Evidentemente el adinerado empresario y candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, cree que las palabras valen más que los hechos. Rodeado de ex priistas, muchos de ellos sus amigos -varios con antecedentes públicos de deshonestidad-, lanza discursos de combate a la corrupción, promete un gobierno austero y se presenta como “la cara del cambio”.
En sus propuestas, con la premisa que pugna por “un gobierno del pueblo”, se compromete a gobernar para todos sin importar ideologías políticas, pero como candidato se niega a debatir con sus competidores de otros partidos.
En las elecciones del 1 de julio de 2018, Baja California quedó ubicada entre los diez estados en los que más votos a favor logró Morena, partido encabezado por el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Se llevaron el 63.88 por ciento de los sufragios y todas las candidaturas que estaban en juego, de hecho hubo distritos electorales donde alcanzaron hasta el 70% de los votos. En fechas recientes, previo a la contienda del 2 de junio, las encuestas de opinión realizadas contemplando solo partidos, de nuevo dieron el triunfo anticipado a Morena, más del 50% de las preferencias electorales sin importar quienes fueran los candidatos.
Ya con nombres, la intención del voto se expuso en un 45% para los morenistas, muy por encima del resto. Y Bonilla asegura que van 60 puntos arriba.
Al parecer tales estadísticas dan al candidato a gobernador la soberbia de la que ni siquiera el verdadero motivador de esos votos, Andrés Manuel López Obrador, fue capaz: la de negarse a asistir al primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE).
En la pasada elección, cuando contendió para senador, Bonilla también se negó a asistir, pero cubrió la falta al debate con la asistencia de su compañera de fórmula, la hoy senadora Alejandra León. Ojo, el resto de los candidatos de Morena a las alcaldías y diputaciones ya confirmaron que asistirán a todos los debates.
Pero con una jactancia basada en méritos ajenos, Jaime Bonilla ha declarado abiertamente que no le ve sentido a los debates y ha calificado a sus contrincantes políticos de “incoloros, insaboros e inodoros”, como sea que el Lector lo quiera interpretar. El hecho es que el candidato de Morena simplemente ya se vio tomando posesión el 1 de noviembre y no le importa la opinión de las minorías, a menos que se alíen con él.
Mientras aseguraba que prefería hacer campaña en calles que asistir a los debates organizados por el IEE, don Jaime decidía dejar por algunas horas la calle que tanto dice amar, para presentarse en Mexicali a una reunión de priistas cupulares, líderes de agrupaciones fundadas al amparo del partido tricolor en la Capital del Estado, en Ensenada y Tecate. Algunos ex funcionarios que convenientemente decidieron unírsele, más allá de fidelidades o ideologías.
Entonces está claro que Bonilla no tiene problemas con los militantes de otros partidos, solo con sus opositores políticos. A lo que no está dispuesto es a confrontar y responder a los señalamientos que obviamente estos le harán, con y sin sustento.
Como los de Jaime Martínez Veloz (PRD), quien lo denunció de inelegible, por ser ciudadano estadounidense, funcionario de Estados Unidos de 2002 a 2012 y cómplice del actual gobernador Francisco Vega de Lamadrid en el controvertido proyecto de la desalinizadora de Rosarito; o lo señalamientos del PAN, donde lo acusan de usar la imagen de AMLO para promocionarse; Ignacio Anaya (PBC) le imputa no cumplir con el cargo de senador para el que fue electo, e incumplir como súper delegado al no lograr que llegara el dinero completo para el pago de maestros, tratamientos de cáncer y otros medicamentos (decisiones del Gobierno Federal); Héctor Osuna Jaime (Movimiento Ciudadano) asegura que Bonilla Valdez “compró voluntades” tras ser sorprendido entregando dinero a una vendedora ambulante en un acto de campaña; y Enrique Acosta Fregoso (PRI) lo culpa de manipular al Tribunal Estatal Electoral para lograr que se modifique la Ley, y ser gobernador por cinco años en lugar de dos, como quedó estipulado desde la reforma de 2014.
Los hechos también evidencian que el candidato puntero considera estar por encima de los consejeros electorales, muestra su menosprecio por la autoridad del IEE, por la Ley Electoral y desdén por el derecho que esta legislación da a los ciudadanos: de escucharlo debatir sus ideas frente a sus competidores políticos, para compararlos.
Así que en un Estado en el que 8 de cada 10 ciudadanos ha manifestado sentirse inseguro y se vive una crisis latente en el tema de migración, el de Morena decidió que a pesar de su gran ventaja en las preferencias, con tal de evadir a sus detractores, no tiene necesidad de aprovechar el foro para exponer sus propuestas sobre seguridad y migración, que serán los temas del primer debate.
Y como dice que ya la tiene ganada, también cree que no tiene necesidad de explicar con más detalles qué hay detrás, en qué consisten y cuál es la factibilidad real de sus propuestas para desaparecer la Policía Estatal Preventiva, de crear clínicas contra las adicciones, establecer denuncias penales a través de internet; crear un consejo de seguridad pública intermunicipal, una guardia comunitaria y un centro estatal de inteligencia; así como aumentar la penalidad a los delitos de secuestro, tortura policial, corrupción de funcionarios públicos, abuso sexual a menores y mujeres, feminicidios y trata de personas.
Si Bonilla considera que el formato del debate es “inservible y soso” como se ha manejado en algunas columnas, su partido podría enviar una propuesta para reformarlo, pero mientras la presente Ley persiste, está obligado a respetarla. Mal empieza si como candidato, no tiene empacho en violentar e interpretar la Ley para tratar de manipularla a su conveniencia, porque habla de lo que se puede esperar de él cuando tenga el Poder Ejecutivo del Estado.
A los bajacalifornianos tampoco les parece que los partidos impongan candidatos sin merecimientos, pero igual los ciudadanos comprometidos -entre 30 y 50% del padrón- cumplen con el derecho y obligación de votar.
Por lo pronto en el IEE, la Comisión de Debates ya dio vista a la Comisión de Quejas para definir si lo sancionan de acuerdo a los Lineamientos Generales aprobados el 29 de marzo en el Considerando V, el cual especifica: “… es obligación de las y los candidatos a los cargos de elección popular participar en los debates públicos que organice el IEE…”. De no hacerlo, establece como sanción desde una amonestación pública, hasta una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (84.49), que sería de 84 mil 490 pesos, cifra que evidentemente el acaudalado empresario puede pagar sin problema, e igual podría apelar.
El Instituto Estatal Electoral ya avisó que mantendrá la puerta abierta por si el candidato decide cambiar de opinión, respetar la Ley, los lineamientos y el derecho de los bajacalifornianos de verlo debatir sus ideas, responder a lo que él llama falsas acusaciones y funcionar bajo presión.
