se realizó la elección y los bajacalifornianos votaron, de acuerdo a la convocatoria, por un gobernador para un periodo de dos años. Con un abstencionismo del 71 por ciento, Morena ganó la elección de gobernador con poco más de 400 mil votos. Se supondría que ante el mandato popular, se descartaría cualquier nuevo intento por ampliar el periodo ya votado. No fue así. El 14 de junio de 2019, el Gobernador electo presentó un recurso para controvertir el dictamen que resolvió la constancia de mayoría donde se indica que el periodo gubernamental será de dos años.
El Tribunal Federal reencauzó el recurso al Tribunal Estatal, y el caso recayó en la magistrada Elva Regina Jiménez, quien en dos ocasiones anteriores votó contra los proyectos de ampliación. Previendo un resultado adverso, quien será secretario de gobierno declaró que una vez instalada la próxima Legislatura (Morena tendrá mayoría calificada), cambiarían la Constitución local para ampliar el mandato.
La reiterada pretensión del primer Gobernador Lopezobradorista puro, contrasta con los votos del Presidente de no ser un “ambicioso vulgar”. En el caso de la gubernatura parecería que los apetitos de poder sí pueden estar por encima de la ley.
El activismo judicial de Morena en Baja California torturando las leyes electorales, podría ser un laboratorio jurídico-electoral de alcance nacional, debe ser una señal de alerta para la democracia mexicana toda.
La autora es directora general del Semanario ZETA.
