La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), que extendió el plazo de la gubernatura en el Estado de dos a seis años, en respuesta al recurso de inconformidad RI-63/2019 interpuesto por Jaime Bonilla, no tuvo inconsistencias dentro del marco legal, pero podría ser revertida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quedando nuevamente por dos años, indicó el doctor Isaac de Paz González, especialista en derecho procesal constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Explicó que, la sentencia que se atribuyó al recurso de inconformidad planteó varias cuestiones, una de ellas fue si estuvo dentro de la legalidad y constitucionalidad que el Congreso de Baja California hubiera reducido la gubernatura a dos años, y sí, esta decisión cumplió con los estándares legales y constitucionales que existen en México.
Ante estos señalamientos, la sentencia del TJEBC estableció que la reducción que hizo el Congreso de Baja California, no cumplió con diversas reglas, poniendo de ejemplo que no existe una justificación del marco constitucional mexicano en los principios en que los que se sustenta el derecho electoral.
“Lo que está diciendo el TJEBC es que sí se puede reducir el plazo a dos años, pero si eso trastoca los derechos políticos, los derechos de participación democrática, la certeza jurídica y el objetivo de una gubernatura que es proponer un programa político de trabajo, sí resulta trasgresor de las normas constitucionales”, advirtió el catedrático de UABC, señalando que, la decisión de la Sala Superior podría ser igual que la vez pasada, manteniendo el plazo de la gubernatura por dos años.
Mencionó que la Sala Superior del TEPJF no acostumbra a cambiar su opinión, por lo que, una vez que reciba las impugnaciones por parte de partidos como el PAN o el PRI, se podría ver un revés a la sentencia del TJEBC como ocurrió hace un mes atrás.
Para Paz González, el momento preciso para haber impugnado la decisión, de que la gubernatura fuera por dos años, tuvo que haber sido en 2014, ya que, hablando procesalmente, estas impugnaciones entran fuera de plazo, puesto que, si bien, se está impugnando un acuerdo emitido en diciembre del 2018, este responde a la reforma de hace cinco años.
Sobre el proceder de los magistrados Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, vio poco probable que se diera algún caso de corrupción, compartiendo que, el actuar de ellos fue a partir del principio propersona y progresividad, en donde se favorece a los derechos humanos del impugnante, en cambio la Sala Superior, opera a partir de una interpretación de la ley más legalista, por lo que se apega a lo que establezca las reglas procesales.
