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martes, octubre 1, 2024
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Uno de seis

Foto: Internet

El lunes 3 de junio de 2019, Baja California amanecerá con gobernador electo.

Lo más probable es que la era panista que arribó al Estado en 1989 concluya, de la mano de uno de los gobiernos con mayor percepción de corrupción que se tenga en cuenta, como lo es el de Francisco Vega de Lamadrid, quien ha sido calificado como “El Duarte de BC”, en alusión al preso ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

En seis años, “Kiko” Vega acabó con lo que ningún partido pudo en los últimos 29: hacer trizas la credibilidad del Partido Acción Nacional, recordando al quehacer gubernamental priista que fue eliminado de BC, vía votos, en 1989, cuando Xicoténcatl Leyva Mortera, el último gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, cargó con el estigma de corrupción -acaso aún le persigue- que hoy Vegano se quita de la piel.

De prometer un gobierno de cambio, el PAN en Baja California se convirtió en el gobierno a cambiar, luego de sospechas de corrupción en el actual sexenio, de la transa entre secretarios, los abusos del presupuesto, los excesos en las concesiones, Asociaciones Público Privadas y los contratos; a la ausencia de confianza en la administración pública ante las deudas que sostiene el gobierno con la Universidad Autónoma de Baja California, el Tribunal Superior de Justicia, el sector educativo y el de salud, entre otros.

Desecho el gobierno y la confianza que alguna vez los bajacalifornianos le tuvieron a los gobiernos propuestos por Acción Nacional, a Vega de Lamadrid se le atravesó otro fenómeno no invencible, pues fue vencido en Guanajuato, pero sí de peso: Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional.

Aun así, el domingo 2 de junio de 2019 los bajacalifornianos elegirán a uno de seis para ser su próximo gobernador, por un periodo de dos años (finalmente y por segunda ocasión el Trife revirtió una decisión del Tribunal Electoral local para ampliar el periodo a seis años -a cinco primero- de la próxima gubernatura).

En la boleta estarán: Óscar Vega Marín, del Partido Acción Nacional; Enrique Acosta Fregoso, del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Martínez Veloz, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Osuna Jaime, de Movimiento Ciudadano; Ignacio Anaya Barriguete, del Partido de Baja California; y Jaime Bonilla Valdez, de Movimiento Regeneración Nacional.

Uno de ellos seis será el próximo gobernador.

En las últimas semanas, ZETA brindó a los lectores una entrevista con cada uno de ellos. Todos respondieron a las preguntas sobre qué harían en temas que ocupan y preocupan a los bajacalifornianos en materia de seguridad, finanzas, obras, desarrollo social, crisis en los Valles, combate a la inseguridad, al narcotráfico y a la impunidad.

Seguramente los electores tuvieron tiempo de leer en este periódico o en otros, las propuestas de los candidatos, o incluso los vieron por televisión o en redes sociales, quizá sintonizaron alguno de los tres debates organizados por el Instituto Estatal Electoral, a los cuales por cierto no acudió el candidato Bonilla.

O a lo mejor se los encontró en algún acto de campaña, o se los topó en la calle y tuvo oportunidad de escucharlos. Ojalá así haya sido, para que el voto que emita, sea razonado, a conciencia y no en bola, en paquete o por consigna.

A cada quien lo suyo, pero todos los candidatos, los seis, coincidieron en algo: el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid es de lo más corrupto, dejará el Estado quebrado, será necesario un rescate financiero e incrementó la deuda. Incluso coincidieron en que de llegar a titular la administración estatal, analizarían y darían marcha atrás a los contratos, adjudicaciones, convenios y Asociaciones Público Privadas que estableció el gobierno de Vega para incrementar la deuda estatal y pagar miles de millones por obras que cuestan menos.

En materia de seguridad, las propuestas no son tan distintas, pues los seis residen en Baja California y han padecido el problema, aunque dos de ellos, Óscar Vega y Jaime Bonilla, prometieron eliminar a la Policía Estatal Preventiva, en lugar de depurar la corporación de la corrupción que la aqueja. Así lo dejaron ver en las entrevistas que sostuvieron con los editores de ZETA.

Todos prometieron municipalizar San Quintín y también San Felipe, algunos la pensarían en el caso de González Ortega en Mexicali. Unos más que otros tienen experiencia en gobiernos, otros en la academia y el litigio, pero todos, finalmente, son políticos.

Entre las declaraciones más notorias de los seis, las entrevistas fueron tituladas así:

* “Corrupción ‘Kiko’, complicidad, y eso ya está en el crimen organizado”.- Héctor Osuna Jaime.

* “Hay dinero en BC, pero pésimamente administrado”.- Ignacio Anaya Barriguete.

* “Veo contubernio entre gobierno y crimen”.-Enrique Acosta Fregoso.

* “’Kiko’ quedó a deber a la sociedad”.- Óscar Vega Marín.

* “Va por pacto, menos con Bonilla”.- Jaime Martínez Veloz.

* “Para atrás las APP y fiscal de ‘Kiko’ Vega”.- Jaime Bonilla Valdez.

Es evidente que el tema de la corrupción en el Gobierno del Estado y Francisco Vega de Lamadrid, dominaron la campaña, de cerca el tema de la inseguridad, seguido por el de la mala administración y las finanzas afectadas en BC.

La próxima gubernatura, de dos años para empatar los comicios locales a los federales intermedios, quizá no será suficiente para que quien resulte electo componga todo lo que le dejaron desecho, pero sí será parteaguas del orden de un gobierno, lo que desde inicio se llamó una gubernatura de transición, quizá no para hacer obra, pero sí para limpiar el gobierno, castigar la corrupción, cambiar la Ley para abonarle a la transparencia y poner candados a la deshonestidad en el servicio público.

Como todas, la siguiente gubernatura es importante, pero considerando el corto periodo, es necesario que llegue una persona de actuar rápido y contundente. Tiene Usted, Lector, seis nombres para escoger. Hágalo. Escoja uno de seis. No vote en paquete. Baja California lo necesita.

Autor(a)

Adela Navarro Bello
Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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