Representantes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Baja California (PBC), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), anunciaron que interpondrá una solicitud de juicio político contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), Leobardo Loaiza y Jaime Vargas.
Esto por considerar que con sus resoluciones han generado inestabilidad política en el Estado, además de reiteradas violaciones constitucionales.
En conferencia de prensa realizada en Mexicali esta mañana, estuvieron presentes los representantes Joel Blas Ramos, Juan Carlos Talamantes, Rosendo López y Salvador Guzmán, del PRI, PAN, PRD y PBC, respectivamente, quienes mostraron y firmaron el documento que presentarán ante el Senado de la República, órgano encargado de elegir y remover a los magistrados locales.
Joel Blas Ramos, representante del PRI, señaló que las decisiones de Jaime Vargas y Leobardo Loaiza no tienen orden ni lógica jurídica, al querer ampliar la gubernatura establecida de dos a seis años, pese a que existen antecedentes a nivel federal, los cuales señalan que la reducción de los periodos de gobierno no violan los derechos de los ciudadanos que aspiran a un cargo, además de tener el objetivo de empalmar las elecciones locales y federales para así generar estabilidad y ahorros presupuestales.
Salvador Guzmán, del PBC, dijo “han faltado a los principios de legalidad, han emitido sentencias ilegales, ya no están actuando libremente” y consideró que los magistrados pretenden beneficiar al candidato que realizó la última impugnación, Jaime Bonilla Valdez.
Por su parte, Rosendo López, del PRD, aseveró que tienen el total respaldo de sus dirigencias a nivel local y nacional, además que se ha hecho la gestión necesaria ante los diputados y senadores de sus bancadas, para que tomen en caso con la celeridad y seriedad necesaria.
Blas Ramos, sostuvo, como lo hizo en días pasados la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que han tenido información de presiones políticas para influir en la decisión de los representantes de la Sala Superior.
