En 12 años -de diciembre de 2006 a diciembre de 2018- el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4 mil 495 enfrentamientos con civiles. En la mayoría de los casos, los militares dijeron que combatieron a integrantes del crimen organizado, según recordó el diario español El País, que pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) datos sobre los informes que elaboran sus elementos.
Los diferentes manuales y directivas castrenses obligan a los militares a elaborar informes sobre estos enfrentamientos, información que sirve a las fiscalías para las pesquisas sobre homicidios y otros delitos. Sin embargo, la Sedena dijo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen.
Los 12 años corresponden a las presidencias de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. “En ese tiempo, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país. Ningún otra corporación participó en más enfrentamientos en aquellos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la secretaría de Marina, con 397”, subrayó el rotativo español.
“A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Gobierno de Morena. Se sigue ocupando de la seguridad pública en detrimento de cuerpos civiles como la Policía Federal, condenada a desaparecer en favor de la polémica Guardia Nacional. De hecho, será la Sedena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a cargo de patrullar las calles.”, abundó El País.
“Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército. Es el caso de los informes de los enfrentamientos, que contienen datos clave sobre la violencia que ha sufrido México. Eso en caso de que existan.”, recalcó el rotativo extranjero.
Hasta abril del 2014, la Sedena proporcionó cifras de víctimas mortales, heridos y detenidos en enfrentamientos. Pero a partir de entonces dejó de hacerlo, según lo recordó El País.
Ante las peticiones de información, la respuesta que comenzó a dar la institución es que no contaba con los datos porque no tenía la obligación de recopilarlos. Esta obligación, decían las respuestas, recae en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía.
“Desde entonces y hasta diciembre de 2018, cuando finalizó el Gobierno de Peña Nieto, la secretaría de la Defensa había recibido al menos 11 peticiones en este sentido. Todas fueron negadas bajo el mismo argumento. Uno de los casos sigue su proceso y la Secretaría, que se negó a entregar los datos en primera instancia, ha sido obligada a entregarlos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información antes del 11 de abril”, indicó El País.
