El Departamento del Tesoro de Estado Unidos indicó este viernes que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, tiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense explicó que el ex mandatario nayarita presuntamente habría recibido sobornos de dicho grupo delictivo, además de que pudo haber incurrido en la apropiación indebida de activos estatales.
En el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que pertenece al Tesoro estadounidense, se señala, también, al magistrado Isidro Avela Gutiérrez, por presuntos acciones en beneficio del CJNG y el grupo delictivo ‘Los Cuinis’.
El Departamento del Tesoro estadounidense señala al magistrado por haber recibido supuestos sobornos de dichas organizaciones a cambio de proporcionar fallos judiciales en favor de algunos miembros importantes de la delincuencia organizada.
La OFAC designó, además, a otras seis personas mexicanas y seis entidades mexicanas vinculadas al CJNG o ‘Los Cuinis’ de conformidad con la Ley Kingpin, una normativa creada en 1999 con el fin de evitar transacciones de narcotraficantes en Estados Unidos.
En septiembre del año pasado, el Congreso de Nayarit aprobó la inhabilitación por 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cargos públicos del ex gobernador, al acusarlo de uso indebido de recursos para beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones locales del 2017, lo que constituye “violaciones graves” a la Constitución estatal.
Los diputados locales detallaron que el ex mandatario es responsable del manejo indebido de fondos y recursos públicos al condicionar el programa alimentario PROSA el año pasado. Además, lo acusaron de violentar el principio de neutralidad, equidad electoral y otorgar una notaría a Roy Rubio Salazar, quien era el titular de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Sin embargo, el ex gobernador de Nayarit de 2011 hasta el 18 de septiembre de 2017, interpuso un amparo para evitar ser procesado. El ex mandatario nayarita estaba siendo investigado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desde abril del 2017, por el presunto enriquecimiento ilícito, tras desviar más 2 mil 700 millones de pesos del erario público estatal.
La denuncia contra el entonces gobernador nayarita surgió tras la publicación de notas periodísticas donde se detallaba que Roberto Sandoval pasó de ser un tablajero y migrante sin papeles en Estados Unidos, a ser dueño de casas, ranchos y caballos pura sangre.
En videos publicados en la plataforma YouTube, el entonces mandatario estatal muestra una de sus propiedades: el rancho “El Ensueño”, ubicado en la comunidad de Aután, en San Blas, y que tendría un valor en el mercado de millones de pesos. Además, Sandoval Castañeda presumía que tenía un criadero de equinos de alto registro.
“Yo soy ganadero, crio ganado, mi padre me enseñó hace muchos años. Yo vendo caballos, no compro caballos […] No desvié ni un solo peso. No me imagino dónde pueden caber 2 mil millones de pesos. Mi declaración patrimonial está en orden y he trabajado toda mi vida. No tengo más propiedades que las declaradas ni prestanombres”, aseguró en su momento el ex gobernador.
Apenas el pasado 4 de enero, el ex Fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, se declaró culpable de cargos de distribución internacional de drogas en la Corte del Distrito Este de Nueva York, tras las acusaciones en su contra por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
El ex fiscal nayarita, de 48 años de edad, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua, luego de ser arrestado en 2017 y acusado de ayudar en el contrabando de drogas en los Estados Unidos a partir de 2013.
MAGISTRADO INVESTIGADO
Instituciones gubernamentales mexicanas y estadounidenses se encuentran investigando una supuesta complicidad entre Jueces Federales y jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según lo informó el pasado martes 14 de mayo el diario La Jornada, citando fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México.
Pesquisas realizadas entre dependencias de inteligencia federal mexicana como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF), con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, han encontrado registros en estados como Jalisco, Guerrero, Veracruz y Colima, de detenciones y liberaciones de operadores financieros y jefes de dicha organización criminal.
“Congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen conocimiento de las indagatorias. Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados de los estados mencionados y que han servido de bisagras para que las puertas de la justicia se vuelvan giratorias, de tal manera que así como los inculpados entran, salen poco después”, indicó el rotativo.
Según La Jornada, el expediente se abrió luego de detectar casos en los que juzgadores ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados sólo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.
Una de las principales investigaciones apunta al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien habría adquirido bienes por más de 18 millones de pesos en seis años (entre el 2010 y 2016), y quien ordenó la liberación de Juan Francisco Aguilar Santana, alias “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas al líder del CJNG: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
Según la investigación, el mismo magistrado estuvo al frente del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Jalisco y atendió al menos 10 casos de detenidos vinculados a dicho Cártel, dando como resultado un resultado a favor de los inculpados.
En el caso de “Juan Pistolas”, el magistrado Avelar Gutiérrez no habría contado con elementos suficientes para su liberación siendo éstos insostenibles, como el que se hicieron cateos casi al mismo tiempo por parte del Ministerio Público, y el funcionario no pudo estar en ambos.
Sin embargo, dice La Jornada, el nuevo sistema de justicia penal señala que no es necesario que el personal ministerial asista porque ahora es facultad de la Policía realizar dichas diligencias.
En su momento, el compadre del Mencho fue detenido en posesión de 12 armas cortas y 15 largas, dos lanzagranadas, cuatro equipos de defensa antiárea y droga, y con la agravante de ser reincidente, ya que en 2010 fue detenido y pasó siete años en prisión por delitos contra la salud.
“Juan Pistolas” fue detenido en junio del 2018 y es considerado jefe de un grupo de sicarios al servicio del CJNG, que recluta a hombres para adiestrarlos en campos acondicionados para el manejo de armas y tácticas operativas, con la finalidad de mantener controlada las zonas de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Ayer, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a un magistrado federal se le aseguraron cuentas por 50 millones de pesos, y aunque no lo identificó por su nombre, todo hace suponer que se trata de Avelar Gutiérrez, al mencionar que estaba adscrito en Jalisco.
Sin embargo, el expediente de “Juan Pistolas” no fue el único de este tipo. Hay otros en los que el mismo magistrado dictaminó la libertad de los acusados que supuestamente pertenecen a este cártel, abundó el rotativo.
Avelar Gutiérez atendió al menos 10 casos de detenidos vinculados al CJNG, y en todos resolvió en su favor. En abril pasado lo transfirieron a un tribunal con sede en Chilpancingo, Guerrero, y se le inició un procedimiento administrativo.
En su carrera como integrante del PJF, Avelar Gutiérrez había atendido casos de Rafael Caro Quintero y Rogelio González Pizaña, este último considerado en 1999 uno de los hombres más importantes en la estructurara del Cártel del Golfo cuando el líder era Osiel Cárdenas Guillén.
