El pasado lunes 17 de junio participé en un Conversatorio con familias y colectivos de víctimas de desaparición. Evento organizado desde hace algunos meses por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California con la Asociación Unidos por los Desaparecidos A.C. que preside Fernando Ocegueda, quien tuvo la iniciativa de reunir al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez con otros actores importantes nacionales y locales como Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda y su homólogo estatal y el Secretario Ejecutivo de la propia CEDHBC quien desde el cargo que ocupó hace varios años en la CNDH ha trabajado en la atención de las familias de las víctimas.
Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su Artículo 27, “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.” Y en el Artículo 34 “Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.”
La desaparición forzada existe en Baja California y no sólo constituye un delito sino que también configura la violación de distintos derechos humanos como el derecho al trato digno; derecho a la libertad; el derecho a la integridad y seguridad personal; derecho a la igualdad ante la ley; derecho a la legalidad, prerrogativa que tiene toda persona a que los actos de autoridad se realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico; derecho a la seguridad jurídica que implica la vigencia de un sistema jurídico normativo permanente que regula los límites y el actuar de las autoridades e instituciones frente a los titulares de los derechos; derecho a la defensa y al debido proceso; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho al acceso a la justicia y el derecho a la verdad.
Actualmente, el órgano autónomo de derechos humanos investiga 10 expedientes de Quejas por violaciones a los derechos humanos por desaparición forzada en el Estado.
Por otro lado, para la Recomendación colectiva 8/2018 de la CEDHBC por violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, adecuada procuración de justicia, a la verdad y a la debida diligencia que señalan a la PGJE se informó que se “registraron 8,220 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 2,356 corresponden al año 2015, 2,798 al año 2016, 2,733 al año 2017 y de enero a febrero del presente año corresponden 333; siendo importante destacar que 4,110 corresponden a hombres, 4,051 a mujeres, 59 no especificados, dentro de los cuales 321 son personas adultas mayores y 3,640 son niñas, niños y adolescentes.”
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el fuero común durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se registraron 14,857 personas no localizadas. En el Estado de Baja California, se registraron 402 casos.
No obstante, los registros oficiales, los diferentes colectivos y víctimas que participaron en el conversatorio hablaron de familias completas destrozadas por el dolor, la angustia y el sufrimiento de meses o años o décadas de búsqueda de personas de las que se sabe prácticamente poco porque se investiga poco. De la invisibilidad de un delito y de la normalización de la impunidad, de las amenazas que acompañan a los que buscan.
Desde el espacio que ocupé en esa mesa de diálogo y de promesas, acompañada de dos ex procuradores de derechos humanos, vi y participé de la revolución de la esperanza que representan nuevos actores políticos y mayores recursos para la implementación de una política pública de búsqueda de personas basada en la garantía de derechos humanos. Ojalá que pronto se rindan informes precisos con los impactos de los 10 millones que llegarían al Estado para fortalecer el sistema local de búsqueda y que los resultados vuelvan a fortalecer la esperanza.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
