A prácticamente cinco meses de haber tomado protesta y evidentemente presionado por los terribles hechos de violencia e inseguridad que dejan, entre otros, a un menor de un año asesinado a balazos y a un bebé de un mes en la escena del crimen donde masacraron a su madre y a tía a balazos, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que en seis meses a partir de la fecha, mejoren las condiciones de seguridad en el país.
Dos días después de las palabras de López Obrador, la alcaldesa de Mixtla, Veracruz, Maricela Vallejo, fue asesinada, al igual que su esposo y un chofer, cuando se desplazaban en un vehículo por la zona montañosa de aquella ciudad. La ejecución de catorce personas, entre ellas el niño de un año de nacido, también ocurrió en Veracruz en plena Semana Santa.
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Pero las historias de terror de los últimos días no son las únicas, ni las que han llevado a AMLO a prometer mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos todos y en todo el territorio nacional. La realidad es que la violencia en México ha rebasado a las autoridades.
De acuerdo al Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2019 ha sido el más violento desde 1997. En enero, febrero y marzo del año en curso, criminales asesinaron a 8 mil 493 personas en el país. Tales cifras, producto de una entidad de gobierno y con origen en las secretarías de los estados y las cifras de la violencia que se registran en el día a día en México, seguramente están tras la decisión del Presidente de comprometerse públicamente a disminuir este problema y mejorar las condiciones de seguridad.
Sin embargo, el Ejecutivo federal no habló de un combate frontal a los asesinos, de la mejoría en la capacitación de los ministerios públicos y de ampliar y complementar las herramientas para la investigación científica a las policías, para poder investigar y procesar a los asesinos, a los narcotraficantes, a los criminales organizados.
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Lo que refirió el mandatario para los siguientes seis meses, y como sustento primordial de su estrategia para mejorar las condiciones de seguridad, es el avance y materialización de sus programas sociales y la consumación de la Guardia Nacional.
Reiteró el involucramiento de las Fuerzas Armadas en ese esfuerzo, al considerar que los 220 mil elementos que las conforman, se sumarían a los 60 mil agentes de la Guardia Nacional y a los que integran la aún Policía Federal. La realidad es que por más que los militares y marinos se coordinen con la Guardia Nacional, la Policía Federal y las estatales y municipales si quiere el Presidente, estas no tienen facultades en el ámbito del Ministerio Público, única entidad autorizada para judicializar los casos e investigaciones.
Lo que sí, como lo hicieron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y lo repiten ahora, las Fuerzas Armadas patrullan las ciudades para con su presencia disuadir a las personas de la comisión de delitos.
La apuesta real del Presidente que no quiere enfrentarse con el narcotráfico, los asesinos, los criminales organizados, es que con los programas sociales de su autoría, el apoyo a los jóvenes, a personas de la tercera edad, de capacidades diferentes, a las madres y los padres para el cuidado de sus hijos, y una vez establecida su seguridad social universal, es que los ciudadanos se alejen de la criminalidad y convivan en armonía. Que el apoyo gubernamental sea suficiente para la creación de oportunidades de desarrollo.
Eso, y claro, la Guardia Nacional que desaparece a la Policía Federal e iniciará como una entidad civil comandada por un consejo de tres representantes, uno del Ejército, otro de la Armada y uno más de la Secretaría de Protección Ciudadana.
En el mismo puerto de Veracruz, donde fueron asesinadas catorce personas, entre ellas el niño de un año y hace unos días la alcaldesa de Mixtla junto con su esposo y chofer, el Presidente de la República fijó el plazo de los seis meses. A pesar que reconoció que no será tan fácil disminuir los índices de la violencia, le apostó a sus programas sociales. Explicó: “En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho, considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero corrupción en los gobiernos”.
Por supuesto, se quejó de las condiciones en que dejaron el país los responsables del sexenio anterior. Lamentó lo sucedido en Minatitlán y reiteró su creencia: que con la Guardia Nacional y la activación de todos sus programas sociales, las condiciones de seguridad mejorarán.
No emitió palabra alguna respecto a combatir la impunidad, fortalecer al Ministerio Público, investigar para encarcelar a asesinos, traficantes y criminales organizados. Programas sociales y Guardia Nacional, y en seis meses, habrá mejoría.
Ojalá, porque desde que en febrero inició un plan de contención en 17 zonas prioritarias -Tijuana fue la primera ciudad en la que se activó-, la violencia no ha disminuido. Con 2 mil 802 asesinatos, febrero figura en el primer trimestre de 2019, como el mes más violento en los últimos 22 años.
