“¿Creéis que es una gran cosa ser siempre los mismos?”
Séneca.
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Recientemente el Fiscal General de la Nación Alejandro Gertz Manero informó que la Procuraduría General de la Republica, además de ejercer gastos inútiles, encubrió delitos cometidos por personajes políticos protegidos del poder político y económico.
Durante el sexenio pasado fungieron como titulares de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán, se dice que esta fiscalía fungió como refugio de diversos personajes políticos y que practicó los “carpetazos” a casos de alto impacto, como el del ex agente Tomas de Zerón Lucio, el ex titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, los ex gobernadores Humberto Moreira Valdés, Javier Duarte de Ochoa y Cesar Duarte Jáquez y el ex secretario adjunto priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entre otros.
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El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que desde la promulgación de la Constitución de 1917, la seguridad y la justicia, jamás se habían hallado “al servicio” del poder político y económico, y en contra de los Derechos Humanos más elementales. Estas reflexiones vienen como consecuencia de un país que es una tumba gigantesca en todo el territorio nacional con más de cuarenta mil desaparecidos, con niveles de violencia históricos y un gran liderazgo en corrupción e impunidad a nivel internacional. El Ministerio Público Federal acumulo más de 300,000 averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, sumadas a las 30,000 recibidas en esta administración, y más de 21,000 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, la Fiscalía General no alcanza más del 5% de sentencias del total de los casos, esto es resultado de los primeros 100 días como Fiscal General de la República.
Durante el sexenio anterior, hubo una procuración de justicia selectiva, es decir, algunos casos eran más importantes que otros, según afirmó Maximiliano García Guzmán, politólogo y abogado de la UNAM especialista en Gobierno y Asuntos Públicos. Hace 15 días, Javier Corral Jurado Gobernador de Chihuahua, denuncio ante la Fiscalía General al ex encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, por atraer el caso “operación justicia Chihuahua” a nivel federal y con ello presuntamente obstaculizar el proceso penal contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario General adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado por el presunto desvío de 250,000,000 millones de pesos de la Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua para financiar campañas en nueve diferentes estados durante las elecciones del 2016, en el Gobierno de Cesar Duarte, cuyo proceso de extradición sigue pendiente. Gutiérrez fue declarado recientemente culpable por el desvío de 1.7 millones de pesos a través de dos de sus empresas.
No obstante, se han anunciado compromisos importantes, como una investigación completa en el caso de los 43 normalistas, y en el caso de Lydia Cacho, quedan pendientes otros importantísimos como el caso Odebrecht sobre la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa en septiembre del 2014, ahora se trabaja en conjunto con la Comisión de la Verdad (creada en esta nueva administración federal), los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reponer el procedimiento
Cuando Arely Gómez González (2015-2016) era la titular de la dependencia, se escapó Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, el ex gobernador priista Humberto Moreira Valdez fue detenido en España por presento lavado de dinero. El 11 de Julio de 2015 Joaquín “El Chapo” se fugó del penal del altiplano, Estado de México, a través de un sorprendente y largo túnel. El ex director de la cárcel, Valentín Cárdenas Lerma fue detenido pero liberado en noviembre del año pasado.
Después el 19 de junio del 2016, se registró un enfrentamiento en Nochixtlan, Oaxaca entre elementos de la policía federal e integrantes de la Coordinadora Federal de Trabajadores de la Educación (CNTE) esto ocurrió después de un intento de dispersar un bloqueo que realizaban los profesores al protestar contra la reforma educativa. El saldo de estos hechos fueron ocho muertos y un centenar de heridos. La ONU ha expresado que no se ha podido garantizar la verdad, la justicia y la reparación del daño en favor de las victimas porque las autoridades no han podido esclarecer el hecho.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
