Las reformas de Ley aprobadas con 17 votos a favor y seis en contra el 9 de mayo de 2019, para la creación de una Fiscalía General de Justicia independiente para Baja California, obstaculizan su mencionada autonomía, simplemente porque la propuesta de la terna de candidatos sigue en manos del gobernador en turno.
Esto a pesar que en campaña, Francisco Vega de Lamadrid prometió que en su sexenio el fiscal se decidiría en una jornada electiva pública.
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Pero la Ley que presentaron está tan amarrada, que si los diputados no se ponen de acuerdo y no alcanzan la mayoría calificada, después de dos ternas y varias rondas, incluso reduciendo el número mínimo de votos a favor requeridos para la designación a quince, entonces, “… el Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá nombrar al Fiscal General del Estado de entre los candidatos que integraron las ternas enviadas al Congreso”, así de simple.
Sin embargo, la aplicación de las reformas quedó en “suspensión provisional” después de una solicitud de amparo presentada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional -ex panista- Victoria Bentley. Y el Juzgado federal tomará el 11 de junio la decisión de si le niega el amparo o concede la suspensión definitiva, e inician un juicio que mantendría inaplicable la mencionada Ley durante lo que dure el proceso, mínimo seis meses y hasta más de dos años.
Pero más allá del pleito entre dos fuerzas políticas, PAN y Morena (estos últimos que consideran tendrán mayoría en la próxima Legislatura), ambos partidos pelean por ser ellos quienes designen al que será el primer fiscal autónomo y con duración de nueve años en el cargo. La realidad es que la subordinación e ineficacia evidenciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado -además de la obligación de adherirse a un sistema implementado desde la Federación-, dejan clara la urgencia de designar un fiscal.
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Pero el análisis de la discusión debería girar no en torno a qué partido lo elige, sino cómo tener un fiscal realmente independiente y con la integridad, disciplina, eficacia y liderazgo que requieren las condiciones de inseguridad de un Estado como Baja California. Pero eso no sucede y los hechos indican que los diputados actuales ni siquiera están interesados.
Ellos recibieron la propuesta del Gobierno del Estado el 1 de marzo de 2019 y la pasaron tal cual, sin aportaciones o innovaciones del Poder Legislativo, ignorando los planteamientos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quienes en un comunicado recibido el 8 de abril, les refirieron la necesidad de un “fiscal general que trascienda las voluntades políticas de los gobernantes…”, comprometido con “… el establecimiento de un proceso de selección transparente y público, en el que se garantice la participación de la sociedad civil”.
De igual forma, sugirieron una convocatoria pública acompañada de organismos de la sociedad civil y del sector empresarial, al tiempo que recordaron que la propuesta remitida por “Kiko” Vega generaba el riesgo de que el fiscal no fuera autónomo ni independiente.
Léase, que el proceso culmine en la designación del ex director del sistema penitenciario de Vega de Lamadrid, David Limón Grijalva, como fiscal carnal, tal cual han acusado y adelantado los detractores políticos del Ejecutivo estatal, recalcando que su designación sería para solapar -no investigar- el desaseo y los abusos de las finanzas públicas a través de diferentes proyectos.
En este punto valdría recordar que los de Morena, en el Gobierno Federal también eligieron a Alejandro Gertz Manero como fiscal carnal propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; consumado el hecho, empezó bien con el anuncio de que judicializará los delitos de Estado, el caso Odebrecht, “La Estafa Maestra”, Tlahuelilpan y Ayotzinapa, asuntos que AMLO había dicho, él no perseguiría. Pero ciertamente falta saber si llegado el momento, Gertz también investigará y castigará a los integrantes del partido que lo llevó al poder.
Hoy en Baja California, con el procedimiento de selección de fiscal general empantanado, valdría la pena que los diputados recordaran que están en el Congreso para representar las necesidades e intereses de la gente, no los de su partido o el titular del Poder Ejecutivo. Y que también van a elegir -si les dan los tiempos- al representante de las necesidades e intereses en materia de justicia de los ciudadanos ante el Poder Judicial, y que una buena forma de encontrar al candidato ideal que genere la confianza y el acompañamiento de la comunidad, es buscar la máxima ciudadanización del proceso electivos, hasta donde la Ley lo permita.
En una entidad federativa con la impunidad al tope, la inseguridad desbordada y una fiscalía de efectividad limitadísima, los legisladores no pueden olvidar que la designación del próximo fiscal debería ser un acto de conciencia, una responsable búsqueda del hombre o mujer que además de reunir los requisitos de Ley, por su personalidad y méritos, garantice independencia.
Están obligados a buscar a una persona valiente, con voluntad y coraje, lo que no significa temeridad, porque el cargo en un Estado peligroso así lo requiere. Que haya dado muestras de su interés en el bien común, innovadora, que busque el cómo, que sea tenaz, que existan evidencias de su competencia y eficacia en el trabajo. Una persona íntegra, imparcial, con liderazgo, de principios sólidos. Alejado del tráfico de influencias, la ineptitud, el compadrazgo, la complicidad y la codicia.
Porque la necesidad colectiva, la demanda social y el interés público, urgen un fiscal general con estas conductas, para que entienda que los funcionarios no están por encima de las leyes y que su responsabilidad es con el pueblo al que representa y ante el cual está obligado a responder.
Por lo pronto, el panorama no resulta alentador, porque mientras no haya nuevas propuestas de Ley, se sigue tratando de elegir entre una terna de candidatos designados por el gobernador en turno.
