A pesar que la justicia debe ser rápida y expedita, aún más en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, resulta que desde mayo de 2019, en Tijuana el Poder Judicial empezó a programar, o mejor dicho a posponer, las citas para las audiencias de debate y juicios, para dentro de ocho o diez meses. Así, “por la carga de trabajo”, varios presuntos delincuentes serán juzgados hasta 2020. Por ejemplo, un proceso iniciado por robo en el Número Único de Caso 0201/2017-136336, fue acordado para juicio oral el 9 de marzo de 2020, lo que supera los dos años que tiene el NSJP como plazo para impartir justicia. Tan es así, que si los procesos no se resuelven en 24 meses, cuando el imputado está preso, su abogado puede solicitar y conceder que el presunto delincuente lleve el proceso en libertad, lo que ya está sucediendo, incluso con procesados por homicidio. En la causa penal 1874/2017, que tiene detenido como responsable a Miguel Ramírez por homicidio en grado de tentativa, este fue citado para el 9 de marzo de 2020; la causa 428/2018 que procesa a Manuel Carrera por despojo, tendrá audiencia el 3 de febrero del mismo año; o Iván Alvarado, preso desde el 2 de mayo de 2018 por homicidio calificado, a quien le calendarizaron el juicio para el 13 de abril del próximo año. Dada la carga de trabajo, los juicios postergados se seguirán acumulando. Se sabe que al interior de los grupos coordinados se presentó una propuesta para resolver en el corto plazo por lo menos 800 procesos con factibilidad de un juicio abreviado, lo que reduciría el rezago. Sin embargo, esto exigiría que empleados del Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia del Estado laboraran extra por algunos fines de semana, situación a la que los togados no han cedido, argumentando la ya pesada carga laboral. Durante 2018, 3 mil carpetas iniciadas en Tijuana se dividieron entre doce jueces, quienes atendieron 250 inicios en el año.
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