La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles la existencia de uso parcial de recursos públicos por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), al difundir un video en el contexto del proceso electoral, en el que aparecía Ricardo Anaya Cortés.
Minutos después del fallo del TEPJF, el propio ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente”, -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)- reapareció en redes sociales al decir que de manera definitiva, y por unanimidad, el Tribunal resolvió que la PGR afectó la equidad de la contienda electoral en su perjuicio.
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Hace unos momentos el Tribunal Electoral resolvió, en definitiva y por unanimidad de votos, que durante la pasada elección presidencial, la PGR sí afectó la equidad en la contienda en mi perjuicio, y por tanto determinó sancionar a los responsables. (1/3)
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 15 de mayo de 2019
Según Anaya Cortés, el TEPJF decidió que se sancionará a los responsables -aunque no dijo quiénes-, por lo que celebró el dictamen, e insistió “que este tipo de maniobras, tramposas y arteras, jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata”, luego de acusar de una campaña en su contra cuando se le acusó de lavado de dinero, lo que según el ex presidente nacional del PAN afectó su candidatura.
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“Quiero agradecer, de todo corazón, a las casi 13 millones de personas que, a pesar de tantos infundios, decidieron votar por mí el pasado 1 de julio. También agradezco a quienes habiendo votado por otro candidato, han reprobado este tipo de atropellos”, finalizó el ex candidato presidencial en una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter.
El TEPJF resolvió el caso relacionado con dos comunicados y un video difundidos por la PGR, el 28 de febrero del 2018, en las cuentas oficiales en redes sociales de la Procuraduría, cuyo encargado entonces era Alberto Elías Beltrán.
Por esta razón, Anaya Cortés acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para presentar un escrito y que se le informara si era investigado por algún delito, luego de la publicación de la venta de una nave industrial que era de su propiedad.
Por último, la Sala Superior del TEPJF confirmó el fallo de la Sala Especializada que determinó la infracción relativa al uso parcial de recursos públicos, que podría afectar la equidad en la contienda electoral, únicamente respecto del titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas y del Director General de Comunicación Social, ambos de la PGR, Rafael Lugo Sánchez.
“En el caso que hoy resolvemos, el PAN denunció que la PGR había influido indebidamente en la campaña electoral pasada, pues mediante una conferencia y la difusión de tres boletines de prensa hacían parecer que el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, estaba siendo imputado por algún delito”, señala el proyecto aprobado por el Tribunal.
Compartí el sentido del proyecto SUP-REP-90/2019 sobre la indebida injerencia de la PGR en el proceso electoral del año pasado. El criterio de la decisión es contundente: el Estado no debe desviar su poder de la finalidad que le establece el derecho. pic.twitter.com/UKWtgdHpPO
— Reyes Rodríguez (@ReyesRdzM) 15 de mayo de 2019
El TEPJF informó que remitirá copia certificada de la resolución al Órgano Interno de Control de la FGR, para que determine lo legal y administrativamente conducente, además de que dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El 28 de noviembre del 2018, dos días antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la PGR absolvió a Anaya Cortés, del supuesto delito de lavado de dinero que se le imputó antes de que arrancara la campaña proselitista.
“No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló el expediente al que tuvo acceso el diario Reforma, suscrito por el titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas.
“La denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”, agregó el entonces subprocurador.
El 21 de febrero de 2018, en plena campaña presidencial, la PGR informó que desde el 26 de octubre de 2017 recibió denuncias de posible lavado de dinero, relacionados con la venta que hizo Anaya Cortés de una nave industrial al empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda.
“Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”, decía el expediente al que tuvo acceso el rotativo, que hoy informa del hecho.
El político queretano fue derrotado en la elección presidencial del pasado 1 de julio -en las cuales quedó en segundo lugar con el 22.49 por ciento de los votos, equivalente a 10 millones 249 mil 705 sufragios- y en las que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.
En los sufragios del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente constitucional, obtuvo el 53.18 por ciento de los votos emitidos, de acuerdo con los cómputos distritales, mientras que Ricardo Anaya registró el 22.26 por ciento de los votos, y José Antonio Meade consiguió el 16.42 por ciento.
En octubre del 2018, Barreiro Castañeda, supuesto testaferro de Anaya Cortés, renunció a cualquier intento de recuperación de la nave industrial comprada en 54 millones de pesos a una empresa del ex candidato presidencial, acción por la que PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra del empresario queretano.
