Con la intención de “acabar con los privilegios fiscales”, el martes 21 de mayo entró en vigor el decreto por el que se eliminan las condonaciones generalizadas y masivas, que según la administración de Andrés Manuel López Obrador, afectó las arcas gubernamentales por 400 mil millones de pesos en los últimos dos sexenios.
Al firmar el decreto publicado un día antes, el Presidente de México acusó que esta práctica permitió condonar a grandes contribuyentes en “un huachicol de cuello blanco”, en referencia a que de 153 mil 530 contribuyentes, 108 concentraron la mitad del monto condonado de 2007 a 2018.
No obstante, el decreto publicado hace unos días considera como excepción el decreto que condona parcialmente el Impuesto sobre la Renta que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, además de los beneficios fiscales en materia de vivienda.
Mientras que deja abierta la posibilidad de no aplicar la nueva disposición fiscal en casos excepcionales como cuando se hayan sufrido catástrofes por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, y en aquellos casos que hayan afectado o traten de impedir que se afecte la situación de un lugar o región, una rama de la actividad, la producción, la venta de productos o la realización de una actividad.
En opinión el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, la condonación no es un privilegio ni un premio para el incumplido, sino una herramienta de política pública que tiene como propósito sanear de forma ordinaria o extraordinaria el sistema fiscal, por lo que comprometerse a no otorgarlas, “simplemente es dejar en la obsolescencia” una herramienta que, por más injusta que parezca, es necesaria en toda política fiscal.
