Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 26 de octubre del 2014, y el ex procurador estatal, Iñaki Blanco Cabrera, se reunieron, por primera vez, luego de cuatro años y nueve meses, con los padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en el municipio de Iguala.
El encuentro ocurrió ayer martes, en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, y fue difundido en su cuenta de la red social Twitter por Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien anexó un par de fotografías.
Según lo informaron medios nacionales, los padres de los normalistas que forman parte de la Comisión reclamaron al ex mandatario estatal que no hubiera dispuesto de los recursos para prevenir los hechos. Sin embargo, Aguirre Rivero argumentó que hizo todo lo que estaba a su alcance, y reiteró que desconoce el paradero de los estudiantes, ya que si lo supiera, lo hubiera dicho.
“Fue una reunión importante porque es la primera vez en nuestro País que personas señaladas en un caso comparecen ante un mecanismo de justicia transicional […] Fue una reunión complicada, difícil, porque estaban ahí las víctimas”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado y defensor de derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Rosales Sierra explicó que el diálogo giró en torno a la investigación del caso y se acordó un segundo encuentro con el ex gobernador y el ex procurador, de quienes confía puedan aportar información importante. “Ellos dicen que tienen toda la disposición”, refirió el abogado.
Según el diario Reforma, la información proporcionada por los ex funcionarios estatales tiene el carácter de confidencial, y la Comisión valorará qué presenta ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se integre en el expediente del caso Ayotzinapa.
Por otra parte, este miércoles, la FGR creó mediante un decreto -que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que surte efecto a partir de mañana-, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa, que estará adscrita a la oficina del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
“[Será] la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”, se lee en el decreto de la FGR.
En los artículos transitorios se precisa que los recursos materiales, financieros y humanos que tenía la anterior Oficina de Investigación, que se creó en la antigua Procuraduría General de la República (PGR), pasarán a la Coordinación de Planeación y Administración.
“La Coordinación de Planeación y Administración otorgará los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para la óptima operación y funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa”, se establece en otro de los puntos del acuerdo.
El pasado 19 de junio, la Segob presentó un informe a seis meses del inicio de labores de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, realizado con información de cinco sesiones ordinarias, de 35 acuerdos pactados, de los cuales se han cumplido 32.
En el documento de 14 páginas, entregado a los padres de los normalistas desaparecidos y difundido por la propia Segob, se indicó que hasta el momento se han realizado tres búsquedas en terreno, en 14 campos de zonas relacionadas con los hechos.
“En coordinación con personal de la Fiscalía General de la República, y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han establecido tres operativos de búsqueda en 14 campos en zonas de importancia relacionada con los hechos […] Es importante realizar un análisis de la información realizada con un esquema científico, respecto a la georreferenciación de las zonas de interés, acciones que pueden brindar mayores datos de prueba”, abundó.
También se detalló el encuentro que sostuvieron los integrantes de la comisión con Alejandro Gertz Manero. “El 3 de abril de 2019, el presidente de la CoVAJ hizo del conocimiento al Fiscal General de la República las propuestas que la Comisión ha recibido para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especial para el caso”, indicó el informe.
“El 24 de mayo de 2019, de manera oficial, nuevamente el presidente de la Comisión hizo del conocimiento al Fiscal General de la República el nombre de la persona que cuenta con el respaldo de los padres, madres y representantes para continuar con la investigación dentro de esa Fiscalía General de la República”, señaló la Segob.
