El gobierno del estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, confirmó a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que los apoyos por convenio que se tienen estipulados con el albergue Instituto Madre Assunta de Tijuana, se encuentran actualmente “en proceso en la Secretaría de Finanzas”, por lo tanto no han sido entregados desde que inició este 2019.
Como se dio a conocer en la columna “Sortilegios” en la edición impresa número 2353 de este Semanario, en la época del gobierno de Héctor Terán Terán (1995-1998) se firmó un convenio de apoyos para albergues que integran la Coalición Pro defensa del Migrante, que en ese entonces encabezaba José Luis Pérez Canchola y que actualmente se desempeña como consejero en la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
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En entrevista con ZETA, Pérez Canchola refirió que actualmente el gobierno de “Kiko” Vega debe 87 mil 500 pesos al albergue Instituto Madre Assunta, cada día primero se les debe entregar 17 mil 500 pesos, y esto no se ha hecho desde que inició el presente año.
Este convenio y la cantidad estipulada mensualmente, contempla solventar los gastos de agua, luz, predial, alimentación y medicinas, dada “la importancia que los albergues realizan en pro de los migrantes que están en tránsito, como los que son deportados a México”, señaló el defensor de los derechos humanos.
Por lo tanto consideró este hecho como “una falta grave” que a estas alturas del año aún no les sea retribuido el recurso que por años se les ha estado proveyendo a estos albergues.
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Pérez Canchola también informó que dicho convenio se encontraba “atorado” y “sin renovar” desde diciembre de 2018 en las oficinas de la Coordinación de Gabinete del Estado, razón por la que “quizá” el recurso no había sido entregado todavía, dada la falta de dinero en “las arcas del Estado” y las múltiples deudas que se tienen con otras instituciones.
Por su parte el secretario de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado, Alfonso Álvarez Juan, declaró que el convenio mencionado “sí está al día” y confirmó que “los apoyos están en proceso en la Secretaria de Finanzas”, sin aportar más explicación ni detallar cuándo podría quedar resuelta.
Pérez Canchola destacó que es urgente que “Kiko” Vega asuma esta responsabilidad dada la urgencia que se tiene en el albergue, un espacio que tiene la capacidad solamente para 80 personas, pero que con la constante migración centroamericana e interna se han visto rebasados atendiendo hasta 150 migrantes, principalmente niñas, niños, mujeres adolescentes.
Con dificultades para la condonación del agua
En una consulta general que ZETA realizó con la gran parte de los titulares y responsables de los albergues de Tijuana y Mexicali, la gran mayoría de ellos respondieron que los convenios y acuerdos que han tenido con el Gobierno del Estado generalmente han sido resueltos, sin embargo, cuando se ha tratado de asuntos económicos éstos han sido solventados de manera extemporánea.
Principalmente bajo el argumento de que muchos recursos provienen del Gobierno Federal y no son canalizados a tiempo, o porque simplemente el Estado en el momento no cuenta con el recurso suficiente y se solventa fuera de tiempo, lo cual de alguna manera genera complicaciones en el plano operativo de estos.
Otra de las dificultades que tienen es para poder ser acreedores al decreto de condonación del uso de agua que se publicó en el Diario Oficial de Baja california el pasado 9 de marzo, según compartió José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante Tijuana.
García refirió que les están pidiendo una serie de tramitología como si fueran “nuevos albergues”, lo cual ha generado que sean pausados los procesos, además de complicados debido a toda la serie de requisitos que les piden y que deben entregar por escrito.
Aunado a ello, resaltó que una vez que les otorgan la carta para el subsidio, en esta se menciona tal cual que esta no representa la condonación total o del 100% del adeudo, sino que cada albergue todavía tiene que pagar el 30% del total y solo así el Estado condonará el resto de la deuda, lo cual no ven como algo convincente después de que el gobernador “Kiko” Vega diera a conocer que serían condonaciones del 100%.
En otros albergues ven esta medida como algo pro activo, sin embargo concuerdan en que son muchas “trabas” o “limitantes las que les están poniendo con tantos requisitos, como el hecho de tener que estar enviando periódicamente una lista de todos los usuarios del agua en cada uno de los albergues, es decir, una lista de los migrantes que estén en su momento, personal y responsables de los mismos.
Medidas que comparten, deberían ser mucho más “accesibles”, dadas las actividades que realizan y toda la carga de trabajo que le quitan al Gobierno del Estado, atendiendo a una población que año tras año no deja de fluctuar en esta ciudad y en el estado mismo, y que en últimos años se ha visto aglomerada por la llegada de miles de haitianos y centroamericanos que han requerido de atención inmediata y oportuna.
