En la Secretaría de Planeación y Finanzas están muy contentos porque la dependencia que dirige Bladimiro Hernández Díaz está por emitir la convocatoria para licitar el refinanciamiento de 8 mil 200 millones de pesos de la deuda del Estado. Aunque es un monto menor al que inicialmente había propuesto en el Decreto 335, a la secretaría le complace “desactivar” la oposición que había ejercido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, el cual interpuso un recurso de amparo contra el citado decreto. Para algunos, la “fructífera” negociación en las mesas técnicas con empresarios, no se debe tanto al “logro” de bajar la tasa de intermediación de 2.5 a 1.1 por ciento que se cobrará por refinanciar el monto total de los empréstitos y a la revisión exhaustiva de los mismos, como anunció Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE Tijuana y coordinador de los CCE a nivel estatal, sino a la promesa de que el líder empresarial tenga un futuro político electoral. La noticia fue divulgada días antes que el CCE reciba los resultados de la fiscalización de los ingresos y egresos del gobierno por parte del despacho Sánchez Aguilar Esquer y Compañía (SAE&Cía), que comandan el ex secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar Bojórquez, y el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Reginaldo Martín Esquer Félix. Este último, también socio del presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez. Lo que llama la atención -aseguran los más aguzados- es que el despacho contratado por el CCE para el análisis financiero habría sido el mismo que gestionó con otros dos de Ciudad de México, la tasa de intermediación de 1.1%. Vamos, que con la deficiente administración del panista “Kiko” Vega, ganan todos… menos los bajacalifornianos.
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