Desde hace más de ocho meses, grupos de supuestos activistas se han encargado de tomar las diversas casetas de peaje carretero de Baja California con la intención de recabar fondos para ayudar a las personas más desprotegidas. Sin embargo, han visto en ello un negocio redondo y lucrativo, dominado por el grupo “Tijuana se Defiende”, quienes llegan a recabar hasta 90 mil pesos en un solo día a beneficio de quienes lo lideran. Capufe ha denunciado en diversas ocasiones ante la FGR y sectores empresariales han hecho lo mismo, derivado de las afectaciones que esto genera. Al momento no hay una carpeta de investigación concreta. Quienes toman a diario las casetas, lo hacen ante la complacencia de policías federales y militares ahí presentes
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Interferir o alterar las vías de comunicación es un delito federal que se califica como un ataque directo, y la pena corporal puede ir desde 15 días hasta 30 años de prisión, de acuerdo al Código penal Federal.
Sin embargo, desde hace ocho meses, a la vista y con la complacencia de elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, grupos de supuestos activistas en pro de los derechos de los ancianos, tienen tomadas las casetas de peaje en las carreteras de Baja California.
Ninguna autoridad los detiene al interferir en las vías de comunicación, donde además de impedir que el estado mexicano en unos casos, y en empresas privadas en otros, cobren el peaje para el mantenimiento de las carreteras y el seguro de los automovilistas, sorprenden a quienes cruzan las casetas pidiéndoles dinero “por no pagar la cuota fija”, con la justificación que lo “recaudado” se invertirá en beneficio de la población de la tercera edad.
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La realidad es que la toma de casetas de peaje al amparo del Gobierno Federal, cuyas autoridades no frenan el ilícito, ha generado millones de pesos a estos grupos. Lucrar con las casetas se ha convertido en un negocio para particulares, toda vez que agentes federales y militares ni siquiera intentan retirarlos del lugar, por instrucciones de “respetar los derechos humanos de las personas”, aun cuando están cometiendo un delito que causa pérdidas al gobierno y estafa a quienes transitan por esas vías.
El negocio es jugoso, entre 70 mil y 90 mil pesos se recolectan diariamente estos grupos de supuestos activistas que desde hace más de ocho meses tienen tomadas algunas de las casetas de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali (a excepción de las estatales), con el argumento de “recaudar” fondos a partir del libre tránsito de los automovilistas, para beneficiar a adultos mayores y mujeres solteras.
En casos especiales o fechas festivas -como la pasada Semana Santa-, llegan a recaudar hasta 130 mil pesos principalmente del flujo y el tránsito de visitantes extranjeros o connacionales, quienes suelen dar “cuotas” en dólares con la idea de estar contribuyendo con la causa.
Foto: Tomada de Facebook Tijuana se Defiende.- La señora Selene Dávalos, al centro, dirigente del grupo “Tijuana se Defiende”. Se le buscó durante días para tener su versión pero no se logró contactar.
Cuatro grupos de supuestos activistas y ciudadanos, suelen pedir su respectiva cooperación prácticamente todos los días de la semana, durante jornadas de ocho horas cada uno de ellos, pero uno solo, denominado “Tijuana se Defiende”, liderado por la señora Selene Dávalos. Es el que tiene el dominio de todo el territorio, principalmente en la caseta Tijuana-Ensenada, en la entrada a Playas de Tijuana.
Este grupo ha encontrado en la recaudación de cuotas “voluntarias” su modus vivendi y de enriquecimiento ilícito, como lo hicieron saber a ZETA algunos ex beneficiarios de este grupo y personas que se dedicaban a contabilizar el dinero.
En su momento, la señora Dávalos desplazó a la persona que encabezaba el movimiento, el señor Miguel Mendoza, posteriormente a los adultos mayores y estos fueron relegados por jóvenes que rondan entre los 17 y 35 años, quienes cumplen la función de “defender la plaza, de choque para mantener el dominio y que la señora Selene sienta toda su protección y respaldo”.
Así lo informó Jorge Canales, llamado así por seguridad, quien durante más de cuatro meses estuvo participando en el movimiento.
De lo recaudado, la señora paga mil 200 pesos a cada persona por cada jornada de ocho horas, los días viernes, sábado y domingo, los de más tránsito vehicular; ya no son voluntarios, son personas que reciben “un sueldo fijo” a cambio de recaudar dinero para ella, quien “a final de cuentas se queda con el sobrante y de ahí no se sabe más”.
Destina de 500 a 800 pesos a personas necesitadas –alrededor de 12-, a quienes sigue conservando en el movimiento para “disfrazar” su “negocio”; el resto se lo queda ella.
Además del enriquecimiento ilícito y la tergiversación de los fondos recaudados, la toma de casetas supone una afectación al desarrollo natural del trabajo en las mismas, y una afectación directa en el mantenimiento de las instalaciones y las propias autopistas, razón por la cual representantes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) han interpuesto alrededor de 400 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero ninguna ha procedido en una investigación completa.
Empresarios y comerciantes sobre todo de la región de Ensenada que se han visto afectados directamente por esta situación, recientemente interpusieron la denuncia 1591/2019 ante la FGR; por su parte, el Cabildo municipal del puerto presentará un exhorto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en la situación.
“AYUDAR A LOS VIEJITOS”
Con el propósito de recaudar fondos para los adultos mayores, debido a los apoyos que les había retirado el Gobierno del Estado, el señor Miguel Mendoza Álvarez conformó un grupo de personas, todos de la tercera edad, al que denominó “Tijuana se Levanta”. Entre agosto y septiembre de 2018 comenzaron a tomar la caseta Tijuana-Ensenada para pedir cooperación a los automovilistas.
Por cada día de recaudación, el señor pagaba entre 500 y 600 pesos a cada uno de los ancianos que durante ocho horas se ponían a recolectar en esa caseta, donde comenzaron a realizar dicha actividad solamente los viernes, sábados y domingos, cuando más afluencia de vehículos transita con rumbo al puerto.
Conforme fue pasando el tiempo, las cantidades de dinero fueron acrecentando y la actividad que en su momento era “sin fines de lucro”, comenzó a ser totalmente retroactiva para su dirigente y personas que le acompañaban en la encomienda, lo que generó una fractura al interior del grupo.
Entonces la señora Selene Dávalos formó “Tijuana se Defiende” a mediados de noviembre, y junto con su gente, la mayoría jóvenes que reclutó de centros de rehabilitación, comenzó a desplazar al señor Mendoza y a los ancianos que seguían con él obteniendo su beneficio.
Esta situación provocó que meses después, en marzo de 2019, se diera una confrontación entre grupos, en la que tuvo que intervenir el Ejército, cuando el señor Mendoza quiso retomar el terreno y el control del “negocio” que en su momento le dejaba grandes ganancias y ahora está en manos y poder de la señora Dávalos.
Para no conflictuar más la situación, los que antes eran inseparables llegaron a un acuerdo y desde entonces el grupo del señor Mendoza controla la caseta los fines de semana en horario de 6:00 am a 2:00 pm; el grupo de la señora Dávalos lo hace 2:00 a 10:00 pm, así cada quien obtiene sus recursos de la forma en que cada uno “trabaje” para ello.
Debido a la injerencia que han mostrado otros grupos, el procedimiento que tienen es que todas las noches, a partir de las diez, montan guardia para que nadie más llegue a apoderarse, de ahí que hayan formado “grupos de choque” con jóvenes de entre 16 y 35 años, para mantener su poder.
Con el pretexto de que estos enfrentamientos ponían en riesgo a los adultos mayores, estos fueron desplazados al grado que ya muchos de ellos no pertenecen a ninguno de los grupos y solamente unos cuantos lo siguen haciendo para “disfrazar” la supuesta actividad “sin lucro”, como lo hicieron saber algunos de los autollamados “voluntarios”.
Estas personas reciben por cada día sus mil 200 pesos, que en tres días de recolección se traducen en 3 mil 600 pesos, sueldo que les resulta “bastante atractivo” y por el cual han puesto gran parte de su tiempo, aunque muchos no sepan siquiera adónde va todo el sobrante recaudado o estén incluso enterados que va para la señora Dávalos.
Trabajo que no solamente realizan en la caseta antes mencionada, también en la salida a Tecate, Rosarito y San Miguel.
LOS OTROS GRUPOS
Con otros fines y propósitos planteados, y aprovechándose del vacío de poder y la necesidad de algunas personas, varios grupos han sobresalido por tomar de forma esporádica alguna de las casetas antes mencionadas.
Uno de estos es “Resistencia Civil Pacífica”, liderado por el señor Moisés Ramírez Izquierdo, quienes se dedican a tomar las casetas en reiteradas veces por las madrugadas y las mañanas, bajo el argumento del libre tránsito, respaldándose en el Artículo 11 constitucional que así lo señala.
Este grupo también se caracterizó por sus constantes protestas en contra del alza a los impuestos de los combustibles y las gasolinas, impulsado por el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Otro de los grupos es “Mujeres en Protesta”, coordinado por María Ceballos y Selene Rodríguez, con alrededor de quince integrantes que suelen tomar las casetas los días lunes bajo el argumento de ser madres solteras o sin trabajo, y ante el encarecimiento de los productos básicos, entre otras cosas.
A este grupo, incluso entre las personas que se dedican a recaudar, se les conoce como “las huachicoleras”, por su “fama” de obtener y allegarse de recursos de esta forma sin “trabajar”, de acuerdo con versiones de los entrevistados.
“Resistencia Baja California” es otro de los grupos, liderado por la señora Norma Alicia Fernández, quienes han realizado esta actividad desde que denunciaron que el Ayuntamiento había vendido un predio que usaban como cancha de futbol en el fraccionamiento Las Delicias, en la Zona Este de Tijuana.
Un grupo que también ha sido constante en este tipo de actividades , es el conformado por la senadora Alejandra León, bajo el argumento de brindar el libre tránsito a las personas y el no cobro en las casetas de peaje; sin embargo, también han sido señalados de realizar esta actividad con fines de lucro.
A propósito, este grupo se encarga de liberar principalmente la caseta de Otay, salida a Tecate, y el domingo 21 de abril tuvieron un ligero encontronazo con civiles que se molestaron por la petición “voluntaria”, a sabiendas que detrás de ellos está la senadora.
DENUNCIAS Y AFECTACIONES
De acuerdo con autoridades de Capufe, alrededor de 4.5 millones de pesos se pierden diariamente en todo el país por la toma de casetas; cantidad aún no estipulada en lo que refiere directamente a Tijuana (o Baja California).
Considerando el ingreso por peajes, el daño colateral al que aluden es el que se le da al personal que ahí labora y a las propias instalaciones, las cuales se han ido deteriorando a lo largo de ocho meses que lleva la toma de casetas en la ciudad.
Por estos motivos, Capufe ha realizado alrededor de 400 denuncias por diversas razones y ante distintas instancias como la FGR, sin embargo, al cierre de esta edición no se confirmó si alguna de estas ha iniciado carpeta de investigación. Lo que sí se informó es que independientemente que las casetas estén tomadas, el seguro de vida en carretera se hace válido, por lo que se sigue resguardando la seguridad de las personas.
Negocio redondo a nivel nacional ante ausencia de autoridad
De acuerdo con personal de Caminos y Puentes Federales, en todo el país diariamente son tomadas de tres a cuatro casetas, lo que representa una pérdida aproximada a 5.4 millones de pesos y anualmente alcanza los mil 400 millones de pesos, según lo compartido en días recientes por Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República para contrarrestar esta problemática, mientras tanto, la toma de casetas continúa con total impunidad por todo el territorio nacional.
Autopistas y casetas como México-Cuernavaca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Toluca, han sido tomadas por alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, trabajadores de la Universidad Autónoma de México (UAM Azcapotzalco), trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros.
La autopista Durango-Mazatlán ha estado tomada por más de un año por pobladores y ejidatarios de la región, debido a la inconformidad por una deuda de indemnización de los terrenos en que fue construida la carretera.
En Cuernavaca, la caseta ha sido tomada constantemente por miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, quienes piden cuotas “voluntarias” de 50 pesos a cada automovilista.
Grupos de motociclistas también lo hacen bajo el pretexto de manifestarse en contra de la llamada “Ley Chaleco”, que consiste en obligar a los motociclistas y su acompañante a portar chaleco y casco, en el que esté visible el número de placa del vehículo -según las autoridades- para reducir la incidencia criminal y los “moto-sicarios”.
En Chilpancingo, Guerrero, las casetas Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos, han sido tomadas de manera frecuente por madres de niños internados en una estancia infantil para solventar los gastos.
Sonora es otro de los estados que ha estado padeciendo la toma de casetas, como las de Guaymas, Hermosillo y Magdalena de Kino, controladas por un grupo de personas que se hacen llamar “No al Gasolinazo”; llevan más de seis meses y dicen recaudar alrededor de 7 mil pesos diarios.
Sobre los hechos, personal de Capufe compartió con ZETA que cada vez que se realiza una toma de caseta ellos realizan la queja o denuncia correspondiente (por ello tal cantidad), se hace el resguardo de personal y valores, posteriormente se da aviso a la Policía Federal para que actúen bajo la correspondencia que les otorga la Ley.
En una atención a medios de comunicación, Juan Carlos Morán, comisario de la Policía Federal en Tijuana, declaró que desde hace mes y medio, diariamente ellos reciben alrededor de cuatro denuncias relacionadas con la toma de casetas, las cuales atienden por el riesgo que representa para los usuarios de las autopistas.
Estas son presentadas ante el fuero común del fuero federal, y solamente esperan que se inicie con las investigaciones correspondientes.
Por su parte, Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, expuso a este Semanario que el sábado 20 de abril interpusieron la denuncia 1591/2019 ante la FGR, derivado de las afectaciones que han tenido tanto el turismo como los comerciantes con esta situación.
Lo que les preocupa es que baje la afluencia de visitantes y a la larga, la autopista termine dañándose por falta de mantenimiento, lo cual convierte a la Carretera Escénica en “una vía vulnerable” para los automovilistas.
CABILDO DE ENSENADA PRESENTARÁ EXHORTO
El Cabildo de Ensenada enviará un exhorto al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que actúe en la toma de casetas de peaje, como es el caso de San Miguel.
El regidor Jorge Camargo Villa presentó la propuesta el martes 23 de abril en sesión de Cabildo, donde todos los ediles aprobaron la petición para una urgente resolución, debido a las afectaciones y el acto de ilegalidad que representa.
A propósito, el abogado Beningno Licea González informó que el delito que representa esta situación es el de “ataques a las vías generales de comunicación y delitos que resulten” debido a que en su mayoría están concesionadas, lo cual en caso de investigación, no representa una prisión preventiva oficiosa, pero sí la privación de la libertad, considerando que si estos grupos actúan de manera bien coordinada, podrían incurrir en el delito de asociación delictuosa.
Para que ello proceda, una vez que se abra la carpeta de investigación correspondiente, desde Capufe deben presentar como prueba una inspección ocular, que consiste en que la FGR lleve a algunos de sus agentes a las casetas para observar el acto ilícito y detener en flagrancia a las personas.
