Luego de la aplastante e histórica derrota del PAN en los comicios electorales 2019, sus miembros se resignan a pelear por las migajas. En tres años, el partido blanquiazul pasó de tener tres ayuntamientos, una mayoría parlamentaria abrumadora y el Gobierno del Estado, a ser una segunda fuerza raquítica y sin posiciones importantes. Con las pocas semanas que le quedan en el poder, cuatro espacios podrían representarle un salvavidas: el auditor general, la CEDHNC, el ITAIP y la Fiscalía -esta última prácticamente imposible-. La diputada Victoria Bentley Duarte afirmó que Morena y sus aliados en el Congreso buscarán enviar esas designaciones al próximo parlamento
Del miércoles 29 de mayo al 3 de junio, el escenario para el Partido Acción Nacional (PAN) dio un giro de 180 grados. Pese a contar con la estructura de gobierno a su favor, el Congreso y tres municipios, el partido hegemónico por 30 años fue aplastado en Baja California, su bastión más antiguo a nivel nacional.
Hoy solo le queda pelear por las migajas.
Para el doctor Fernando González, docente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y experto en materia política y social, el PAN veía que se avecinaba una tormenta y no hizo absolutamente nada para protegerse. No unió fuerzas, no compartió el poder con la ciudadanía, menos aún dio gobernabilidad durante los últimos tres años de gestión de Francisco Vega de Lamadrid. Eso les cobró factura el 2 de junio, cuando poco menos del 30 por ciento de la población decidió elegir otra opción; el voto duro le dio la espalda.
A escasas semanas que termine la XXII Legislatura, aún de mayoría panista, tienen cuatro nombramientos detenidos, dos de ellos incluso debieron designarse el 30 de mayo: la titularidad dela Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y los tres consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP).
A ellos se sumaría la selección del fiscal -que a estas alturas se ve prácticamente imposible- y el nuevo auditor general, cuya designación, según el diputado Raúl Castañeda Pomposo, se estimaba en la primera semana de julio, pero tras la suspensión de la sesión extraordinaria del jueves 30, el dictamen con los nueve aspirantes no pudo ser subido a pleno, por lo que se complican sus tiempos.
En entrevista, la diputada Victoria Bentley Duarte fue clara al reconocer que antes del 2 de junio, esos puestos ya estaban negociados entre el PRI y el PAN, agregándose el de magistrado anticorrupción, recientemente nombrado. Sin embargo, tras la elección, los pactos se rompieron.
Bentley Duarte afirmó que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados harán lo posible para enviar todas esas designaciones hasta la próxima Legislatura.
CONGRESO VIOLÓ LA LEY CON CEDHBC E ITAIP
El Congreso del Estado se ha caracterizado por su desorganización, su poco respeto por los plazos y por resolver temas torales de la forma más controversial y apresurada posible. Desde noviembre de 2018, el Poder Legislativo debía lanzar la convocatoria para nombrar al nuevo titular de la CEDHBC.
Viejos amigos dentro del PAN, Andrés de la Rosa y Rubén Alanis.
La intención de esta reforma era tomarse el tiempo suficiente para elegir al mejor perfil y, para el mes de mayo, el relevo de Melba Adriana Olvera, entrara de forma inmediata para ocupar el cargo por cuatro años, el cual solo en 2019 ha recibido mil 048 quejas en toda la entidad, la mayoría (622) en Tijuana, según cifras de la dependencia.
Con todo ese tiempo, los diputados intentaron hacerlo todo de última hora y no lo lograron, por lo que incumplieron con el ordenamiento de la Ley.
Aunque no precisó detalles, Bentley Duarte afirmó que ambos organismos ya estaban negociados entre el PRI y el PAN. La propia diputada denunció desde el 29 de mayo, durante la sesión de la Comisión de Gobernación, que uno de los aspirantes, concretamente Juan Valdés Moreno, tenía una relación de amistad con el presidente de la Mesa Directiva, Benjamín Gómez Macías, además de haber sido nombrado en un cargo durante la campaña a la Presidencia de la República de José Antonio Meade, abanderado del PRI en los pasados comicios federales, volviéndolo inelegible.
Esto no importó a los integrantes de dicha Comisión que lo incluyó en el dictamen, pero sugiere que -tal y como ocurrió con la selección de Omar Curiel Villaseñor, como magistrado anticorrupción- estaría negociada entre ambos partidos.
Fuentes del mismo Legislativo indican que el PRI se quedaría con la CEDHBC, pero que de último momento, el PAN rompió el acuerdo, lo que provocó la molestia de Gómez Macías, quien decidió no convocar a sesión extraordinaria donde se pretendía resolver el tema.
Al día siguiente, en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del PRI y acompañado de entonces candidato a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, denunció que funcionarios federales intentaron sobornarlo con un millón de dólares para que convocara e incluyera la modificación del periodo de la gubernatura.
Cabe señalar que la CEDHBC cuenta con 121 plazas de confianza en toda la entidad, por lo que podría considerarse un refugio político para cualquier partido que se apodere de la Comisión.
En el mismo sentido, el ITAIP, organismo que busca garantizar el derecho a la información gubernamental, fue depurado por el Comité Ciudadano de Transparencia, pero su selección fue ignorada por el Congreso del Estado, por lo que de la lista de cinco aspirantes que entregaron a diputados, terminó siendo de 24. Coincidentemente, la mayoría de los que fueron nuevamente incluidos son funcionarios, ex funcionarios o militantes de partidos. Este movimiento fue intencional, ya que pretende generar espacios para su beneficio.
Entre los aspirantes más activos se encuentra Rubén Alanís, quien fuera diputado en la XX Legislatura, además de coordinador de la campaña de Jaime Díaz Ochoa cuando este aspiraba a su segundo periodo; luego de un exilio tras un escándalo personal, pretende volver a la esfera política a través del organismo ciudadano.
Las tres vacantes también serían cubiertas en la sesión extraordinaria del 30 de mayo, pero esto no ocurrió. Mientras los diputados se reparten los espacios, en el ITAIP reciben entre 8 y 14 recursos de revisión por semana, los cuales permanecerán “congelados” hasta que el Poder Legislativo emita nombramientos.
Fuentes allegadas afirman que perfiles panistas y priistas aspiran a un espacio en este organismo. Octavio Sandoval Franco, ex presidente del ITAIP, decidió no emitir posicionamientos al respecto, pero señaló que quien cubra dicho espacio debe ser una persona con compromiso por brindar el acceso a la información.
LISTA PARA AUDITOR, PLAGADA DE PANISTAS Y PRIISTAS
El 28 de mayo, la Comisión de Fiscalización de la que se encarga Raúl Castañeda Pomposo, culminó el dictamen con la lista de nueve aspirantes a ocupar la Auditoría Superior del Estado, donde destacan algunos allegados panistas y priistas.
Los nombres son:
* Carlos Enrique García Lazcano, ex funcionario de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC)
* Carlos Montejo Ocegueda, director de la Auditoría Fiscal del Estado
* Mario Alzate Cruz, ex funcionario de ASEBC y aspirante a secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción
* Miguel Ángel Jiménez Guzmán, subtesorero en la administración de Francisco Pérez Tejada
* Víctor Manuel Cortés, director de Fiscalización del Estado
* Arturo Osuna
* Mario Beltrán
* Martin Adolfo Jaime Jáuregui, funcionario de la ASEBC
* David Gutiérrez García, ex funcionario en la gestión de Jaime Díaz Ochoa
Fuentes del Congreso establecieron que el PAN cedería la CEDHBC a cambio del auditor, e incluso ya se había definido a Carlos Montejo Ocegueda como favorito de un ala panista.
El objetivo, según comentó Raúl Castañeda Pomposo, era incluirlo de último momento para la sesión extraordinaria, otorgar de dos a tres semanas para entrevistas y nombrarlo la primera semana de julio. No contaban con que dicha sesión se suspendiera y que los planes se vendrían abajo.
Fernando González, doctor, catedrático y experto en materia política.
Una semana después, el Congreso del Estado no sesionó y mantuvo prácticamente todos los temas “congelados”, sin importar los problemas que eso conlleva.
Referente a la Fiscalía General del Estado, los legisladores deben esperar hasta el 11 de junio, cuando se lleve a cabo la audiencia ante la justicia federal para determinar si se otorga la suspensión definitiva del amparo interpuesto por la diputada Victoria Bentley, con el que frenó el nombramiento del fiscal. En el recurso argumentó que había un transitorio “ilegal” en la reforma constitucional que da lugar a la nueva institución, entre otros puntos de la violación al proceso legislativo.
El tema ya fue aprobado por los ayuntamientos y, en caso de no otorgarse la suspensión, el Poder Legislativo tendría la posibilidad de emitir la convocatoria e iniciar con las entrevistas. De ser así, tendrían hasta el último día de julio para nombrar al nuevo fiscal, y después de ello dispondrían de 30 días para definir al fiscal Anticorrupción.
Tanto el diputado Andrés de la Rosa Anaya, como Raúl Castañeda Pomposo, afirmaron que continuarán con los trabajos para sacar adelante los temas hasta el último día de su gestión, no obstante el primero acusó a los legisladores de Morena de frenar los nombramientos por intereses meramente políticos.
YA NO LE ALCANZA EL PODER AL PAN: EXPERTO
Fernando González, académico de la UABC y experto en política, consideró que el PAN-Gobierno mostró un marcado desinterés en preservarse y actuar para reducir daños, pues la tormenta que se avecinaba el 2 de junio era evidente.
Temas como el fiscal, la CEDHBC y el ITAIP, pudieron afianzarse desde mucho tiempo atrás, pero la inacción los llevó a un escenario donde ya no cuentan con el poder absoluto, por lo que ve muy complicado que logren hacerse de esas posiciones.
Ante el nuevo panorama, las posibilidades de negociación se vuelven adversas, lo que repercutirá en el Poder Legislativo.
González aseveró que el PAN se mantuvo inerte desde hace varias elecciones, pues apostaba a preservar la poca participación ciudadana. De manera paralela, utilizaba algunos sectores para simular una intervención de la sociedad en las decisiones de gobierno.
Como ejemplo señaló al ITAIP, pues se designó a un comité ciudadano para revisar los perfiles, pero al final ignoró sus recomendaciones, agregando a todos los rechazados a la lista final. Un hecho similar ocurrió con el magistrado Anticorrupción, quien fue el peor evaluado y aun así fue electo a través de una sospechosa votación por cédula.
Este tipo de actos son simulaciones para fingir una intervención de la sociedad, pero al final el PAN-Gobierno nunca cedió el poder a los ciudadanos.
Sus acciones, una a una, fueron desgastando su imagen y, en esta última elección, el voto duro le dio la espalda al PAN, provocando que, pese a la poca participación ciudadana, Morena arrasara.
