La delación contra Vega de Lamadrid es por enriquecimiento ilícito, mientras que a Gastélum Buenrostro se le acusa de fraude, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa, y desvío de fondos
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Representantes del Colegio de Abogados de Tijuana anunciaron que las denuncias interpuestas a Francisco Vega de Lamadrid y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, han sido transferidas de la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Estado zona Costa, por considerarse incompetente para realizar su función.
Sin embargo, el presidente del organismo, Rafael Cruz Manjarrez admitió que sí existen los recursos suficientes para determinar que se incurrió en enriquecimiento ilícito, por parte del Gobernador del Estado; así como el delito de Fraude, en el caso del Alcalde con licencia de Tijuana.
Mencionó que el 18 de diciembre de 2018, el grupo de abogados interpuso una denuncia en contra de Francisco Vega de Lamadrid por enriquecimiento ilícito desde que inició su carrera política como funcionario público en la Secretaría de Desarrollo Social, posteriormente como alcalde de Tijuana, hasta ahora como Gobernador del Estado.
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“Se señala una serie de situaciones desde que el señor participó en Desarrollo Social en el Ayuntamiento, de ahí pasó a ser Presidente Municipal, luego fue candidato a gobernador, y en todo este tiempo que data de 1989 a la fecha, siempre se ha estado negando a presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, su 3 de 3”, dijo el abogado.
Como funcionario público, Vega de Lamadrid está obligado bajo la Ley General de Responsabilidades a transparentar sus patrimonios, mencionó, los cuales han crecido “de forma oculta” porque de acuerdo a sus años en la función pública, no alcanzan los tiempos para formar la fortuna que tiene, así como sus propiedades.
Al respecto, Cruz Manjarrez aseguró que la Fiscalía General de la República se declaró incompetente para continuar con la investigación, porque no había evidencias que de estuvieran involucrados recursos federales, por lo que pasó el caso a la PGJE zona Costa, quien tiene de 15 a 30 días para determinar si ellos son competentes para continuar con la averiguación.
En el caso de la denuncia contra Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana que se encuentra con licencia, la demanda se interpuso el 8 de enero, por fraude, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa, y desvío de fondos incluidos su hijo, Juan Manuel Gastélum Rivera, Dayana Guadalupe Gutiérrez Ponce de León y Grecia Rodríguez Valencia.
De igual manera, la FGR traspasó la averiguación a la dependencia estatal por no haber recursos federales involucrados, sin embargo los demandantes aseguraron que no dejarán que las denuncias se queden en el olvido.
