Luego de tres mesas técnicas sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California validó que el Gobierno del Estado refinancie 8 mil 200 millones de pesos en lugar de los 12 mil millones de pesos que le autorizaba el Decreto 335, aprobado por el Congreso local en abril pasado y que fue impugnado judicialmente por dicho organismo empresarial y algunos diputados.
El presidente del CCE de Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, informó que entre los resultados de esas mesas de negociación también se pudo disminuir el porcentaje de intermediación o comisión que previstas en el Decreto 335, de 2.5% a 1.1%.
“Estuvimos consiguiendo dos opciones de empresas que se dedican a eso para conseguir mejores créditos con el gobierno, y llegamos al acuerdo de que el porcentaje de intermediación máximo sea el 1.1 por ciento, lo que se traduce en hasta 90 millones de pesos”, en lugar de los 400 millones originalmente considerados.
Estamos por firmar el acuerdo, y “verificar” que las bases que emita la Secretaría de Planeación y Finanzas contengan esos lineamientos, con el fin de que la banca participe en dicho refinanciamiento. Por otro lado, confirmó que la administración de “Kiko” Vega desistió de adquirir un nuevo empréstito por 2 mil 600 millones de pesos, que inicialmente había dicho que serían destinados a educación.
En los temas en los que aún no hay acuerdo son el Segundo Piso Zapata-Aeropuerto, en el que los empresarios se proponen eliminar el aforo vehicular garantizado, ya que éste reduce el riesgo a la empresa imponiéndole una carga al Gobierno; así como la desalinizadora de Rosarito.
Ante el panorama de menor crecimiento económico para México, pronosticado por diversos especialistas, Camarena Salinas se pronunció a favor de la estabilidad.
Recordó que la cancelación de proyectos magnos en el interior del país ha generado incertidumbre.
“En Baja California lo que no ha habido es inversión pública”, precisó Camarena Salinas, y agregó que dicha inversión debería ser del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, “pero anda como en 1%. Lo que quiere decir es que el Estado no ha podido invertir recursos”, según explicó. No obstante, previó que esta situación pueda cambiar en los próximos meses, una vez que el gobernador electo asuma la titularidad del Estado.
