En el caso de Baja California, va por los miles de millones de dólares en poder de los cárteles de Sinaloa, Nueva Generación y Arellano Félix; lo hará a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Financiera, Plataforma México y organismos que aún están en proceso de integración o fortalecimiento. En Tijuana la coordinación será fundamental, “ese conjunto de capacidades que aportan todas estas instancias involucradas es precisamente lo que nos llevará, en su momento, a tener la capacidad para detener a estas figuras, como consecuencia y no como objetivo”, aseguró el funcionario federal Alfonso Durazo
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Las ganancias que rinde el narcotráfico al crimen organizado en México oscilan entre los 35 mil y los 50 mil millones de dólares, y el tráfico de cocaína y heroína representan el principal problema en Baja California, explicó en entrevista con ZETA el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, doctor Alfonso Durazo Montaño.
En los últimos tres meses, el Gobierno Federal ha congelado cuentas de personas que lavan dinero de los cárteles, pero se negó a dar nombres y, al recordarle que públicamente sólo han mencionado la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), argumentó: “No podemos separar las finanzas de una organización criminal de las que participe de un estado a otro, por su carácter trasnacional”.
Del combate a los cabecillas del narcotráfico en Baja California y el resto del país, Durazo explicó que van por el dinero, y a partir de las investigaciones financieras y el trabajo de inteligencia policiaca criminal en colaboración con Estado y municipios, podrán llegar a la captura de los líderes de los cárteles.
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Habló del fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, de cambios en los procesos de certificación de policías, la modificación de los Exámenes de Control y Confianza y el rescate de Plataforma México como herramienta de información e inteligencia criminal.
Pero insistió: “Nuestra prioridad es combatir los crímenes que más afectan a la población, y eso es: asalto a mano armada a transeúntes, asalto a mano armada a casa habitación, robo de vehículos, extorsión, cobro de piso y secuestro”.
A continuación, la entrevista de Alfonso Durazo Montaño con ZETA.
— Secretario, ¿qué porcentaje representa para el crimen organizado el trasiego de droga?
“El narcotráfico se estima en el país que representa un mercado, internacional y nacional, que oscila entre los 35 mil y 50 mil millones de dólares, el huachicol está entre 60 y 80 mil millones de pesos, hay cifras más audaces que lo ubican en niveles superiores, sin embargo, el mercado del huachicol ha representado una ganancia extraordinaria para el crimen organizado, en virtud de que no tiene costos de producción , lo roban y lo venden, no produce, no lo transportan. Todo sucede en el entorno donde se lo roban, ahí lo venden en general, consecuentemente no hay gastos de operación por llamarle de alguna manera”.
— ¿Qué tanta es la afectación por el huachicol en Baja California?
“Es un problema menor, afortunadamente. En Baja California, el problema del crimen organizado es otro y está principalmente asociado al tráfico de drogas, particularmente cocaína y heroína”.
— Precisamente pensando en eso, ¿en qué momento va a empezar el trabajo de inteligencia financiera para combatir esa fuente de financiamiento para los cárteles en lo que corresponde a BC?
“El trabajo inició ya, hemos informado en el transcurso de estos tres o cuatro meses que tenemos en el gobierno sobre iniciativas impensables en otros sexenios, hemos congelado un número muy importante de cuentas que representan montos muy importantes”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
— Pero eso que Usted refiere con relación al CJNG, lo dieron a conocer hace un par de meses…
“No, no, son congelamientos de cuentas que tienen que ver con empresas de personas físicas y morales, que por trabajo de inteligencia hemos encontrado vinculación con alguna organización delictiva con operaciones financieras sospechosas o con lavado de dinero, francamente, dinero procedente de actividades ilícitas.
“No podemos separar las finanzas de una organización criminal de las que participe de un Estado a otro, porque una de las características particulares que tiene el crimen organizado en nuestro país es su carácter trasnacional, su base de operaciones puede tener asiento en un Estado o en otro, abarcan desde Sudamérica hasta América del Norte, pero estamos trabajando en paralelo en el combate a la fortaleza financiera.
“Quisiera que me permitieras hacer un paréntesis aquí, recuerden que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por el Presidente de la República si mal no recuerdo el 16 de noviembre del año pasado, plantea la creación de una guardia financiera y estamos trabajando en ello”.
— ¿Esa es la medida?, porque el presidente dijo que la detención de los capos de los cárteles de las drogas no era una prioridad, ¿la medida es atacar las redes financieras?
“No, a ver, una precisión: hemos dicho que hay un cambio en la estrategia para combatir al narcotráfico, que en lugar de definir objetivos prioritarios como sucedió en el sexenio pasado e incluso el antepasado. Particularmente en el sexenio pasado se definieron 122 objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico, se detuvieron 121; no obstante, la inseguridad creció exponencialmente, consecuentemente no se requiere mucho para llegar a la conclusión de que la persecución de los objetivos vinculados al crimen del narcotráfico no necesariamente genera mejores condiciones de seguridad pública para la ciudadanía en los delitos que más le afectan, como son asalto a transeúntes, robo a casas habitación, extorsión, secuestro, robo de vehículos. En eso no se muestra absolutamente ningún sentido, ni siquiera en el número de homicidios dolosos que, desafortunadamente, tuvieron una tendencia aguda al alza durante 2018.
“Entonces, nuestra estrategia no es ir por los objetivos prioritarios, sino por las finanzas de las organizaciones criminales, que eso es lo que les da capacidad para operar y corromper. “Se ha detenido a 121 objetivos prioritarios, incluidos nombres famosos en ese ámbito, a quienes la ciudadanía recuerda, sin embargo, no recordamos que se les haya quitado bienes, propiedades, cuentas, recursos financieros y, consecuentemente, es asumible que esas organizaciones, no obstante que carecen o se detuvo a su líder, sigan operando en los mismos términos bajo los mandos inferiores en virtud de que su capacidad financiera no ha sido tocada en lo más mínimo”.
— ¿Las investigaciones financieras pueden llegar a permitir la captura de estos líderes?
“Por supuesto que sí, dependería de la información, pero para actuar contra ellos no sólo está la información financiera, está la inteligencia policial, la inteligencia criminal y la colaboración de los estados y municipios.
“En algunos casos tan importantes como Tijuana, esa colaboración es tan fundamental, ese conjunto de capacidades que aportan todas estas instancias involucradas es precisamente lo que nos llevará, en su momento, a tener la capacidad para detener a estas figuras, como consecuencia y no como objetivo”.
— Los líderes de los cárteles cometen delitos federales y las autoridades locales dicen, “bueno, es narcotráfico y no es lo que me toca a mí”. Como fiscalía, el organismo que Usted representa ¿irá por los líderes de los cárteles?
“Vamos a ir por toda persona que con sus actividades afecte la seguridad de la población, sin distinción, por parejo, entiendo y respeto por supuesto la división de atribuciones federales, estatales y locales. Sin embargo, por los niveles de violencia que hay en el país y en virtud de una situación que podemos llamar de emergencia nacional en materia de seguridad, debemos sumar esfuerzos sin regateos, los tres poderes de gobierno, los tres niveles de gobierno, y por su puesto la sociedad. Es decir, el Estado mexicano en su conjunto para poder ser exitosos en el menor tiempo posible en el combate a la criminalidad”.
Al preguntarle por un planteamiento integral de combate al crimen organizado y a los cárteles, el secretario se remitió al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentando el 15 de noviembre de 2018, el cual recoge la propuesta del gobierno con una visión integral, y enumeró:
- Hay que combatir primeramente la corrupción.
- Modificar la visión y la estrategia para enfrentar la inseguridad, en lugar de basar la estrategia exclusivamente en el uso exclusivo, policial y militar.
- Cambiar por una visión amplia para atender a las causas de fondo, de carácter político, educativo, de salud, laborales, particularmente para los jóvenes.
- El uso de la fuerza pública, dando eficacia plena a la estrategia para combatir al crimen.
“Ahora, en el caso específico del crimen organizado, nuestro enfoque es trabajar con inteligencia, particularmente de carácter financiero, para debilitar a las organizaciones criminales en la parte fundamental de su existencia. En eso estamos trabajando mediante el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que, como ustedes han visto, ha iniciado ya un programa muy intenso de combate al lavado de dinero”.
— Cuando al principio de su respuesta refirió el combate a la corrupción, ¿es la corrupción en las corporaciones policiacas y en las instituciones de seguridad?
“Me refiero, primeramente, a la corrupción en el aparato público en su conjunto, particularmente los cuerpos de seguridad; desafortunadamente el aparato público ha sido marcado históricamente por altos niveles de corrupción y dentro del aparato público, si hay alguna instancia estigmatizada por los altos niveles de corrupción, son, precisamente las policías. Estamos ya haciendo un trabajo de combate a la corrupción a fondo, activando todas las instancias administrativas responsables de garantizar honestidad, transparencia, lealtad y sentido del deber en cada uno de los elementos de la Policía Federal”.
—Para esa depuración ¿se están utilizando los mismos elementos? Por ejemplo, los Exámenes de Evaluación de Control y Confianza, o hay alguna innovación en este gobierno…
“Primeramente hay una modificación en los procesos de certificación, siguen siendo una vertiente fundamental pero no la única, y aún esta vertiente está siendo modificada para que los Exámenes de Confianza respondan al perfil de cada una de las posiciones o responsabilidades que se buscan. No puede tener el mismo examen o proceso de certificación un policía operativo, que un policía de investigación o un policía que está en las áreas administrativas, cada uno de ellos, si bien, debe haber y tiene un eje el proceso de certificación, también cada uno de ellos tiene variables para adaptarse al perfil profesional de cada uno de los aspirantes, alguna responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y esto se complementa con investigaciones de carácter socioeconómicos, que son tan o más eficaces que el propio examen técnico para los policías”.
— En ese sentido ¿se reactiva Plataforma México?
“Plataforma México es un recurso tecnológico extraordinario que ha sido subutilizado, tiene una capacidad para recoger toda la información sobre incidencia criminal en el país, información que después de un proceso de análisis se traduce en inteligencia para la toma de decisiones, y efectivamente vamos a fortalecer de manera muy importante Plataforma México”.
—Al cierre del primer trimestre del año, ¿ya hay resultados de esta depuración? ¿Hay policías deshonestos que han sido separados del cargo?
“Bueno, sí, por supuesto que sí, varios han sido separados y otros están bajo proceso de investigación”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
DEL CAMBIO DE ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD Y BAJA CALIFORNIA
Identificada como zona prioritaria por los altos niveles de inseguridad, a partir del 4 de febrero inició en Tijuana el “despliegue territorial” y se anunció la asignación permanente de 600 elementos.
En conferencia de prensa durante la vista presidencial del 27 de marzo, aseguraron que el despliegue era de 2 mil 231 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Policía Federal.
La cobertura anunciada para once zonas prioritarias, de acuerdo a los mapas mostrada, se había ampliado a 27 áreas.
“Ya no son operativos, esa es otra distinción, una diferencia sustantiva entre la política de seguridad anterior y la actual, anteriormente actuaban por operativos, por objetivos prioritarios, los operativos siempre con nombres rimbombantes: Operación Escudo, Titán, Apolo. Llegaban, resolvían efectivamente, atemperaban un poco las cosas por el efecto de contención que tiene la presencia de la fuerza pública, pero a los quince días se retiraban porque explotaba un conflicto en otro lado y nuevamente renacía la criminalidad en esa zona, objeto de ese operativo especial” refirió Durazo Montaño.
“Ahora, las fuerzas que asignan se van a un despliegue territorial permanente, las fuerzas que llegaron a Tijuana llegaron para quedarse, no las vamos a mover de ahí”.
— ¿Cuándo alcanzarán los otros ayuntamientos de BC esos despliegues territoriales?
“Definimos el país en 266 regiones, como no tenemos en este momento los elementos, el recurso humano suficiente para cubrir 266 regiones, este año vamos a trabajar sólo en 150, estas 150 incluyen a las 266; es decir, se amplió el espacio territorial de 150 regiones para cubrir lo que antes correspondía a las 266, adicionalmente, dentro de las 150 regiones viene una clasificación de regiones prioritarias, y a esas 21 regiones prioritarias estamos dedicando la atención.
“En términos de despliegue territorial, no significa que son las únicas regiones con incidencia delictiva alta que hay en el país; significa que en este momento no tenemos
Policía Federal, acciones y resultados
* La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal ha incrementado en un 600% sus acciones de vigilancia y supervisión a elementos e instalaciones, lo que ha representado 447 observaciones disciplinarias.
* Se han iniciado 1,026 expedientes de investigación contra elementos de Policía Federal por conductas que van desde leves hasta muy graves.
* Se solicitó el inicio de procedimiento sancionador ante el Consejo Federal contra 166 elementos de la Policía Federal.
* La Unidad de Asuntos Internos puso ante la autoridad competente -tanto por hechos flagrantes como en colaboración con autoridades ministeriales- a 11 elementos Policía Federal buscados por delitos como desaparición forzada, secuestro agravado y abuso de autoridad. Mientras que en los últimos 11 meses de la administración anterior (enero-noviembre 2018) sólo se pusieron a disposición a 6 elementos, en estos primeros meses del nuevo gobierno se logró presentar a 11 integrantes.
* La Unidad de Asuntos Internos -luego de detectar posibles conductas graves de elementos de Policía Federal- solicitó a diversas Divisiones de Policía Federal:
7 medidas precautorias contra igual número de elementos:
* 2 por el caso del periodista chileno en Playa del Carmen.
* 1 por probable colaboración de contrabando de valores en el AICM.
* 4 por allanamiento en Puebla junto con militares.
2 suspensiones:
* Elemento presumiblemente vinculado al cártel de Santa Rosa de Lima.
* Elemento nombrado como supervisión de Puertos y Aeropuertos por supuestos vínculos con el crimen organizado.
la capacidad de recursos humanos para cubrir otras regiones que tienen un incidencia muy similar a las que hoy hemos calificado como especiales. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar al resto de las regiones de BC? Estamos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, en todo sentido: legislativo, presupuestal, administrativo.
“Estamos muy avanzados, estamos ya en etapa de reclutamiento y tenemos ya todo listo para un programa de reclutamiento y capacitación de 21 mil 170 nuevos elementos, que irán saliendo entre tres y cinco meses de capacitación, dependiendo de su currículum académico, y este personal lo iremos desplegando en esas regiones que también merecen el calificativo de especiales, pero que no hemos cubierto por estas limitaciones que les he expresado. Así es que, de aquí a fin de año, esperamos cubrir no sólo las cuatro o cinco regiones de BC, sino cubrir cincuenta regiones especiales adicionales en el país”.
— ¿Echarán mano de las policías locales, como la Estatal Preventiva? O estamos hablando exclusivamente de personal de instituciones federales…
“Estamos hablando de sumar todas las fuerzas policiales bajo un mando operativo único, es decir, no se desplaza a las fuerzas de seguridad estatales ni municipales, pero si para lograr una coordinación óptima y eficaz, las subordinamos en un Mando Único en todas aquellas decisiones que tomen las mesas estatales o regionales de seguridad, en todo lo demás siguen siendo y actúan como les corresponda, sin subordinación a este mando operativo federal.
“Sí debo decir que esa es la regla, pero también que hay muchas excepciones en virtud de que hay, en las policías municipales en general en el país, particularmente de los municipios más pequeños que han sido infiltradas por el crimen organizado y consecuentemente, más que ayudar, estorban. Así que en el caso específico de Tijuana seremos, como en todos lados, cuidadosos a la hora de integrar cuerpos de seguridad, de tal manera que vengan comprometidos con la causa que combatimos”.
— ¿Quién va a tener el Mando Único?
“En el caso de BC, de Tijuana, Corresponde al comandante de la Zona Militar”.
— ¿Tiene alguna afectación en estas mesas el hecho de que ni el gobernador, los alcaldes, ni el secretario de seguridad o la procuradora asistan?
“No, no, sí asisten”.
— Asistieron a la que Usted fue, pero no asisten en general…
“Tenemos un registro, un inventario de todas y cada una de las reuniones, y en todas ellas asiste o ha asistido, invariablemente, el gobernador o su representante”.
Muchas gracias.
