Imagine por un instante que Juan Manuel Gastélum Buenrostro, candidato del PAN a la alcaldía de Tijuana gane las elecciones, y por lo tanto sea reelecto por un periodo más como presidente municipal junto a la mayoría de sus regidores.
Pero pocos han cavilado sobre la candidata a síndico procurador en la nueva planilla de Gastélum: María de los Ángeles Olague Contreras. Una mujer dócil a la mano del alcalde con licencia y quien fungió durante la administración actual como su Oficial Mayor.
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Que María de los Ángeles Olague tenga de carrera profesional, la “licenciatura en relaciones industriales” egresada hace 30 años, que evidentemente nada tiene que ver con la función pública, es lo de menos. Tampoco que su experiencia laboral se limite a 4 puestos de medio pelo en administraciones panistas, según su currículo exhibido por el ayuntamiento.
Lo más grave (bajo aquel surrealista escenario de que el PAN mantenga el gobierno) sería que doña María se convertiría en la encargada en el nuevo ayuntamiento de investigar y sancionar los actos de corrupción en la administración actual en donde, precisamente, ella ha autorizado como Oficial Mayor, poniendo su firma en todos los contratos donde se denunciaron de manera formal y se ha acreditado periodísticamente actos de corrupción.
La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que entre las facultades del síndico procurador está la de “en caso de presumirse la comisión de ilícitos sancionados por el Código Penal del Estado o de la Federación, presentar las denuncias o querellas ante las autoridades competentes”.
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¿Alguien podría imaginar a la licenciada en relaciones industriales acudiendo a la Procuraduría General de Justicia o a la Fiscalía General de la República a llevar un expediente donde su nombre se encuentre como presunta responsable?
Foto: Archivo.- María de los Ángeles Olague
Otra de sus funciones, según la Ley arriba mencionada, es que “si con motivo del resultado de la investigación que se inicie (ella misma) ya sea derivada de una Auditoría Interna, de una denuncia o de oficio se llegaran a encontrar faltas administrativas graves, deberá elaborar el Informe de presunta responsabilidad administrativa y promover las responsabilidades… así como presentar la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado”. ¿Podría María de los Ángeles cumplir con sus funciones de Ley?
Sobre todo porque los casos irregulares durante el gobierno de Gastélum no son pocos, en sindicatura existen las denuncias formales de regidores de oposición solicitando que se sancionen los ilícitos, por ejemplo, el caso de Turbofin, la empresa que le renta al ayuntamiento con sobreprecio, camiones recolectores de basura y patrullas.
En ese caso, Olague firmó un contrato con la empresa Turbofin para la renta de 55 camiones de recolección y transportación de basura. Solamente con el anticipo (sin recibir nada a cambio de parte de la empresa) de 40 millones que autorizó y entregó la entonces oficial mayor, el gobierno pudo haber comprado 20 camiones recolectores de basura. Además de los sobre precios, el contrato presenta otras desventajas para el municipio como el deslinde de responsabilidades de la empresa en caso de destrucción o daño de las unidades.
O bien, el otro expediente que se encuentra dormido en sindicatura, también presentado por la regidora Mónica Vega de Transformemos, quien retomó una investigación periodística realizada por ZETA y AFN donde se acreditó una triangulación millonaria entre el gobierno panista y el hijo del alcalde. Por mencionar solo dos casos donde María tendría que actuar en contra suya. Imposible.
