La investigación del Poder Judicial para determinar las irregularidades cometidas por la jueza Rosario Plascencia Ibarra, podría resolverse hasta julio, mientras en el Congreso local no ha iniciado la indagatoria, aunque desde febrero se integró una Comisión para ello
Entre 2014 y 2018, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se adjudicó 10 mil 161 viviendas en Baja California. Todas mediante seis juicios interpuestos ante el Juzgado Quinto Civil, con sede en Tijuana, al que estaba adscrita la jueza Rosario Plascencia Ibarra antes de ser suspendida para investigarla por posibles irregularidades.
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Vía Transparencia, el Infonavit expuso que la adjudicación de viviendas mediante el Pacto Comisario Expreso fue “una estrategia implementada por el Instituto para recuperar los créditos con omisiones de pago”, y que del total de casas adjudicadas en el Estado, 3 mil 277 se volvieron a vender, aunque no reveló las inmobiliarias que participaron en dicho proceso.
El documento al que ZETA tuvo acceso, especifica que los juicios interpuestos corresponden a los expedientes 1577/2017, con dos casas; 1843/2017, con 14; 910/2016, con 586; 59/2015, con 2 mil 843; 72/2015, con 2 mil 709; y 608/2014, con 4 mil 007.
Sin embargo, la información proporcionada por el Instituto no coincide con la que se encuentra en el Juzgado, toda vez que este último expediente hace referencia a 5 mil 204 viviendas.
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El expediente 608/2014 fue precisamente el que suscitó que el Consejo de la Judicatura de Baja California revisara el proceder de la jueza a partir del 13 de febrero de 2019. Sobre ello, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, comentó que la investigación iniciada formalmente el 1 de abril se encuentra en fase final de pruebas, y una vez que concluya, podría dictarse una resolución “el mes que viene o a más tardar en julio”.
En esa etapa, Plascencia Ibarra dará sus argumentos, mayoritariamente jurídicos, aunque también de actividades administrativas, pues se está analizando su actuación.
A propósito de la información proporcionada por el Infonavit, Ortiz Morales negó que la investigación del Poder Judicial fuera por tal cantidad de viviendas adjudicadas.
Cabe señalar que entre las irregularidades denunciadas en el juicio de jurisdicción voluntaria avalado por Plascencia Ibarra, se encuentra el que la Notaría 2 de Texcoco, Estado de México, “tiró” las escrituras de las viviendas adjudicadas, sin que en el expediente haya un acuerdo de la juzgadora que lo ordene y pese a que estas se encuentran en Baja California.
Lo anterior “obedeció en parte a la oposición de algunos notarios en Baja California a formalizar las escrituras de adjudicación de viviendas” señaló el Infonavit sin hacer referencia a que el Consejo de Notarios del Estado de Baja California denunció desde febrero de 2016 – tal como ZETA dio cuenta- que las irregularidades cometidas en el proceso judicial eran ilegales.
Foto: Alejandro Gutiérrez.- La jueza Rosario Plascencia Ibarra
Ello, debido a que sin razón, la jueza Rosario Plascencia Ibarra admitió el juicio de jurisdicción voluntaria promovido por el Infonavit –en el que los ciudadanos no fueron notificados debidamente y no pudieron defenderse-, después que ella rechazara la primera demanda de juicio especial hipotecario presentada por el Instituto.
Al no poderse escriturar en Baja California, según el Infonavit, “se tuvieron que verificar las posibles opciones jurídicamente viables para formalizar las adjudicaciones” y “… el acto mismo de la escrituración en otro estado no vicia el acto mismo, ni su formalización”, tomando en cuenta que los inmuebles fueron inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Baja California por el notario que formalizó las escrituras, Sergio R Mañón Díaz. Para lo cual el Instituto pagó los impuestos y derechos, cuyo monto ascendió a 19 millones 995 mil 865.94 pesos.
A propósito de si habrá funcionarios sancionados por estos hechos, el Infonavit aseguró que “no se tiene identificado un acto ilegal”, puesto que de acuerdo con la Ley del Instituto, el plazo para el pago del crédito podrá darse por vencido anticipadamente y exigir el pago total del mismo, sin notificación o aviso previo al acreditado. Además, las más de 10 mil viviendas debieron ser correctamente dictaminadas como abandonadas.
Pese a que el 28 de febrero -a instancias del diputado de Transformemos, Luis Moreno- el Congreso Local avaló “crear una comisión para investigar el despojo de las viviendas”, los trabajos reportan nulo avance, ya que dicha Comisión legislativa quedó desintegrada luego que “prácticamente todos” sus integrantes pidieran licencia para buscar la reelección.
Así lo dijo Benjamín Gómez, presidente de la citada Comisión, quien abundó: “La Junta de Coordinación Política no ha determinado la nueva integración de la misma”.
Agregó que el próximo 3 de junio vencen las licencias de los legisladores, por lo que el tema podría retomarse, sin embargo, no hay una fecha para que eso suceda.
En otro caso, la Fiscalía General de Nayarit detuvo el 28 de mayo al ex magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por el despojo de más de 60 mil viviendas, cometido mediante juicios irregulares en ocho estados del país.
