Viajes a Canadá, gastos excesivos en comidas y hospedajes, compra de televisiones, víveres, costosas asesorías para allegados a funcionarios y ex funcionarios, hasta contratación de comediantes, son algunas de las erogaciones realizadas por diputados de la XXII Legislatura, con dinero que -se supone- es para gasto social y el funcionamiento de su respectiva Comisión. No conforme con ello, al saber que serían exhibidos, el Congreso hizo lo posible por dilatar la entrega de la información hasta después de las elecciones, sin importarles recibir una sanción de 400 UMA por desacatar una orden del ITAIP
Entre lujos, excesos y transas, viven algunos diputados de la XXII Legislatura, pues de los 200 mil pesos mensuales que reciben para gasto social, los 150 mil extra para el funcionamiento de su Comisión, despilfarrados durante tres años a costas del erario, se mantienen bajo una gran estela de opacidad, especialmente cuando este recurso se eroga de manera discrecional.
Entre las peculiaridades a las que se logró acceder –a pesar que los diputados no quieren aportarle a la transparencia- se observaron viajes a Canadá a costa del erario, jugosos contratos con empresas de manejo de redes y publicidad, facturas en favor del candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Vega Marín, por supuestas consultorías en la Comisión del diputado Carlos Torres Torres; hasta cobros por más de 200 mil pesos por los servicios de Omar Landa Cabada, conductor que da vida a “La Maruja”, quien cuenta con un espacio en el área de espectáculos de Canal 66. Convenientemente, el servicio fue solicitado por la diputada y hoy candidata Trinidad Vaca Chacón, quien durante varios años condujo un programa en la misma televisora.
También se realizaron prominentes contratos de asesorías para empresas ligadas a Jorge Alberto Cornejo Manzo, ex funcionario allegado al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien salió por la puerta trasera de la administración estatal.
Como antecedente, para poder obtener gran parte de esta información, desde ZETA se litigó durante ocho meses, y, tras recibir la sentencia favorable, se tuvo que cotejar un listado 85 mil fojas de expedientes.
Fue tal la necedad de funcionarios del Congreso del Estado, que el director Contabilidad y Finanzas, Raymundo Vega Andrade, fue multado con 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto es, 33 mil 796 pesos, por retrasar e incumplir la sentencia emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). Desde el interior del parlamento, se nos indicó que toda la información requerida no sería entregada hasta después de las elecciones porque así convenía a sus intereses.
A continuación se presenta una parte del análisis total que se estará entregando en próximas semanas.
PANISTAS DESPILFARRAN EN “ASESORES”
Para gastar, los diputados Andrés de la Rosa Anaya, Eva María Vásquez, Iraís Vázquez y José Félix Arango -los últimos tres aspirantes a la reelección-, se miden aparte. Son los que más erogaciones realizaron en diversas cuestiones, sobre todo en extrañas asesorías y consultorías.
Como ejemplo se pueden cotejar los gastos de la diputada Iraís Vázquez, quien durante los primeros ocho meses del año erogó un millón 710 mil pesos, divididos en siete cheques -algunos repetidos- a la empresa Soluciones Integrales y Empresariales Solitem, SA de CV, radicada en Monterrey, Nuevo León.
Los últimos dos cheques que la legisladora entregó a la empresa -obviamente sin licitar- fueron por 150 mil y 900 mil pesos, ambos el 16 de marzo de 2018. Curiosamente, la empresa fue liquidada tres meses después.
Pese a la extenuante búsqueda, no se pudo localizar mayor información sobre la empresa y sus propietarios, Javier Lozano Coronado y Ernesto Garza Ríos, los cuales -según el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC)- dijeron residir juntos en la calle Papantla número 611 en la colonia Mitras Norte de Monterrey, Nuevo León.
El único reporte que se tiene de Solitem es una observación de la Auditoría Superior de Nuevo León, donde precisa que no comprobó los servicios que ofreció en 2015.
Otra empresa regiomontana fue contratada por la diputada Eva María Vásquez, hoy candidata por el Distrito III, de Mexicali. Su nombre es Vatermin, SA de CV, creada en junio de 2016 y propiedad de Julio César Salinas Mata, José de Jesús Alemán Zavala y Salvador Policarpo Morales Serrato. Dos de ellos contaban con varias empresas a su nombre, pero estas quebraron en 2009. Fue después de la creación de Vatermin –dedicada al ramo de la construcción, según el RPPC– que reactivaron sus actividades.
ZETA tuvo acceso a los miles de documentos sobre gastos de los diputados, y en uno de los dos cheques cobrados por la citada empresa -ambos por montos de 69 mil 600 pesos y liberados en mayo y junio-, específicamente el de número 0148615, se entregó a Jorge Alberto Cornejo Manzo, ex funcionario de la administración de Francisco Vega de Lamadrid en el área de Comunicación Social.
Cornejo Manzo también fue contratado por la diputada Eva María Vásquez para brindar manejo de marketing político, a través de su empresa Servicios Especializados BC, S de RL, fundada en 2017, y que el 14 de febrero y 20 de marzo, otorgó dos cheques por 69 mil 200 pesos cada uno; dicho dinero corresponde al gasto de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que nada tiene que ver con los servicios otorgados.
Otra empresa contratada para investigación y asesoría para trabajos del sector público, es Servicios Generales Berlín, SA de CV, creada en 2016 y también con sede en Monterrey, la cual cobró un cheque por 69 mil 600 por sus servicios el 24 de abril de 2018. El propietario es Alberto Torres Corona, quien es socio del propietario de Vatermin, Julio César Salinas Mata, en un negocio llamado Maquinados y Servicios Supremos, SA de CV, dedicada a la reparación y venta de maquinaria.
Los propietarios de dichas empresas están vinculados, y curiosamente cobran la misma cantidad en sus cheques.
Andrés de la Rosa Anaya, Sergio Tolento y José Félix Arango -Los diputados del Grupo Mexicali- tampoco se preocuparon en medir sus gastos, pues la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Administración y Agricultura, pagaron alrededor de 2 millones 047 mil 226 pesos -divididos en 50 cheques- a dos hermanos llamados Erick Alejandro y Jesús Baldomero Álvarez Contreras, este último encargado de un despacho contable que ha sido contratado por el PAN para diversos movimientos financieros. También ha realizado evaluaciones al Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), del Gobierno del Estado.
Se desconoce qué tipo de actividades realizaron para los legisladores, pero los gastos se realizaron entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2018.
Nuevamente Eva María Vázquez y Carlos Torres Torres, del PAN, invirtieron su recurso discrecional en varios temas, como el pago de servicios de asesoría de Jorge Mario de Regules Agúndez, quien percibió 350 mil pesos en siete cheques entre enero y julio de ese año.
De Regules Agúndez, está ligado al PAN por una asociación civil llamada Centro Integral para la Organización de Comunidades, de la cual fue secretario desde 2014 hasta finales de 2018. Dicha AC fue fundada Martha Alicia Gelista Barba, subdirectora de Desarrollo Social, cuando el titular era el regidor Arnulfo “Fufo” Guerrero en la
Poco trabajo de diputados suplentes en Baja California
Los diez diputados suplentes que desde del 11 de abril y hasta el 3 de junio cubren la curul de los diputados que salieron a campaña a buscar la reelección, únicamente agregaron ocho trabajos legislativos documentados en casi dos meses de labores.
No obstante, la escasa actividad legislativa la concentraron dos suplentes: Teresa Patricia Valeriano Pérez, quien en la sesión de 2 de mayo se unió a acuerdo presentado por Job Montoya para que la Federación destine los recursos necesarios para llevar brigadas oncológicas a San Quintín.
De igual forma, leyó un exhorto del Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal de Justicia Electoral y a todos los integrantes de los partidos político, para que den mayor difusión respecto a la violencia política de género.
En la sesión del 16 de mayo, Valeriano Pérez presentó un punto de acuerdo y exhorto para que la administración de Francisco Vega de Lamadrid destine recursos en el presupuesto para la creación del Instituto de las Personas Adultas Mayores del Estado, además de presentar una iniciativa para reformar el Artículo 5 del Código Penal del Estado para ampliar el número y tipo de sanciones en cuanto a violencia política por razón de género.
Por su parte, Gregorio Saúl Osnaya López presentó el 2 de mayo un punto de acuerdo con el que se solicitó al alcalde de Tijuana informar la cantidad de fraccionamientos que no han sido entregados al gobierno municipal, así como el estatus que guarda cada uno de ellos. También un posicionamiento para reflexionar sobre una futura creación de un municipio en la Zona Este de Tijuana.
Mientras que Marcia Barrientos Lizárraga, sin trabajo presentado ante el pleno, sostuvo una reunión el 25 de abril con representantes de Casas Hogar, organismo encargado de asistir a niños y adolescentes, para dar seguimiento a la iniciativa de reforma a la Ley de Institutos de Asistencia Social.
Félix René Moctezuma Estrada, presentó iniciativa de reforma de los artículos 22 y 23 de la Ley de Turismo para el Estado de Baja California para ampliar los beneficios de la tarjeta Se Turista en tu Estado a la población juvenil. Se turnó a Comisiones.
Yessica Berenice Elizalde Villalobos y Silvia Álvarez Hernández se unieron al punto de acuerdo del diputado Osnaya López, con el que se solicita al alcalde de Tijuana, informar la cantidad de fraccionamientos que no han sido entregados.
En la sesión del 16 de mayo, José Luis Bribiesca Alcolea se unió al punto de acuerdo presentado por la perredista Rocío López Gorosave, con el que exhortaron al secretario general de Gobierno a entregar un informe escrito sobre los adeudos a la Universidad Autónoma de Baja California. En la misma sesión presentó un punto de acuerdo con dispensa de trámite para llamar a comparecer a los titulares de Planeación y Finanzas y de Educación para explicar la situación de adeudo que guarda la administración estatal con la UABC.
Alma Elisa Saldaña Rivera y Nibardo Flores Heredia no presentaron trabajo alguno ante el pleno; Carmen Leticia Ávalos Valenzuela ni siquiera rindió protesta porque prefirió la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito XV; y Blanca Patricia Ríos López ya regresó a su curul. Alejandro García Magallón
administración de Jorge Ramos Hernández; también estaba conformada por Javier Pichardo Merlos, actual jefe de Programas Federales de la Tesorería de Rosarito -con la alcaldesa Mirna Rincón-; Samuel Ángel Rosas Soto, jefe del Departamento de Inspección y Verificación de la delegación Cerro Colorado; y Sharesly Guerrero González, quien trabajara en la Dirección de Participación Ciudadana y Organización Social con el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum.
El propio Torres Torres usó dinero para el funcionamiento de su Comisión para contratar a Grupo LRL, SA de CV, al que pagó 370 mil pesos por el manejo de redes sociales y marketing digital. La empresa es propiedad de Walter López Arce, Jesús Armando León Valladolid y Germán Raúl Camarillo Govea, quienes también son poseedores de la prestigiosa Business Thinking, una de las más importantes del ramo en el noroeste del país.
Carlos Torres Torres -quien preside la Comisión de Participación Ciudadana- también pagó los servicios de Óscar Vega Marín, actual candidato a la gubernatura de Baja California por el PAN, el cual cobró tres cheques en enero, febrero y marzo por 31 mil 800 pesos, por servicio de asesorías de gestión.
VIAJES, VÍVERES Y MÁS
La diputada Trinidad Vaca Chacón, no escatimó y pagó dos boletos de avión a la empresa Air Canadá, con un costo de 14 mil 900 pesos cada uno, que fueron cargados al erario el 5 de junio de 2018. Al revisas sus redes sociales, se puede identificar que del 29 de mayo al 7 de junio no hubo actividad alguna de la legisladora. Tampoco se informa de alguna agenda de trabajo a aquel país.
Vaca Chacón -quien presidía la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos- también emitió dos cheques para Omar Octavio Landa Cabada, mejor conocido como “La Maruja”, conductor de programas de variedades que trabaja en diversos medios de comunicación, entre estos Canal 66, donde la hoy diputada del PAN tuvo un programa de asistencia social por varios años. El monto de cada pago fue por 116 mil pesos y ambos se cobraron el 28 de mayo de 2018.
De igual manera, Víctor Morán, hoy candidato por Movimiento Regeneración Nacional, aprovechó el erario para comprar los víveres y artículos de uso personal; en junio de 2017 realizó una visita a Costco Mexicali, donde compró artículos como pollo, anti-transpirante para mujer, suavizante de telas, tomates, pasta de dientes, entre otras cosas, por lo que la sociedad terminó pagando más de 2 mil pesos. También cargó al erario una televisión que se desconoce si instaló en el Congreso.
No se puede cuestionar su gusto por la buena comida, pues varias de sus facturas son en restaurantes, cuyos montos superan los 5 mil pesos; algunos lugares como Cabanna, Restaurante Mediterráneos, Mochomos, entre otros.
Quien también disfruta la buena comida es la diputada priista Patricia Ríos, quien el 1 de marzo de 2018, erogó nada menos que 8 mil 638.50 pesos en una comida en el restaurante Entremar -Clo Clo, SA de CV-, ubicado en la colonia Chapultepec Morales de la delegación Miguel Hidalgo.
Pero no fue la única vez, pues también gastó más de 6 mil pesos en una comida en el restaurante Jo Chu Lydia del Centro Cívico de Mexicali.
La joven legisladora desembolsó alrededor de 300 mil pesos por los servicios de una empresa de reciente creación llamada Maxiempresa 2000, SA de CV, la cual pertenece al giro de la construcción que, según el RPPC, ha celebrado contratos por trabajos publicitarios, tanto del Instituto Estatal Electoral como del Gobierno del Estado, algunos por varios miles de pesos.
De acuerdo con las facturas, Maxiempresa 200 se localiza en Avenida José María Larroque número 1959 de la colonia Nueva en Mexicali. Sin embargo, ZETA acudió a sus instalaciones y solo se observó un inmueble en construcción, mientras que los trabajadores dijeron desconocer información sobre dicha empresa.
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho también aprovechó el dinero del erario para pasar un tiempo en Rancho Santa Teresa, ubicado sobre la carretera Tecate-Ensenada. El inmueble, de giro familiar -como se establece en su página de internet- ofrece diversas actividades, desde paseos hasta degustación de vinos; ahí erogó 2 mil 250 pesos de hospedaje el 12 de julio de 2018.
En cuanto a hospedajes, hay que mencionar los que disfruta la diputada Alfa Peñaloza, encargada de la Comisión de Grupos Vulnerables, quien gastó más de 10 mil pesos en dos estadías en Hotel Corona, de Ensenada. El cargo al Congreso se dio el mismo día que el de Corona Bolaños Cacho.
Peñaloza Valdez también realizó un gasto peculiar en favor de la Asociación de Condominios New City Diamante, ubicada en Zona Río, una de las más exclusivas de Tijuana. El grupo nada vulnerable recibió 38 mil 500 pesos de la diputada panista el 17 de enero de 2018.
No todos los documentos facilitados por el Congreso del Estado justifican la adquisición o gasto realizado por el legislador, por lo que todos se vuelven discrecionales.
Por las próximas semanas, ZETA estará publicando más detalles sobre las erogaciones que realizan los diputados de la XXII Legislatura.
