Interminables líos legales auguran el estado jurídico de la llamada lengüeta arenosa Punta Banda, ya en el año 2000, los pobladores fueron víctimas de un fraude en el que les revendieron los mismos lugares, ahora se pretende hacer una calle y fincar nuevas viviendas. Ya entró maquinaria, lo que no se sabe es quién tiene los permisos o dónde se autorizó la obra
Las exclusivas propiedades en la lengüeta arenosa de Punta Banda, delegación municipal de Maneadero, son habitadas en un 90 por ciento por estadounidenses, quienes siguen siendo materia de líos legales en Ensenada.
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En el año 2000, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), unas 50 familias nacionales y extranjeras fueron desalojadas de sus casas con uso de la fuerza pública por el Ejército Mexicano.
En ese año los afectados, que habían sido víctimas de un fraude, tuvieron la opción de comprar por segunda vez la misma propiedad, pero a los nuevos dueños.
Han pasado casi dos décadas del violento altercado y el 25 de abril de 2019, algunos vecinos fueron notificados de que Inmobiliaria Playa Nueva, SA de CV, junto con Inmobiliaria Playa Médanos, SA de CV, derribarían parte de sus patios con vista al mar, con la intención de construir una vialidad de nombre Pacífico y próximamente urbanizar con 17 lotes de una inmobiliaria y 32 de la otra.
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Con esta obra se obstruye la vista al mar de los habitantes y se cree que habrá un serio daño ecológico.
Alfonso García Quiñones, representante legal de las inmobiliarias, mencionó que tienen intención de reactivar un frustrado proyecto turístico, consistente en casas con vista a la bahía.
SUSPENDEN OBRA
La mañana del domingo 28 de abril, una máquina excavadora inició la demolición de 29 terrazas; tres de los habitantes opusieron resistencia y denunciaron ante la Dirección de Control Urbano del Municipio, entidad que ordenó la suspensión de la obra.
La Dirección puso un plazo de tres días a partir del lunes 6 de mayo para que Inmobiliaria Playa Nueva entregue las autorizaciones para derribar estructuras.
Como no fueron presentadas las pruebas, la empresa recibirá una sanción con base en la Ley de Edificaciones del Municipio de Ensenada.
La titular de la dependencia explicó que si bien se trata de edificaciones pequeñas como movimiento de tierra, jardineras y muretes, debe existir un permiso.
El regidor Jorge Emilio Villardaga hizo la denuncia en redes sociales, asegurando se trata de un ecocidio.
Argumentó que con el movimiento de materiales la empresa atentó contra la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que protege las dunas costeras y a dos especies de aves endémicas.
Lic Alfonso García
LENGÜETA EN VÍAS DE DESAPARECER
Timoteo Clark, uno de los residentes de la lengüeta arenosa, narró la problemática y las promesas de los diferentes desarrolladores.
De acuerdo con sus contratos firmados desde 1999, esa zona no se iba a fraccionar. Afirmó que ellos pagaron por terrenos a perpetuidad, pero ahora planean hacer una vialidad.
Conforme a los efectos del cambio climático, él cuestionó a los grupos Proestero y sobre todo a los ensenadenses, ya que a su juicio, “no están preocupados por preservar esas zonas naturales que en unos años puede desaparecer por los efectos del cambio climático, y de ninguna manera se debería fraccionar y construir más”.
Desde hace 33 años, Timoteo vive en ese fraccionamiento junto con su madre de 96 años de edad. Como el resto, el 28 de abril fueron sorprendidos por las máquinas excavadoras.
Contaron que ha sido difícil lidiar con las leyes, pues sufrieron el embate del año 2000, cuando el Ejército llegó a desalojarlos con armas.
La mayoría de los estadounidenses están agrupados en una asociación civil y ante la posibilidad de ser expulsados de nuevo como hace casi veinte años, han accedido a las peticiones de la desarrolladora.
FAMILIAS DE PUNTA BANDA: CANSADAS, GASTADAS Y DESGASTADAS
Del total de los residentes, tres no permitieron que la máquina excavadora ingresara en sus terrenos e iniciaron trámites para promover una denuncia por lo civil.
Brandi mostró documentos a ZETA, donde en tres ocasiones han sido modificados los límites de sus terrenos.
Su familia fue una de las que no permitió que les derrumban las terrazas, y como no son parte de la asociación, nunca fueron notificados como el resto de los vecinos del derribe de patios.
Aunque lograron rescatar la superficie de su terraza, el movimiento que las máquinas hicieron alrededor provocó daños estructurales. De ahí que interpusieran denuncia por daños ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el expediente 0201-2019-07862/RAC.
Según los locales, las terrazas son parte del predio que les vendieron inicialmente, pues en el último pago del Impuesto Predial 2019, el Ayuntamiento cobró todo el terreno.
Luz del Carmen, madre de Brandi, recordó que en un inicio ella y su esposo adquirieron la propiedad, firmaron con el entonces Grupo Coster y todos pleitos y cobranzas se realizan en Islas Caimán.
“Mi esposo mandó un abogado a las Islas, hizo muchos gastos porque hubo una investigación de la propiedad”, rememoró.
Agregó que en 1955, como presidente, Nazario Ortiz Garza hizo una repartición, dando los lotes al ejidatario Gregorio Velasco Pazuengo.
“Cuando nos dimos cuenta, habíamos comprado a Carlos Terán y él estaba en pleito con el Ejido”, describió, y una vez que falleció el ejidatario, dejaron a un apoderado.
Desde entonces, ella ha sido testigo de tres lotificaciones, “hemos pedido la historia, la última fue donde nos partieron los pisos sin que nunca se nos notificara que hubo una modificación”.
Para rematar, la propietaria señaló que la experiencia de haber invertido en esa área los ha dejado “cansados, gastados y desgastados”.
“SEREMOS RESPETUOSOS DE LA LEY”: QUIÑONES
De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) con número de oficio número DFT-DFBC-SGPA-UGA-DIRA-EXP 1997-2006, fechado el 14 de junio de 2006, la edificación de un complejo turístico en la lengüeta era viable.
Alfonso García Quiñones, abogado de la empresas inmobiliarias, se defendió de las acusaciones y afirmó que ese año la Semarnat autorizó la construcción porque “no existía un impacto”.
Pero tras la debacle financiera de Estados Unidos en 2007, Inmobiliaria Playa Nueva abortó la posibilidad de construir un desarrollo turístico habitacional en la superficie desocupada de la lengüeta.
La Semarnat había dado seis meses de plazo para que construyeran el proyecto, pero la inmobiliaria no consiguió el financiamiento esperado
“La economía de lujo se vino abajo y se venció el término que el Gobierno Federal nos dio”, recordó el litigante.
Al no haber un plan a corto plazo, las personas a las que habían vendido terrenos titulados de 25 metros, se extendieron con terrazas de 7, 8 y hasta 9 metros.
Plano modificado con las nuevas medidas de lotes.
Del total del dominio, calculó que alrededor de 200 mil metros son susceptibles de explotar turísticamente, el resto es de protección y, con la reactivación del proyecto, un total de 29 estructuras fueron demolidas.
Sobre el desarrollo inmobiliario, el abogado dijo que harán una fuerte inversión en el lugar una vez que tengan los permisos federales para llevar a cabo las obras, lo cual podría ocurrir en 2020. En el lugar donde ingresaron las máquinas harán una avenida que tendrá por nombre El Pacífico.
Pero aclaró, serán “totalmente respetuosos del medio ambiente, nos guiamos por lo que es el desarrollo sustentable”.
NO HABRÁ DESARROLLO SIN UN MIA ACTUALIZADO
Tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como la Semarnat, bajo el número de expediente administrativo PFPA/9.3/2C.27.3/0042-19, realizaron una inspección, en la que se concluyó que, en lo que respecta a la superficie de la propiedad privada de Inmobiliaria Playa Nueva, SA de CV, donde también se encuentran dunas costeras, se observa que estas no se encuentran dañadas con actividad antropogénicas, prevaleciendo la vegetación natural y las dunas costeras.
De igual forma, advirtieron que no iniciarán hasta que la Profepa tenga la evaluación del impacto ambiental que contenga medidas de mitigación, restauración y compensación, a efecto de prevenir y aminorar los daños causados al ecosistema.
QUÉ ES LA EXCLUSIVA LENGÜETA ARENOSA
El acceso es en el Kilómetro 12 de la carretera Maneadero-La Bufadora, ingresando por Bulevar Todos Santos, que recorre la lengüeta hasta la punta del estero.
Por ambos sentidos hay una vista privilegiada: por lado el mar del Pacífico, dunas; y por el otro, una gran laguna protegida por las normas mexicanas.
Se compone de seis kilómetros de largo, con 640 mil metros cuadrados, de los cuales la mitad, propiedad de Antonio Perisky, es una reserva donde se llevan a cabo actividades de turismo ecológico.
Los antecedente se remontan a 1952, cuando la nación vendió a ocho personas los terrenos y desde entonces han cambiado las limitaciones de los predios por razones ambientales.
En 1971, el entonces Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, ordenó limitar la zona del estero conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el mismo año se dictó el acuerdo Ramsar y se declara un área de preservación ecológica.
Cabe mencionar que en ese lugar se han presentado casos de fraude como el de 1987, cuando estadounidenses compraron “derechos de uso” por ser terrenos ejidales.
