Casi todos hemos recibido una llamada telefónica de un extorsionador o conocemos a alguien que la recibió.
En pleno siglo 21 y con los avances tecnológicos resulta difícil creer que esta modalidad de delito siga ocurriendo, pero desgraciadamente sucede y en una cantidad abrumadora.
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Por eso vemos con gusto que el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, (SSPBC) José Fernando Sánchez González, haya convocado a una reunión donde se dio a conocer tanto la problemática como una serie de medidas de solución, habiéndose propuesto que a través de la Alianza de todos los participantes se busque acabar o reducir sustancialmente el modus operandi de los extorsionadores.
El esfuerzo será compartido por empresarios, medios de comunicación, titulares de diversas dependencias -principalmente las corporaciones de seguridad pública e instancias de justicia-, organismos de la sociedad civil, representantes de bancos, cadenas de autoservicio, líderes de opinión y otros participantes.
Aunque siempre habrá una cifra negra como consecuencia de que no todos los ofendidos o amenazados denuncian, resulta impresionante que en el Centro Estatal de Denuncia Anónima en menos de medio año se hayan producido más de 4,000 reportes al respecto.
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A pesar de que las llamadas de extorsión telefónica puedan aparecer en el identificador de llamadas con clave LADA local (en el caso de Tijuana, 664), provienen en su mayoría de tres CEFERESOS (Centros Federales de Readaptación Social), como lo son el penal de Puente Grande en Jalisco, el penal de Altamira, en Tamaulipas y el de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México.
En la mayoría de los casos la modalidad más frecuente fue la del supuesto familiar secuestrado, pero la imaginación de los delincuentes es vasta, porque inventan diversos escenarios para intentar sorprender a sus posibles víctimas y aunque el 94% no cae, son muchos los afectados y para cada uno de ellos la sozobra y el daño patrimonial es grave.
Tras la mencionada reunión, el SSPBC viajó al Estado de Chihuahua, donde participó en la reunión de Coordinación de Seguridad Pública de la Zona Noroeste, donde se acordó solicitar al Gobierno Federal, la instalación de inhibidores telefónicos en cárceles del interior de la República para impedir extorsiones, habiéndose acordado escalar el tema al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual habrá de reunirse próximamente.
La ironía del caso es que bastaría seguir el ejemplo de Baja California, donde se cuenta con inhibidores telefónicos en todas las cárceles desde hace años, por lo que no estamos hablando de medidas tecnológicas difíciles de adquirir o de implementar.
Como se sabe, en estos casos lo que se requiere es la tristemente célebre voluntad política para acabar con la corrupción.
Independientemente de las medidas oficiales que se lleven a cabo, la otra parte importante es que los ciudadanos nos sumemos a las estrategias que desarrolle la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California y que compartamos la información mencionada con nuestros familiares, con compañeros de trabajo, de escuela, con amigos y con conocidos, así como a través de las redes sociales, para que contribuyamos positivamente a cerrarles el acceso a los extorsionadores.
Lamentablemente, en la inmensa mayoría de los casos en que los delincuentes de esta modalidad tienen éxito, lo logran por que los afectados se lo permitieron, ya sea por miedo o ignorancia y no se trata simplemente de ceder a la entrega de dinero, sino que en ocasiones el receptor de la llamada de extorsión involuntariamente se convierte en cómplice de los criminales, ya que les facilita información o acciones que sin su colaboración no se hubieran conseguido.
Todo es cuestión de hacer una Alianza contra extorsiones.
Alberto Sandoval es Fundador de Alianza Civil, A.C., ex presidente del COMOSC y Secretario del CEFAB. Correo: AlbertoSandoval@AlianzaCivil.Org Internet: www.AlianzaCivil.Org Facebook: Alberto Sandoval. Twitter: @AlSandoval
