Juzticia
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Uno de los problemas graves que aquejan a la ciudadanía en general es la falta de expeditez y prontitud en los juicios, lo que quiere decir que ni hay los suficientes tribunales de justicia, y los que hay la imparten con lentitud de tal forma que las obligaciones que deriven de cualquier instrumento, contrato, convenio o de la propia ley se incumplen con la mano en la cintura a sabiendas que las autoridades judiciales son tardadas y que el afectado eventualmente se desesperará, frustrará y se resignará a vivir en un Estado que no es de derecho.
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Los personajes de la vida pública importantes para la solución de este problema son los diputados quienes autorizan los presupuestos, los cuales deben obedecer a estudios serios, objetivos y con compromiso de materializar una auténtica justicia dentro del mandato constitucional, hay que jerarquizar el gasto público, y los que tienen preponderancia son la educación y la justicia. El presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado es insuficiente.
También se debe privilegiar la independencia e imparcialidad de los funcionarios públicos y no politizar la función jurisdiccional nombrando los diputados a los Magistrados del Poder Judicial puesto que, no obstante que esté previsto en la Ley, invaden la esfera del otro poder y materialmente se presta a imponer condiciones no escritas; el juzgador debe obedecer solamente a su conciencia, a la Ley y a la justicia. Deben tener creatividad los diputados y renunciar a ese irregular Poder de nombrar a los Magistrados.
En el caso de las Juntas de trabajo, no obstante que en esos Tribunales se conocen los conflictos de los factores de la producción que son los que aportan los impuestos con los cuales se financia la operatividad del gobierno, el gobierno materialmente los tiene abandonados presupuestariamente y en consecuencia la justicia laboral se encuentra en un grave aletargamiento en el que la reforma laboral sobre los salarios caídos (2012) quedó superada por la triste realidad; la limitación de los salarios caídos al máximo de un año, motivada según los redactores de dicha reforma, por las truculencias procesales de los patrones, quedó notoriamente superada por la apatía de la autoridad, hay expedientes que tienen más de un año sin que tan siquiera se haya emplazado al demandado.
Sobre el Tribunal de Arbitraje que conoce de las demandas presentadas en contra de los municipios y del Estado, sigue siendo Juez y parte, los conflictos contra el gobierno los conoce el propio gobierno (Poder Ejecutivo), situación que debió haberse contemplado en la reforma del artículo 123 constitucional (2017) en la que se determinó que todos los Tribunales que resolvieran controversias deberían pertenecer al Poder Judicial, y por ello se determinó que las Juntas pasaran al Poder Judicial, omitiendo señalar también a los Tribunales de Arbitraje que materialmente pueden ser mucho más parciales que las juntas.
Los candidatos a la gubernatura y a las diputaciones deberían estudiar y medir el impacto presupuestal y operativo que tendrá la emisión de las Leyes secundarias que reglamentarán el traspaso de las Juntas de Conciliación al Poder Judicial, en el caso de Baja California de las Juntas locales al Poder Judicial del Estado en virtud de que, la transición para que los juicios que se están llevando antes de que entren en vigor dichas leyes y los que se inicien con las nuevas leyes tengan los Tribunales expeditos correspondientes y la prontitud en el trámite de los juicios; actualmente tanto a nivel local como en las Juntas Federales, aunque sea una frase trillada, pero es la realidad, los abogados laboralistas “Ya no sabemos si reír o llorar” por la crisis en la administración de Justicia laboral, y lo que queremos es que quienes aspiran a gobernar Baja California, tengan la conciencia de que el cargo de gobernador no es un premio sino una alta responsabilidad que implica un buen programa, un buen equipo, y sobre todo gran capacidad de trabajo, de compromiso y honestidad.
Debo señalar que se ve “pésimamente pior” que funcionarios públicos de diversos niveles y emanados de diversos partidos participen en las campañas de sus compañeros de partido, es una falta de respeto porque son funcionarios ya, de toda la ciudadanía quien con sus impuestos les paga sus sueldos, me parece una excusa débil el que aleguen que lo hacen en sus días y horas de descanso, su cerebro es uno y su vida también, si se mueren en la campaña fuera de su horario y días de trabajo, materialmente también se está muriendo el funcionario, el funcionario es uno solo y debe ser imparcial íntegramente, no debe tener dos caras.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
