A sabiendas que tenían una suspensión provisional en puerta, diputados panistas y priistas intentaron adelantarse a la justicia federal y nombrar un magistrado numerario la noche de un día inhábil para trabajadores del Congreso del Estado. Sin embargo, la “movida” no resultó debido a que no hubo el quórum legal requerido. El error en sus cálculos no pudo impedir que el proceso se “paralizara” y ahora, por cuarta ocasión, el Poder Legislativo está imposibilitado por tiempo indefinido para designar magistrado. Tres días después, sin embargo, nombraron magistrado anticorrupción y aprobaron convocatoria para fiscal general
Los planes no salieron como esperaban.
La noche del lunes 6 de mayo, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) pretendieron dar “madruguete” a la justicia federal y elegir al sucesor del magistrado Emilio Castellanos Luján, de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, antes de ser notificados (a sabiendas que lo serían) de la demanda de amparo interpuesta por dos de los aspirantes que se encuentran inconformes con los resultados otorgados por el Consejo de la Judicatura.
El presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Benjamín Gómez Macías, convocó a una sesión extraordinaria de pleno tres horas antes y en un día inhábil -tomaron el día lunes 6 con motivo del 5 de mayo-, con el objetivo de nombrar a un magistrado numerario, pese a que ni siquiera era un tema dictaminado en la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales. Es decir, pretendían hacer todo por la vía rápida.
Sin embargo, para las nueve de la noche del lunes, la Comisión no había sesionado y varios integrantes de la Junta de Coordinación Política se retiraron del recinto legislativo, lo que imposibilitó llevar a cabo la sesión.
La “movida” se efectuó a sabiendas que los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito habían otorgado la suspensión provisional de las demandas de amparo 351/2019 y 342/2019, interpuestas por los jueces Jesús Angulo Guzmán y Álvaro Castilla Gracia, respectivamente. Fue este último quien abiertamente señaló durante su entrevista ante legisladores que se había inconformado por el método de evaluación realizado por el Consejo de la Judicatura, y aunque no precisó más detalles de este recurso, era claro que había recurrido al amparo.
Ahora el Congreso del Estado tendrá que esperar varios meses para poder llevar a cabo el proceso de selección, lo que probablemente corresponderá a la próxima Legislatura local.
Por cuarta ocasión consecutiva, aspirantes a ocupar el cargo de magistrados recurren a la justicia federal al considerar que fueron agraviados durante las evaluaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura, lo que ha provocado caos en el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Los diputados Andrés de la Rosa, Raúl Castañeda Pomposo y Benjamín Gómez Macías, concuerdan que es urgente llevar a cabo modificaciones a los procesos de evaluación de candidatos a magistrados para reducir la posibilidad de amparos. Sin embargo, reconocen que tienen derecho a recurrir a esta medida cuando se sienten agraviados.
SE PARALIZÓ EL PROCESO
Por cuarta ocasión, el proceso de selección de magistrados del TSJE está “paralizado” debido a recursos de amparo interpuestos por aspirantes al cargo. Esto ha provocado -en otras ocasiones- que salas del TSJE se desintegren y afecte el trabajo jurisdiccional de la institución.
Hoy el tribunal funciona con los únicos dos magistrados supernumerarios con nombramiento, y en caso de registrarse otra vacante, esta quedaría acéfala, lo que permitiría al Congreso solicitar el levantamiento de la suspensión definitiva, tal y como ocurrió en los procesos donde resultaron electos los hoy magistrados Gustavo Medina Contreras y Alejandro Isaac Fragoso.
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Los días 1 y 2 de mayo, 18 aspirantes a magistrados tuvieron sesión de entrevistas ante diputados de la XXII Legislatura; pocos diputados le tomaron seriedad al asunto previo al dictamen.
Dado que la mayoría de los aspirantes ya han tenido audiencia hasta en cinco ocasiones, legisladores prestaron poca atención a las propuestas, sin mencionar que solo algunos recibieron cuestionamientos por parte de los representantes populares.
Fue hasta la tarde-noche del jueves 9 de mayo cuando se presentó el primer sobresalto. El juez para adolescentes Álvaro Castilla Gracia, aprovechó su momento frente a los diputados para externarles su inconformidad con el proceso de selección que se llevó a cabo en el Consejo de la Judicatura, además de expresarles que se había inconformado por la calificación de 80.
Durante la entrevista argumentó que tuvo una calificación muy baja en el examen práctico, que consiste en la elaboración de una sentencia. Castilla Gracia consideró que tiene suficiente experiencia para saber cómo realizar un proyecto, por lo que pidió una explicación a detalle sobre su error.
Según su dicho, el Consejo de la Judicatura se limitó a responderle que su solicitud era infundada, pero justificaron los razonamientos que concluyeron con el resultado de su evaluación, por lo que decidió inconformarse.
Continuó señalando que exhibir las calificaciones los pone en desventaja al momento de pedir una recomendación por parte de los colegios de abogados, e incluso los hace ver mal frente a su familia, lo que en su opinión, no debería ser.
Además. el juez de Justicia para Adolescentes criticó que el Consejo de la Judicatura solo reconoce los cursos, diplomados y maestrías avaladas o realizadas por el Poder Judicial local, lo que considera injusto, máxime porque su formación profesional posterior a su licenciatura, ha sido gracias a la justicia federal u otras instituciones nacionales e internacionales, por lo que gran parte de su educación no repercute en su calificación.
Ante ello, el diputado Raúl Castañeda Pomposo se dijo de acuerdo con la inconformidad, comprometiéndose a revisar el tema.
HAY INTERESES POLÍTICOS: BENJAMÍN GÓMEZ
Los tres diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, coinciden en que, si bien es cierto que toda persona tiene derecho a buscar el amparo de la justicia federal, es necesario modificar los procesos para reducir esta posibilidad.
Sin embargo, el propio Benjamín Gómez, diputado del PRI, fue más allá al asegurar que existen intereses políticos ajenos al Poder Legislativo que pretenden impedir el trabajo que se realiza en el Congreso en este tema.
“Hay intereses políticos ajenos al Poder Judicial y hoy desafortunadamente llegaron las campañas y afecta el proceso legislativo”, afirmó.
Cuestionado al respecto, expuso que se encuentran abiertos a recibir alguna alternativa por parte del Poder Judicial para realizar modificaciones a la Ley orgánica que permita reducir las posibilidades de recurrir a amparos.
Negó que se trate de un acto intencional o de un “madruguete” para evitar la suspensión, sino que pretendían sacar adelante el tema antes del 12 de mayo, fecha límite para elegir al magistrado numerario.
Por su parte, el diputado Andrés de la Rosa Anaya declaró que hay ciertos puntos dentro de la Ley orgánica que deberían evaluarse para definir criterios y no dejarlo a interpretación de consejeros y magistrados, lo que daría certeza a los procesos de selección.
“No habría ahí nada que generar en los amparos, lo que podríamos hacer también es revisar la Ley orgánica del Poder Judicial; pudiéramos establecer para reforzar el proceso de selección y no dejarlo a una discrecionalidad”, asentó.
Tanto De la Rosa como Castañeda Pomposo concuerdan en que no es correcto quitarle de las manos la evaluación al Consejo de la Judicatura, al ser el órgano adecuado para depurar y elegir a los mejores candidatos. Sin embargo, ambos expresan que existe una gran urgencia en definir puntos, como el reconocimiento de los cursos y diplomados, pues todos ellos otorgan puntaje a los aspirantes y en la mayoría de las ocasiones optan por tomarlos fuera del Poder Judicial local.
Castañeda Pomposo aprovechó para reclamar que el Gobierno del Estado no ha publicado en el Diario Oficial del Estado las reformas a la Ley orgánica del Poder Judicial, que -según dijo- vendrían a mejorar ciertos criterios, como el proceso de selección y la designación a manos del Congreso.
Reconoció que la selección de magistrados es la única convocatoria en la que el Legislativo no tiene influencia directa hasta la elección final, y quien debería definir esos temas es el propio Consejo de la Judicatura.
Sobre si pudiera quedarse una vacante próxima con el retiro de Emilio Castellanos Luján, toda vez que no hay magistrados supernumerarios, De la Rosa Anaya afirmó que habría que esperar si los jueces federales emiten su sentencia antes de que esto ocurra.
Se cubrirá la vacante de magistrado, Emilio Castellanos Luján.
Referente a la falta de supernumerarios, pues incluso la reforma de Castañeda Pomposo pretendía incrementar hasta seis el número de ellos, el diputado planteó que no se han nombrado porque el Consejo de la Judicatura no ha emitido la convocatoria correspondiente.
SIN COMENTARIOS: PODER JUDICIAL
Pese a que se trata de un tema que ha generado un verdadero caos al interior del TSJE, el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales, aseguró a ZETA no tener comentarios al respecto.
Al término de la sesión de pleno celebrada la mañana del martes 7 de mayo, el titular de la institución subrayó que hasta ese momento no habían sido notificados, pero reiteró, no habría un posicionamiento oficial por parte del Poder Judicial sobre un tema inherente al Congreso del Estado.
EN MEDIO DE DEBATE Y “EN SECRETO”, APRUEBAN FISCALÍA Y MAGISTRADO ANTICORRUPCIÓN
Luego de un intenso debate jurídico-político entre la diputada Victoria Bentley Duarte y dos legisladores del PAN e intervenciones de otras fuerzas políticas, el Congreso del Estado aprobó por mayoría calificada la creación de la Fiscalía General del Estado, con lo que se abre la posibilidad de emitir la convocatoria y nombrar a su titular posiblemente antes terminar la Legislatura.
La elección estuvo a un voto de regresar a Comisiones, pues apenas alcanzó los 17 votos requeridos para la reforma constitucional, contra seis que se declararon en contra.
Aunque la votación se llevó a cabo por medio de cédula -es decir, en secreto-, fuentes al interior del Poder Legislativo aseguran que la mayoría de PAN y PRI votaron a favor, mientras que en contra habrían sufragado Victoria Bentley, Héctor Mares Cossío, Rocío López Gorosave, Bernardo Padilla, José Antonio Casas y José Luis Bribiesca; Teresa Patricia Valeriano Pérez, diputada por el Partido del Trabajo, se alejó del bloque y cambió el rumbo de su voto, lo que permitió sacar adelante el tema de la Fiscalía, el cual ya había sido devuelto a Comisiones en una ocasión.
En la misma sesión extraordinaria del Poder Legislativo, diputados nombraron a Iván José Curiel Villaseñor como el primer magistrado anticorrupción, que se integrará de forma inmediata a las labores del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA), con lo que se considera se cumplieron los acuerdos entre los grupos parlamentarios del PRI y PAN, principalmente.
Este último tema fue el primero en tratarse en la sesión del pleno, donde se eligió a Curiel Villaseñor como nuevo magistrado con 19 votos de los 23 posibles, muy por encima de sus otros competidores: Victoria Eugenia Guerrero Urquidez, quien obtuvo dos votos; María Luisa García Serrano y Raúl Ballesteros Gutiérrez Rubio, con un voto cada uno. María Cristina Elizabeth Lew Luna y Juan Alberto Valdiviezo Morales no alcanzaron sufragios.
No hubo debate ni inconformidad en este tema, el cual también recibió una votación a través de cédula, lo que imposibilitó conocer la elección de cada uno.
Sin embargo, la tensión se generó en el siguiente tema, cuando se abrió el debate para abordar el tema de la Fiscalía General, donde la primera en levantar la mano fue la diputada Bentley Duarte, quien desde su cambio a Morena ha mostrado una férrea oposición a varios puntos vitales para el oficialismo al interior del Congreso.
Abrió su intervención señalando que el día que se dictaminó el tema de la Fiscalía presentó una adenda que fue ignorada por la Comisión, precisando una serie de inconsistencias que a su juicio, tenía la iniciativa de reforma, por lo que pidió se retirara del Orden del Día.
Entre los puntos de la legisladora, como que un transitorio de la Ley pretendía “brincarse” la espera de su publicación en el Diario Oficial del Estado y emitir la convocatoria de manera inmediata, lo consideró irregular, ya que cualquier dictamen aprobado en el pleno adquiere -según dijo- característica de Ley, por lo que debía tratarse como tal.
Otro de los puntos donde se mostró inconforme, es que no existía justificación para que el Centro de Evaluación, Control y Confianza (C3) fuera trasladado a la Fiscalía General, pues se corría el riesgo de perder las certificaciones que había logrado conseguir la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Indicó que el próximo fiscal deberá cumplir con las evaluaciones de Control y Confianza, lo que limita a los abogados que no han trabajado en el servicio público, pues nunca han sido sometidos al mismo.
Bentley Duarte precisó también que no hubo quórum legal en la última sesión de Comisión y que no se emitió una convocatoria 24 horas antes de la que se llevó a cabo la noche del lunes 6 de mayo.
Agregó que dicho tema debe ser tratado por las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, tal como se estableció en noviembre de 2018 por el propio pleno del Poder Legislativo, lo que en su opinión, no ocurrió.
Notoriamente molesta, pidió perdón a los ciudadanos de Baja California por haber votado algunos temas que resultaron sensibles a la ciudadanía, además de no impulsar la socialización de los temas relevantes, entre estos el de la Fiscalía.
Luego de dos intervenciones tibias de los diputados Bernardo Padilla y Alejandro Arregui, del PRI, donde el primero coincidió en que faltó socializar el tema, como respuesta, el diputado Andrés de la Rosa Anaya dijo que su compañera de Morena no había acudido a las últimas cinco sesiones de Comisión, por lo que consideró que todos los señalamientos que calificó de “vehementes”, pudo hacerlos cuando se llevaba a cabo el análisis.
De la Rosa presentó los justificantes y expuso que todas sus dudas habrían sido aclaradas si se presentara a las mismas.
Posteriormente pidió la palabra el diputado Miguel Osuna Millán, quien se limitó a pedir que no se involucren temas de interés político a una reforma tan importante como la que tenían enfrente.
Uniéndose a la defensa de la Fiscalía y con tono irónico, Raúl Castañeda Pomposo aseveró que algunos de los argumentos de la diputada habían sido derogados de la Ley orgánica desde 2016, por lo que no podía tomar en serio su adenda, la cual -entre sus argumentos- solicitaba que el tema debía ser analizado por el Instituto de Opinión Pública del Congreso, el cual ya había sido desintegrado desde el inicio de la Legislatura.
En su perspectiva, los intereses de Bentley y del diputado Mares eran evidentes al referir que su única intención es dilatar el proceso, esperando ganar las próximas elecciones y así designar un fiscal “a modo”, tal y como ocurrió en el Gobierno Federal, donde no se estableció el requisito del C3.
En la misma dinámica, Castañeda Pomposo aseveró que cualquier abogado que busque un cargo de esa naturaleza, tiene la posibilidad de acudir a realizarse los Exámenes de Control y Confianza, por lo que dicho argumento está fuera de lugar. También desacreditó los señalamientos de trasladar el C3 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la Fiscalía, pues afirmó que se pidió opinión técnica de la institución, la cual estuvo de acuerdo.
Bentley reviró, afirmando que no todos los puntos habían sido aclarados y advirtió que cualquier abogado puede interponer una demanda de amparo y causar daño al proceso de selección.
El debate pudo seguir, pero el presidente de la mesa directiva del Congreso, Benjamín Gómez Macías, agotó la discusión y procedió a la votación, la cual aprobó la tan cuestionada iniciativa, que entre sus características tiene la independencia de la Fiscalía del Poder Ejecutivo, pues el nombramiento de nueve años corresponde al Congreso del Estado.
A lo único que se limitó el funcionario, fue a precisar que dentro del Consejo de la Judicatura se trabaja en un proyecto de Ley orgánica para el Poder Judicial, donde se contempla una modificación integral y rediseñar el proceso de evaluación para aspirantes a magistrado.
