Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que desde el pasado 16 de abril la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura de Mario Plutarco Marín Torres, ex gobernador de Puebla, acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.
“El mismo día “que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja […] Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad”, afirmó Gertz Manero en rueda de prensa.
El titular de la FGR agregó que la ficha roja para la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge.
El mes pasado, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador, del empresario, así como del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y del ex subdirector de mandamientos judiciales, Hugo Adolfo Karam Bernal.
La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En diciembre de 2018 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en 2005.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 11 de abril, a uno meses de que se cumplan 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.
La periodista fue detenida ese mismo año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, conocido como “El rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro, ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte concluyó el asunto.
El Pleno de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la Comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO
La investigación realizada por la periodista retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Durante el trayecto de más de 15 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el pasado 2 de agosto falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
– Con información de Milenio.
