El incumplimiento de la reinstalación del magistrado Blas Roberto Romero López a la Sala de Mexicali del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ordenada por el Congreso hace más de un mes, generó la inconformidad de varios diputados, quienes evalúan el funcionamiento del mismo por diversas irregularidades. Hace unas semanas se interpuso una solicitud de juicio político contra los magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Alberto Loaiza Martínez, a quienes se acusa de desacatar un mandato judicial y soberano
Los ojos del Congreso del Estado se focalizan en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California. El incumplimiento de la orden soberana para la reinstalación del magistrado Blas Roberto Romero López a la Sala de Mexicali -quien fue designado como titular de la Sala de Ensenada en junio de 2016, pero removido meses después por una orden judicial emitida el 11 de marzo de 2019- causó molestia en integrantes del Poder Legislativo, los cuales evalúan qué acciones tomar.
La situación subió de tono a raíz de la solicitud de juicio político interpuesta por el magistrado Romero López, contra sus homólogos Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Alberto Loaiza Martínez, este último presidente del pleno del TEJA, quienes -según Romero- intentan evitar a toda costa su instalación en la Sala Mexicali, vacante desde hace varios años.
El conflicto entre algunos diputados y el TEJA no es nuevo, pues en una comparecencia realizada el 6 de diciembre de 2018, la diputada Iraís Vázquez cerró su participación en la Comisión de Hacienda reclamando una serie de acciones que consideró irregulares, como la operación de una sala en Tijuana con un magistrado auxiliar que no fue designado por el Congreso; la solicitud de incrementos presupuestales hasta el cien por ciento; juicios pendientes y la inacción para reinstalar al magistrado Blas Romero López.
Ese día la diputada declaró: “Hay una autonomía que en su momento se otorgó por esta soberanía, pero también ha sido malinterpretada, porque cuando hubo ciertos incrementos solicitados, fueron empleados para que quedara aclarada esta parte de esta superioridad de los magistrados de sala, homologaron el salario sin homologar al resto”.
MÁS DE DOS AÑOS DE LITIGIOS
Para comprender la situación que se vive en el TEJA y el Congreso con el nombramiento de Blas Romero López, es necesario plantear el antecedente.
Todo comenzó el 9 de junio de 2016, cuando la XXI Legislatura decidió no ratificar al magistrado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez en la Sala de Ensenada. Esto abrió una vacante que el 8 de septiembre fue ocupada por Blas Roberto Romero López, luego de resultar electo en una convocatoria abierta.
Poco más de un mes después, el 13 de octubre, el magistrado Blas Romero López fue removido del cargo debido a que se otorgó la sentencia del juicio de amparo interpuesta por Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, quien argumentaba que su no ratificación no recaía en sustentos objetivos ni fundados.
El 9 de febrero de 2017, el Congreso determinó -por orden del Juzgado Quinto de Distrito- la instalación del magistrado Vidrio y removió a Romero, lo que motivó que este último interpusiera un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito contra la acción del Congreso, argumentando que se extralimitó al retirarlo del cargo, ya que existía una vacante en la Sala de Mexicali que podía ocupar.
El 8 de septiembre Romero López resultó seleccionado para ser Magistrado de la Sala de Ensenada, pero fue removido un mes después
El 2 de octubre se celebró una audiencia constitucional y el 27 de diciembre del mismo año, en el Juzgado Cuarto se confirmó la primera sentencia. Inconforme, Romero López impugnó la decisión ante el Tercer Colegiado de Distrito, con el número 54/2018.
Luego de una serie de litigios, el 14 de junio de 2018, el Tercer Colegiado de Distrito del Décimo Quinto Circuito dio la razón a Blas Romero López, por lo que ordenó al Congreso del Estado reconocer su nombramiento y ordenar su reinstalación a la sala vacante de Mexicali, actualmente está cubierta por una Secretaría de Estudio y Cuenta.
En entrevista, Blas Romero López aseveró que solicitó su reinstalación, pero le fue negada por los magistrados de pleno Alberto Loaiza y Carlos Rodolfo Montero, argumentando que no tenían capacidad financiera para cubrirlo.
El Congreso le ordenó solicitar una ampliación presupuestal para cubrir con los gastos, pero en dos ocasiones fue rechazado por no entregar un documento de viabilidad financiera a la Comisión de Hacienda. Según Romero López, el error se hizo con dolo.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, a finales de diciembre de 2018 se otorgó un presupuesto de 4 millones de pesos al TEJA, etiquetados específicamente para el pago correspondiente y reinstalación del magistrado, pero esto no ocurrió.
Luego de múltiples gestiones, en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de marzo, el Congreso del Estado tomó protesta a Blas Romero López en el pleno, con 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo que parecía el final de un litigio de años.
Ese mismo día, el Legislativo envió el oficio 0135580 a la presidencia del TEJA para cumplir con el mandato federal. Sin embargo, el órgano de justicia administrativa respondió que dicho ordenamiento sería evaluado por el Pleno del Tribunal, toda vez que ellos no habían recibido un mandato por parte de ningún juez o tribunal federal.
“Me dicen que no es personal, yo no veo otra cosa. Primero que no había dinero, luego que sí ya había dinero, ahora es un tema de capricho; lo que preocupa no es que yo vaya a entrar, me preocupa que esas dos personas (Loaiza y Montero) no tengan una responsabilidad por todo lo que han argumentado, han buscado miles de manera para que ya no entre”, señaló Romero López, quien señaló que en dos ocasiones -una con su abogado y otra con notario- intentó tomar posesión, pero le fue negada por los magistrados del pleno.
En reiteradas ocasiones, el magistrado Carlos Rodolfo Montero “ha ofrecido dinero a mi abogado para que deje el caso, pero este se ha negado”, dijo.
INTERPONEN SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO
Ante lo que consideró un acto doloso, Blas Romero López interpuso una solicitud de juicio político contra los magistrados Alberto Loaiza Martínez y Carlos Rodolfo Montero, a quienes señaló como autores intelectuales y materiales de su agravio.
Reclamó que ambos tienen “secuestrado el Tribunal de Justicia Administrativa“, pues consideró que hacen lo que quieren, como instalar a un magistrado auxiliar en Tijuana, el cual está emitiendo sentencias sin contar con nombramiento emitido por el Poder Legislativo. También denunció que existe una encargada de la Sala en Mexicali, una secretaria proyectista, hermana de Beatriz Luna Mendívil, jefa administrativa del TEJA, lo que evidentemente es un acto de favoritismo, pues no se le ha permitido ingresar a ese cargo pese a que él tiene nombramiento y tampoco se ha solicitado convocatoria.
Agregó que él tiene más derecho de estar al interior del TEJA que el presidente Alberto Loaiza, pues por más de 16 años ha ejercido la función sin un nombramiento. Para sostener su dicho mostró un documento firmado por el director de Procesos Parlamentarios, Daniel de León Ramos, con fecha 29 de abril del 2019, que dicta lo siguiente:
“Su nombramiento fue de un proceso diferente, producto de una nombra hoy abrogada, por lo cual su nombramiento fue realizado en su momento por el Ejecutivo Estatal, y posteriormente se mantuvo en el cargo como resultado de una sentencia de juicio de amparo, por lo que el Poder Legislativo no llevó a cabo un proceso de selección como es el caso de los otros magistrados (…) Por ende, no existe en el archivo y área a mi cargo, un nombramiento de Magistrado de Pleno…”.
Al respecto, el diputado Bernardo Padilla confirmó que se recibió una solicitud de juicio político que no ha podido ser tratada a fondo, toda vez que no cuentan con quórum para sesionar, pues la mayoría de los legisladores pidieron licencia, por lo que será hasta la próxima semana –tentativamente- cuando desahogarán 70 solicitudes pendientes, de las cuales la última es precisamente la de los magistrados del TEJA.
El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Benjamín Gómez Macías, dejó más clara su postura al señalar que un gran sector de sus compañeros se encuentra inconforme por el desacato a la orden emitida por su soberanía, y señaló que en próximos días se tomará una decisión ante la Junta de Coordinación Política, pues es la segunda vez que se hace caso omiso a un ordenamiento del Congreso.
Agregó que la designación de los magistrados es facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del tribunal, por lo que este último debe limitarse a dar cumplimiento de lo que se le ordena.
Romero López afirma que los magistrados saben perfectamente que debe ser reinstalado, pues el último mandato judicial así lo establece, por lo que considera que solo es una táctica dilatoria que, a su juicio, puede costarles muy caro.
EL PLENO Y SUS MOTIVOS
ZETA acudió a las instalaciones del TEJA para conversar con el presidente, pero este negó la entrevista. Ofreció información sobre la sesión llevada a cabo el 27 de marzo, prometiendo una charla posterior, pero esto nunca ocurrió.
Sin embargo, se tuvo acceso al acuerdo emitido por el pleno el día arriba mencionado -derivado del proyecto realizado por Alberto Loaiza-, donde se exponen los motivos del rechazo a la reinstalación.
El primero de tres puntos -y quizás el más absurdo- es que el documento del Congreso iba dirigido al presidente del TEJA y no al pleno, cuando este último se encarga de la adscripción de los magistrados.
El segundo de ellos -el más importante- es que existen dos sentencias de Juzgados federales, las cuales desacreditan el nombramiento de Romero López, y cuando se emitió la última sentencia, el hecho ya era cosa juzgada, por lo que están imposibilitados para reconocerlo como magistrado.
El argumento es que cuando se concedió la reinstalación de Roberto Alfonso Vidrio a la Sala de Ensenada, se dejó sin efecto el nombramiento de Blas Romero López, pues aunque no lo dice expresamente, si desacredita la convocatoria en la que fue electo.
También refiere que cuando existan dos sentencias contradictorias sobre un mismo tema, es obligación de la autoridad federal hacer prevalecer la primera, según consta en una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corta de Justicia de la Nación.
El último punto es que no se cuenta con las capacidades financieras para cubrir los emolumentos del magistrado Romero López, pese a que -según Francisco Rueda Gómez- ya se otorgó un recurso para ello.
La decisión del pleno conformado por los tres magistrados no fue unánime. De hecho, el magistrado Guillermo Moreno Sada, emitió una postura sobre el proyecto de Loaiza, argumentando que extralimita las funciones del tribunal.
En su texto, del que ZETA tiene copia, precisa que el pleno no tiene facultades para emitir una resolución que rechace el nombramiento en un magistrado, al ser responsabilidad exclusiva del Congreso. El pleno solo determina la adscripción, y como la Sala de Mexicali es la única vacante, su instalación natural radica en este punto. No conforme con ello, señala que para cualquier inconformidad existen canales correspondientes, por lo que una exposición de motivos ante el Congreso está fuera de lugar.
“ESTAMOS ANALIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL TEJA”
Más allá del caso de Blas Romero López, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, comentó que existe un análisis jurídico de la conformación del TEJA, cuya intención es poner en orden el funcionamiento del mismo.
Comentó que surgió la inquietud para analizar posibles reformas al interior del pleno, a raíz de la necesidad de nombrar un magistrado anticorrupción en próximas semanas.
Dentro de la Comisión de Gobernación ya es un tema vigente la validez del nombramiento de Alberto Loaiza Martínez, actual presidente, que tiene años sin una evaluación.
En el mismo sentido se encuentra la sala auxiliar de Tijuana, cuya operación genera dudas, al no haber designación de titular por parte del Congreso.
Referente al caso de Blas Romero, De la Rosa Anaya indicó que son tácticas dilatorias que sugieren se está actuando por capricho y no de la forma institucional, “son elementos que ellos han expresado en aras de no cumplir, pero los extremos ya están agotados, no hay otra instancia, no hay otro esquema, así como nosotros cumplimos en este tema y al notificarle que se tiene que restituir, ya no cabe hacer otra cosa; no hay análisis, son tácticas dilatorias para no proceder”.
El magistrado Romero López interpuso un recurso de inejecución de sentencia, el cual podría resolverse en el transcurso de mayo. Mientras tanto, la solicitud de juicio político sigue y, a decir del diputado panista, debe darse especial énfasis al tema, al tratarse de desacato a una orden soberana.
