Sin el programa formal que aplicará el gobierno federal hacia los albergues y refugios que atienden a población migrante ni respuesta sobre recursos para esos sitios, el delegado de programas de bienestar del gobierno de la República en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se reunió con directores de los doce centros que son reconocidos en Mexicali para éstas tareas.
En un encuentro a puerta cerrada en instalaciones de la Secretaría de Bienestar en la capital del estado, el funcionario sostuvo un encuentro más que nada de presentación con los directores y representantes de los albergues que se encuentran adheridos a los diferentes programas estatales y federales de apoyo.
Tomás Diosdado, director de Alfa y Omega, centro de recepción y atención a migrantes en el primer cuadro de la ciudad, explicó que la reunión se realizó el martes 25 de junio y fue prácticamente de acercamiento con el delegado, quien no mostró el programa de acción que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pensado aplicar para estos lugares, tampoco si habrá recursos económicos para ayudar a que sigan funcionando.
“No, todavía no está ‘armada’ (la estrategia). No nos pudo platicar como le ha van hacer, es todavía muy prematuro. Como te dije, fue solamente un acercamiento, ahora sí que una charla para que lo conociéramos y él conociera a los representantes de los albergues” sostuvo el entrevistado.
Agregó que los directores de los albergues, conscientes de la versión de que se les retire el dinero para que sea entregado directamente a los migrantes, propusieron implementar el uso de una tarjeta con dinero electrónico para ser usada en negocios locales y que sea dada a las personas recién lleguen a la ciudad para evitar que deambulen en la vía pública pidiendo dinero, como ha sido una de las quejas recurrentes en comerciantes de la zona centro de Mexicali. Sin embargo, esto fue rechazado por Ruíz Uribe por ser poco seguro.
Entonces, continúo Diosdado, indicaron que si no se les va dar dinero a los albergues directamente otra propuesta sería que el Gobierno Federal pague lo que en esos lugares se gasta en agua, predial y, sobre todo, energía eléctrica, que son los gastos más fuertes que tienen. El delegado no confirmó si esta idea sería aceptada, pero indicó a los asistentes a la reunión que sería analizada por las autoridades.
