Golpes, detenciones ilegales, robo de equipo y demandas son algunos de los obstáculos que los trabajadores de ‘Diario de Yucatán’ han tenido que salvar para investigar al poder municipal y estatal
Carlos F. Cámara Gutiérrez
En la última década los reporteros y representantes de Diario de Yucatán han sufrido siete agresiones. A pesar de los ofrecimientos de organismos defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, e incluso de las autoridades de los tres niveles de gobierno, solo en dos casos se emitieron resoluciones a favor de los reporteros. En los demás los encargados de impartir justicia guardaron silencio o simplemente los dejaron en el olvido.
Primer atentado
La primera de las agresiones contra personal de Megamedia en estados diez años ocurrió en abril de 2009 en Campeche. Simpatizantes panistas en embestir con sus autos a personal de la corporación después de que Diario de Yucatán denunció que la Lotería Nacional pretendió utilizar fondos de esa institución para pagar propaganda a favor del PAN, en particular a favor de intereses de la familia Mouriño. Los principales blancos de los ataques fueron empleados de Distribución, del departamento de Crédito y Cobranza, y personal que atendía un edificio de Grupo Megamedia en un supermercado de la avenida Central campechana. Las agresiones implicaron intentos de embestir a los trabajadores y amenazas e intimidación con violencia física.
¿Una venganza?
Un año más tarde, el 7 de agosto de 2010, Gabriela López Gómez, asesora de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, denunció penalmente al reportero Hansel Vargas Aguilar por presunta difamación cuando investigaba el polémico proyecto “Mi Stilo es Yucatán”.
Hansel Vargas, hoy ya jubilado, asistió a un desfile de modas llamado “Mi Stilo es Yucatán”, una marca de ropa vinculada a Ortega, en la quinta Montes Molina. El entonces periodista de Diario de Yucatán tomó fotos y fue corrido del lugar. Horas después, Gabriela López presentó una demanda contra él, porque presuntamente ingresó “a la fuerza” y tomó fotografías a las modelos en ropa interior.
López, hoy senadora de Morena por Quintana Roo, era directora de la empresa Local Consultores, contratada por el gobierno yucateco, y organizó ese evento de común acuerdo con los propietarios relacionados con la gobernadora para promover la marca de ropa. Este caso de difamación contra el periodista de esta casa editorial quedó impune.
Primer castigo
El 1 de enero de 2014, el reportero Edwin Canché Pech acudió a cubrir un accidente de tránsito en Seyé, que Sergio Dzul Huchim, hermano del entonces alcalde, Hermilo Dzul Huchim, ocasionó al conducir ebrio una camioneta que estrelló contra la casa de una vecina.
Cuando el reportero tomaba fotografías del vehículo, el presidente municipal, que llegó al sitio acompañado de funcionarios, ordenó su detención. Chanché fue sometido por varios policías, lo subieron a una camioneta y le golpearon. El primer edil se sumó a la golpiza. En el Palacio Municipal de Seyé, el periodista fue agredido de nuevo por policías y por el hoy exalcalde, quien dijo que estaba “harto” de las críticas. Canché fue liberado una hora después.
Dos meses después de que Dzul Huchim dejó el cargo, en octubre de 2015, fue aprehendido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad y lesiones que sufrió el colaborador del Diario. Según un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR), el exalcalde fue localizado en Acanceh y después de su detención fue trasladado al penal de Mérida. La resolución fue de una autoridad federal.
“Es la política, jefe…, nada puedo hacer”
El 2 de mayo de 2015, el periodista Hernán Javier Casares Cámara investigaba en unas bodegas del Periférico Sur, en Mérida, el presunto almacenamiento de regalos para la campaña electoral del PRI. Alrededor de 25 trabajadores de las bodegas detuvieron al reportero, le quitaron su celular y borraron la memoria del teléfono y las imágenes que había tomado. También le arrebataron las llaves de su coche, le agredieron verbalmente y lo retuvieron ilegalmente. Un policía estatal observaba toda la escena.
Cuando Hernán Casares le reclamó al agente por no protegerlo, el policía respondió: “Es la política, jefe…, nada puedo hacer”.
El caso aún permanece impune, a pesar de las denuncias de los representantes legales de la empresa editorial y de organizaciones civiles que lo apoyaron.
Detenido y amedrentado
El 18 de julio de 2015, dos meses después de la agresión a Hernán Casares, agentes de la SSP detuvieron con violencia y esposaron al reportero Gabriel Jesús Chan Uicab cuando cubría el reporte de una persona herida con arma de fuego en la Avenida 128 Mérida.
Cuando Chan Uicab preguntó la razón por la cual lo llevaban detenido y protestó por el trato que le daban, el patrullero le gritó que él podía tratarlo como quisiera y pidió que apuntara su nombre, ya que a él no le podían hacer nada. “Me llamo Carlos Durán”, le advirtió el oficial.
Los policías se apoderaron de su teléfono celular y le borraron todas las fotos y vídeos que tenía de su jornada laboral. Al llegar al edificio de la SSP, el comandante Raúl Caamal Gutiérrez le pidió que firmara un documento en el que se comprometía a no denunciar las agresiones.
A pesar de las “invitaciones” del comandante Caamal Gutiérrez a no denunciar contra la SSP, el periodista levantó la querella ante la Fiscalía General del Estado. El expediente, según se investigó, permanece inactivo.
Prepotencia oficial
El 7 de marzo de 2017, el reportero Mauricio Can Tec cubría la nota sobre un posible embargo a la Comuna de Cacalchén, que finalmente fue una diligencia contra el alcalde Pastor Canul Zárate.
El enojo de Canul Zárate terminó en la violenta detención del periodista, quien preguntó el motivo y le respondieron: “Ahí en la dirección (de Policía) te van a decir”. Cuando Can Tec insisitió en que no había ninguna razón para que lo detuvieran, los policías lo arrastraron cinco metros. Uno de ellos lo sujetaba por la garganta, ahorcándolo, y otro le levantaba las piernas. En la patrulla, otro más recargó sus rodillas sobre las piernas del reportero.
Mauricio Can estuvo horas encarcelado, acusado de “allanamiento” al domicilio del alcalde de Cacalchén. Solo salió en libertad con la “petición” de que no publicara nada contra el primer edil para no perjudicarlo ante la cercanía de las elecciones de 2018. El Director de Seguridad Pública, además, le exigió que borrara las fotos que había tomado, ya que eran órdenes del alcalde
El 18 de mayo de 2018, un juez federal en Yucatán vinculó a proceso por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones a seis personas, quienes durante la detención arbitraria de Can Tec ocupaban los cargos de alcalde, director de la Policía Municipal, comandante y tres agentes del municipio de Cacalchén.
Salvaje golpiza
El caso más reciente contra un representante de Grupo Megamedia ocurrió el 1 de marzo pasado en Ticul. El reportero Sergio Iván Chi Chi fue agredido a golpes, con tubos y piedras, por cuatro sujetos encapuchados.
El atentado ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando Sergio Iván llevó un paquete de ejemplares del Diario a una tienda para su venta. Los victimarios llegaron a bordo de dos motocicletas y sorprendieron al reportero cuando estaba de espaldas. Mientras lo golpeaban, uno de los agresores le dijo: “Sabes lo que tienes hecho”.
Chi Chi recibió atención médica en la clínica del IMSS de Ticul por una herida de cinco centímetros en la ceja y otros golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. El periodista interpuso la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado.
Cuatro días después de la agresión al reportero de Megamedia, agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron en Ticul a tres integrantes de la banda de “Los Chulos”, incluido un menor de edad, como presuntos responsables de la agresión a Chi Chi.
Sin embargo, personal de la dependencia dejó entrever que la agresión podría quedar impune, ya que la detención se hizo porque los vándalos tenían droga y para procesarlos por la golpiza al periodista éste tiene que presentar a dos testigos, de lo contrario, podrían ser liberados. Las investigaciones oficiales, al parecer, continúan.
