“Ahora tengo que mirar dónde voy a dejar a mi hijo, porque prácticamente es un bebé y no se lo puedo dejar a cualquier persona, yo debo salir a trabajar porque tengo que sacar adelante a mis tres hijos”, comentó Leticia Barrera, madre de familia.
Son más de cuatrocientos menores inscritos al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Tierra y Libertad” en Baja California Sur, en los centros ubicados en la ciudad de La Paz y Puerto San Carlos, a los que se les interrumpió su educación inicial desde el pasado 2 de mayo.
La promesa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de regularizar los Cendi hasta ahora no ha llegado. Desde el mes de septiembre de 2018 que no se ha tenido recurso alguno para estos centros y ahora las condiciones para seguir operando son prácticamente imposibles.
Fue el 23 de abril cuando la cuenta oficial de la plataforma Facebook del Centro de Desarrollo Infantil informó a los padres de familia el paro de labores.
“Se les comunica que a la fecha no se ha radicado recurso para nómina ni gastos de operación, por lo que, de seguir esta situación, a partir del 2 de mayo no otorgaremos el servicio por no contar con los requerimientos mínimos de calidad para prestar nuestro servicio”, expresaron.
Son más de cien docentes, administrativos y personal general quienes han laborado sin pago alguno desde el inicio del año.
“El personal no ha percibido su salario en lo que van de estos cuatro meses de este año, hemos con la ayuda del Gobernador cubierto una quincena y con la ayuda de las cuotas de los padres de familia y con el apoyo que una servidora entregado otra quincena completa, pero bueno ya estamos en la octava quincena y ya no tengo la calidad para pedirle a las maestras que sigan viniendo”, explicó Mercedes Maciel, directora general de los Cendi en BCS.
El Centro de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” tiene diez años de operaciones en la ciudad de La Paz y dos años en su segundo centro ubicado en Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú y aunque actualmente la matrícula consta de 400 menores, se estima un promedio de 300 más en listas de espera.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de esta institución, la nómina de estos centros en el estado genera un costo de casi 600 mil pesos cada mes, pero no solo eso, el mantenimiento del centro, el pago de los servicios, la alimentación también son necesidades que requieren cumplirse para su operación y estos suman una cantidad aproximada de 700 mil pesos, es decir, se requiere un recurso de un millón de pesos cada mes para la operación de estos dos centros.
“Junto con los gastos de mantenimiento, la nómina, la comida y demás, hay un gasto aproximado del millón de pesos mensualmente, con las aportaciones de nuestros padres de familia apenas alcanzamos a juntar más o menos 40 mil pesos al mes, lo que nos es insuficiente incluso para el pago de nómina que se les debe al personal, que hasta ahora ya suma ocho quincenas”, dijo Maciel.
Es importante mencionar que los padres de familia no tienen cuotas fijas, pues se establecen según sus oportunidades y necesidades.
Eslibeni, quien es docente de esta institución es una de las fundadoras del Centro de Desarrollo Infantil, y admite que aunque su vocación es grande ella como sus compañeras tiene necesidades que cubrir y ya no pueden continuar con esta situación.
“Tenemos meses sin pago y mi familia, nosotros en casa tenemos que gastar en gasolina, tenemos servicios, luz, agua, alimentos y entonces ahorita sí estamos en qué comer, a veces nos estamos limitando un poco, acortamos otras cosas para poder comer al día pero pues sí, ya nos está rebasando la situación” comentó Eslibeni Amador, docente de fórmula dos.
Además de la afectación directa a las docentes y los trabajadores, el entorpecimiento en la educación de los menores es el mayor problema, existen incluso menores que en dos meses tendrán que terminar su etapa de preescolar para incorporarse a la primaria y ellos serán los principales afectados.
“Estamos checando con la maestra de preescolar que nos ayude solo con ese grupo, es importante porque los menores ya entrarán a la primaria y no queremos afectar, nosotros aunque no pertenecemos a la Secretaría, estamos certificados por ellos y necesitamos entregar estos certificados a los niños” explicó la titular de los centros.
Finalmente, autoridades escolares de estos centros esperan que su regularización a nivel nacional llegue pronto para que los 400 menores sudcalifornianos puedan retomar la educación inicial a la que tienen derecho.
