Durante la suspensión temporal, María del Rosario Plascencia Ibarra será investigada por su participación en una adjudicación irregular que el Infonavit realizó en el estado de más de 5 mil casas
El 25 de marzo, el Consejo de la Judicatura de Baja California suspendió a María del Rosario Plascencia Ibarra, jueza Quinto de lo Civil, luego de que la Comisión de Vigilancia y Disciplina iniciara una indagatoria-queja el 27 de febrero por irregularidades en el expediente 608/2014 que permitieron al Infonavit adjudicarse 5 mil 204 viviendas en Baja California.
Así lo informó, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, quien precisó que el pleno tomó la decisión de suspender por tres meses a Plascencia Ibarra, con el fin de que en ese lapso se avance en la investigación que determine su responsabilidad y si se hace acreedora a una sanción.
“De momento, la servidora pública está suspendida y al final veremos si tiene responsabilidad o no”, subrayó el magistrado, quien dijo que “probablemente en tres meses conoceremos el resultado de la investigación, pero dependerá del desahogo probatorio”, por lo que no precisó una fecha en la que la indagatoria pueda concluir, mas sí dijo que en caso de que se exceda de los tres meses, podría ampliarse la suspensión de la juzgadora.
El también presidente del Consejo de la Judicatura del Estado abundó que se tomó la decisión de suspender a Plascencia Ibarra luego de que se le notificó la ratificación de la queja, una vez que los secretarios de acuerdos y actuarios comparecieron ante la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura.
En esa comparecencia, celebrada el 20 de marzo, una secretaria de acuerdos señaló que únicamente participó en el caso con el auto inicial, en el que se rechazó la demanda de juicio especial hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Mientras que otra firmó los demás acuerdados dictados por Plascencia Ibarra.
Con lo manifestado tanto por las secretarias de acuerdo como por los actuarios, el Consejo de la Judicatura analizará qué acciones hicieron dentro del ámbito de su responsabilidad y si incurrieron en alguna falta, para proceder de forma similar a como se ha hecho con la jueza, detalló Ortiz Morales.
Entre las anomalías que se han observado se encuentra la admisión del proceso de jurisdicción voluntaria, con el que se le negó la oportunidad de defenderse a los dueños de las viviendas que se adjudicaron, a pesar de que previamente el Infonavit había presentado el juicio especial hipotecario; demanda que fue rechazada por la misma Plascencia Ibarra y su secretaria de acuerdos, Yobana Meléndrez Meléndrez, al no contener anexadas las 5 mil 204 escrituras, con igual número de certificados de libertad de gravámenes.
Otra irregularidad es que la adjudicación a favor del Infonavit se efectuó con escrituras dictadas en la Notaría 2, de Texcoco, Estado de México, aun cuando eran viviendas ubicadas en Baja California, sin que la juzgadora notificara sobre ello, pese a que conoció de ésta por algunas de las demandas de amparo de propietarios que intentaron revertir la decisión que los despojó de su vivienda.
Además de dar por válido la Resolución Definitiva de Rescisión del Instituto, con la cláusula “Pacto Comisorio Expreso” con la que el Infonavit rescindió de forma unilateral los contratos, sin que el documento mostrara fecha, ni el nombre de los funcionarios que lo signaron.
Cuestionado sobre cuántos expedientes más presentan irregularidades similares, Ortiz Morales manifestó: “de momento es el único”.
En la visita a Tijuana que hizo Mario Macías Robles, director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit el 22 marzo, el funcionario federal dijo que el Instituto está investigando el actuar de despachos de cobranza en las adjudicaciones indebidas hechas por la institución, pero negó que se esté investigando a algún funcionario de la administración federal pasada o la actual.
Aseguró que el Infonavit ha suspendido las subastas de casas adjudicadas hasta que no se modifique el modelo de cobranza y se concluya la revisión de los despachos de cobranza, de modo que se deje a un lado el incentivo de quitar casas por encontrar una solución para que el trabajador se quede con la vivienda y pueda seguir pagándola.
“El Infonavit no es una institución pública, tiene la obligación de recuperar las casas para poder fondear a todos los que subsidia”, con el recurso de quienes no están ejerciendo su crédito y que son cerca de 67 millones de trabajadores.
A pregunta expresa de ZETA sobre las empresas que hicieron anomalías en los procesos de adjudicación de vivienda, Macías Robles dijo: “Prefiero no contestar porque es parte del sigilo de la investigación que está haciendo la Fiscalía General; sí lo está haciendo, se lo aseguro”.
Respecto a la colaboración que ha tenido el Consejo de la Judicatura Federal con la indagatoria que efectúa el Infonavit, Ortiz Morales dijo que hasta el momento no ha habido un acercamiento, pero que más adelante habría un intercambio de información institucional.
Finalmente, el magistrado comentó que la Comisión Especial del Congreso de Baja California creada para indagar la adjudicación indebida del Infonavit del expediente 608/2014 sólo le pidió información respecto a cómo está actuando el Consejo de la Judicatura: “De momento nosotros no vamos a intervenir” en la indagatoria del Poder Legislativo, concluyó.
