Las obligaciones financieras que el Estado contraerá oscilan entre 73 y 80 mil millones de pesos, lo cual generará un caos financiero, eliminará recursos a la educación y comprometerá aportaciones federales, señalan empresarios. “La aprobación del Decreto 335 no fue resultado del debate democrático”, argumentan legisladores
La reestructuración de la deuda del Estado por más de 12 mil millones de pesos, la contratación de un crédito de 2 mil 600 millones de pesos, así como los proyectos del Periférico Zapata-Aeropuerto y la desalinizadora de Rosarito, autorizados en el Decreto 335, podrían modificarse e incluso cancelarse de prosperar las acciones judiciales anunciadas por empresarios y diez diputados locales.
Y es que está en juego la viabilidad financiera del Gobierno del Estado de Baja California a futuro, dado que dicho decreto genera obligaciones de por lo menos 90 mil millones de pesos para los próximos 40 años. Además, compromete un porcentaje de las aportaciones federales durante 20 años.
Si bien, existe la posibilidad de que alguno de los recursos legales eche atrás el Decreto 335, falta que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California interponga el juicio de amparo anunciado hace una semana por su presidente, Gabriel Camarena Salinas. Rodrigo Llantada Ávila, secretario técnico del organismo empresarial, dijo a ZETA que el 15 de mayo firmó el documento, y estimó que “no pasará de la siguiente semana” para que se interponga ante un Juzgado federal.
Diputado Héctor Mares
Lapso en el que la administración de Vega de Lamadrid lanzaría la convocatoria de licitación para los despachos y/o bancos que pretendan participar en la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda.
En tanto, la acción de inconstitucionalidad promovida por diez de los 25 legisladores del Congreso local fue interpuesta y admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 9 de mayo, expuso el morenista Héctor Mares Cossío, quien refirió que en “máximo diez días” la acción podría resolverse.
OBLIGACIONES DEL DECRETO REPRESENTAN 118% DE INGRESOS DE BC
El documento, suscrito por Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, Teresa Patricia Valeriano Pérez, Miguel Antonio Osuna Millán, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, José Antonio Casas del Real, José Luis Bribiesca Alcolea, Rocío López Gorosave y Nirbardo Flores Heredia pide la invalidez del Decreto 335.
Ello, debido a que en la sesión del 28 de marzo de 2019, en la que se aprobó el decreto, “ni siquiera se mencionaron las condiciones financieras de Baja California”, y menos se analizó la capacidad de pago del Estado. “Se dejó de observar” que el Estado se encuentra en endeudamiento en observación (amarillo) de acuerdo con Ley de Disciplina Financiera; de modo que la entidad solo podrá endeudarse en 5% de sus Ingresos de Libre Disposición.
Normas que fueron violentadas por los 12 legisladores que avalaron el Decreto 335, ya que este aprueba obligaciones de pago por $73,138,101,466.81, que “representan 118% de los ingresos totales del Estado”.
Otra razón que fundamenta el recurso legal es que “la aprobación del Decreto 335 no fue resultado del debate democrático”, toda vez que no fue analizado con antelación por ninguna comisión que preparara un dictamen, que a su vez fuera discutido por los legisladores con cabal y previo conocimiento.
“Nunca fue ni someramente señalada” la condición de “urgencia” alegada por el panista Ignacio García Dworak con la que se dispensaron los trámites legislativos, violando así los procesos legales del Poder Legislativo, y afectando la equidad en la deliberación parlamentaria, se lee en el texto.
SIN BENEFICIO, REFINANCIAMIENTO
El 9 de mayo, en conferencia de prensa, integrantes del CCE, consideraron que “no hay ninguna razón, ni beneficio tangible” para renegociar la deuda de largo plazo por $12,526,980,742.81, pues esta, con intereses, asciende a 26 mil millones de pesos, y se eleva a 35 mil millones de pesos con la reestructuración que plantea el gobierno de “Kiko” Vega.
“¿Por qué renegociar la deuda si en este momento las tasas de interés de referencia están muy elevadas”, cuestionó Llantada Ávila, y aseguró que el costo adicional de esa restructuración será de 300 millones de pesos por garantías y servicio del despacho.
Bladimiro Hernández Díaz
Si se reestructuran los créditos con Banobras de Bono Cero, de mil 500 millones de pesos, el Estado perdería el beneficio de pagar solamente los intereses, de manera que además tendría que sufragar el monto principal, que actualmente paga la Federación. Adicionalmente, citó que hay algunos empréstitos que vencen en menos de dos años, por lo que “no tiene caso que vuelvan a llevarse a 15 o 20 años”. No obstante, reconoció que 4 mil millones de pesos sí podrían estar sujetos a una reestructura, pero no en este momento, debido a las tasas de interés.
En la entrevista concedida el miércoles 15 de mayo, Llantada Ávila abundó que la propuesta del sector es revisar con acuciosidad cada uno de los empréstitos. A pregunta expresa de si la postura es no refinanciar nada, el empresario apuntó: “Queremos revisar si hay alguno que refinanciarlo pueda generar un beneficio, sí, no estamos cerrados, la verdad sí lo haríamos, pero revisar uno por uno”.
¿FONDOS FEDERALES PODRÍAN PAGAR DEUDA DE CORTO PLAZO?
El Decreto 335 también autoriza que la secretaría, encabezada por Bladimiro Hernández Díaz, gestione ante Hacienda un crédito de 2 mil 600 millones de pesos para “el apoyo al sistema de pensiones a cargo del Estado y para el apoyo de educación pública” que afectará los recursos que el Estado recibirá del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) en los próximos 20 años.
Sobre ello, el presidente del CCE de Mexicali previó que lo que realmente estaría pasando es que el dinero con que cuenta el gobierno está utilizándose para pagar la deuda de corto plazo, y el empréstito que “compromete el 25% de los fondos del FAFEF” servirá para sufragar eso.
“Porque la Ley es muy clara, si ellos (Gobierno del Estado) dijeran que esos 2 mil 600 millones de pesos los toman del FAFEF para pagar la deuda de corto plazo, es delito. Por eso no lo reconocen. Pero si tú les preguntas para qué quieren esos 2 mil 600 millones de pesos te contestan que para otras cosas, que el dinero de la deuda de corto plazo ya lo tienen”. De ahí que el CCE se oponga a que el Estado adquiera más deuda.
INVIABLE PERIFÉRICO ZAPATA-AEROPUERTO
Respecto a la autorización para que se contrate financiamiento para la Asociación Público Privada (APP) del Periférico Zapata-Aeropuerto, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías denunció que en el decreto se establece un monto inicial de $1,468,606,491 y un costo total de inversión de $11,600,039,660.71, pese a que el costo total real de la obra es de mil 468 millones de pesos. “Están volando 10 mil 134 millones de pesos”.
Y cuestionó: “¿Negligencia, error, descuido, corrupción? O viene un desvío de fondos. Y nosotros no podemos permitir eso”.
Sobre ello, Hernández Díaz comentó a ZETA que esa diferencia se debe al valor del dinero en el tiempo, que implica intereses entre otros rubros. Ejemplificó que cuando alguien compra un vehículo sabe que el costo se eleva cuando se adquiere por crédito.
“Si Usted suma las mensualidades que paga por ese carro durante tres, cinco, seis años, se dará cuenta que el valor del auto en el escaparate le va a parecer un costo diferente y superior”, lo cual, dijo, no es fácil de entender para quien no esté familiarizado con temas financieros, pero “tengo la sensación de que los empresarios sí lo entienden, pero ellos manejan otra versión por diversas razones que no están a mi alcance ni me corresponde a mi analizar”.
Por otro lado, Llantada Ávila expuso que el aforo que deberá tener la vialidad para que el Estado no pague la garantía de ingresos no coincide con los números del gobierno.
De hecho, conforme a señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, se indica que “durante los primeros cinco años de operación, el Estado tendrá un flujo negativo por 95.97 millones de pesos”, lo que es inviable para las finanzas.
De ahí que los empresarios propongan validar el aforo vehicular por un tercero, revisar las condiciones contractuales, porque el riesgo de la obra es del Estado, cuando tendría que ser de la empresa al ser una APP no solicitada.
“Incluso pudiéramos buscar que se replantee la licitación”, agregó Llantada, quien explicó que si esta APP se licita conforme a los términos de la Ley Federal de la APP se puede acceder a recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que podría dar al menos 30% del recurso de la obra a fondo perdido y el riesgo no recaería en las arcas estatales. Lo cual también podría hacerse con la desalinizadora.
DESALINIZADORA DE ROSARITO QUITARÁ RECURSO A EDUCACIÓN
Conforme a la acción de inconstitucionalidad, la autorización para contratar el financiamiento de la desalinizadora de Rosarito viola el derecho a la educación, ya que en el Decreto 335 se establece como fuente alterna de pago la totalidad de la recaudación e ingresos del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y su sobretasa anual.
Lo que es contrario al Artículo 151-14 de Ley de Hacienda del Estado de Baja California, el cual indica que los recursos por la sobretasa se destinarán “exclusivamente a la educación superior en la entidad”, y 5% a un fideicomiso empresarial con el que se apoyará la seguridad pública entre otros rubros.
Al derivar de un “acto ilegal” que modifica la Ley de Ingresos 2019 y Ley de Hacienda vigentes, se contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de vulnerar derechos consagrados en esta.
Para los empresarios, la desalinizadora de Rosarito es financieramente inviable pues la fuente de pago son los recursos provenientes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), cuyas tarifas tendrían que elevarse 30% para garantizar las contraprestaciones mensuales.
Llantada Ávila aseguró que la desalinizadora de Ensenada tiene este problema, con lo que la CESPE tuvo que recurrir al crédito de contingencia para cubrir las contraprestaciones. “En el caso de Tijuana sería peor y un caos financiero”, por lo que, “se busca que se replantee la desalinizadora, que sea un proyecto escalable, que responda a la realidad actual”.
CREAN EMPRESA DE DESALINIZADORA CINCO5 DÍAS ANTES DE FIRMAR CONTRATO
Solís Farías cuestionó el que Aguas de Rosarito, SAPI de CV haya sido creada el 17 de agosto de 2016, cinco días antes que el Gobierno del Estado firmara el contrato de la desalinizadora. Además, observó que en lugar de que las tres empresas ganadoras de la licitación (NSC Agua, SA de CV; Nuwater, SAPI de CV y Degremont, SA de CV) crearan Aguas de Rosarito -que construirá la desalinizadora-, en el acta constitutiva de esta última empresa no aparece Degremont.
El especialista advirtió que las tres empresas ganadoras tampoco responden con sus bienes ni directa, ni solidariamente, dejando toda la presión a la nueva compañía, la cual es una “empresa de papel” que carece de activos, personal, infraestructura y capacidad material, violando el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, “porque quienes poseen estas características no aparecen más que de referencia en el contrato, de ahí la importancia de no asignar 9 mil millones de pesos a una empresa de papel creada cinco días” antes del contrato.
Tan grave es la creación de la empresa, que por eso dejaron cláusulas y anexos en blanco que permiten manipular en el futuro cualquier información, como se desprende de la cláusula 26 y anexos 9,10,11,12 y 15 que se dejaron en blanco, lo cual permite que a posteriori se realicen complementos, addendums o anexos que cambien las condiciones de forma injustificada.
ZETA acudió al domicilio de Aguas de Rosarito, ubicado en Bulevar Sánchez Taboada 10UCESPT488, oficina 801 en Tijuana, donde personal de la recepción de Plaza Platino informó que no existía ningún despacho a nombre de esa empresa. De Degremont, SA de CV, este Semanario no encontró ninguna acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de la Secretaría de Economía.
Cabe mencionar que el 9 de abril de 2018, ZETA publicó una entrevista firmada por la reportera Inés García Ramos, en la que Gough Thompson (socio principal de East West Group) narró cómo él, Alejandro de la Vega Valladolid y Rick McTaggart (dueño de Consolidated Water en Islas Caimán) fundaron Norte Sur Agua, SA de CV en 2009.
En el encuentro, en el que habla sobre el juicio mercantil contra De la Vega Valladolid y McTaggart, Thompson afirmó que “Rick McTaggart, propietario de Consolidated Water y prácticamente dueño de la desaladora, no es una persona en quien pueda confiar”.
Encuentro entre Gobierno de BC y empresarios a finales de mayo
El próximo 23 de mayo, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California se reunirán con funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid para abordar la reestructuración de la deuda del Estado, informó Rodrigo Llantada Ávila, secretario técnico del organismo.
Detalló que aún falta definir las sesiones para abordar los proyectos de las desalinizadora de Rosarito y del Periférico Zapata-Aeropuerto, luego que se reprogramaran las reuniones propuestas por el Gobierno del Estado (16 y 17 de mayo) por cuestiones de agenda.
A pregunta expresa de si el CCE interpondrá el amparo independientemente de las reuniones, Llantada Ávila dijo: “Sí, porque los tiempos que nos permiten de tomar alguna medida jurídica son estos, sin embargo, si en el transcurso de las negociaciones, de las pláticas, de las conciliaciones numéricas encontramos viabilidad que nos pueda convencer a ambas partes, pudiéramos desistir del amparo, pero estamos hablando de que tendríamos que coincidir en los cuatro temas”.
Desde el 19 de diciembre de 2018, cuando empresarios y el gobernador acordaron que el Consejo Consultivo Financiero del CCE revisaría las finanzas del Estado para determinar la viabilidad de los proyectos, se han efectuado cuatro reuniones con la presencia de los presidentes del organismo.
No obstante, según los empresarios, hasta febrero de 2019, el gobierno estatal entregó toda la información solicitada.
